Hay un reclamo unánime en México desde hace décadas: reducir la inseguridad. Incluso desde antes de la llamada "guerra contra el narco", que disparó el número de homicidios en el país, la delincuencia ya era una de las principales preocupaciones de la población.
Se han intentado varios caminos, pero ninguno ha cumplido con las expectativas a largo plazo. Ha habido periodos de más calma, momentos de reducción, pero siempre vienen seguidos de picos de violencia.
Hay que decirlo: más allá de lo que la prensa publica, la mayor parte de los crímenes violentos del país no están directamente relacionados con el crimen organizado. Muchísimos de ellos tienen más que ver con violencia doméstica, comunitaria o incidental.
Pero lo que es un hecho es que hoy los mexicanos tienen un reclamo masivo: dennos seguridad. Queremos vivir tranquilamente. Es una demanda justa y válida, y en general pobremente atendida por las autoridades.
Sin embargo, es una demanda que es fácilmente aprovechable políticamente, y conlleva un riesgo enorme: una sociedad que prefiere perder derechos –Derechos Humanos– a cambio de una promesa de seguridad.
Eso ha pasado largamente en México: por seguridad, se integran las fuerzas armadas a la lucha contra el crimen; por defender a la sociedad, se recurre a espionaje, torturas y muchas otras prácticas que violentan los derechos humanos.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia –y la enorme legitimidad que le dieron las urnas–, la sociedad esperaba un giro en la estrategia, un enfoque en la prevención, en el combate a la desigualdad, en las raíces del problema.
Una polémica propuesta para la seguridad
Sin duda hay promesas en ese sentido. Pero en lo que hay hechos es en la institucionalización de la acción de los militares en la seguridad –con la creación de la guardia nacional– e, igual de grave, la reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar de 7 a 19 los delitos que merecen "prisión preventiva oficiosa".
¿Qué significa esto y por qué preocupa? Primero, hay que entender que la prisión preventiva oficiosa significa que, al ser acusado de un crimen dentro de esta lista, el acusado va automáticamente a prisión, sin derecho a fianza, hasta que se finalice su juicio.
Con la reforma judicial de 2008, se buscaba garantizar la presunción de inocencia, clave para garantizar un proceso justo. Esto es un derecho crucial, y solo puede suprimirse cuando se demuestra, con evidencias, que la persona es un peligro para la sociedad o un riesgo de fuga.
Por supuesto, la constante impunidad en los procesos judiciales ha debilitado este supuesto, pero lo que es real es que llenar las cárceles de presuntos delincuentes no tiene evidencia, en el mundo, de reducir la inseguridad.
Según una investigación de Nexos, del 5 de diciembre de 2018, en 14 estados se cumple la relación "a más imputados con prisión preventiva oficiosa, menos víctimas" o "entre menos imputados con prisión preventiva oficiosa, más víctimas". En el resto de los 17 estados, que son la mayoría, la relación es la contraria. Es decir, a más prisión preventiva oficiosa más víctimas, o a menos prisión preventiva oficiosa menos víctimas.
Esto implica que la prisión preventiva no es, por sí misma, una herramienta para prevenir la incidencia de delitos. Más aún, este tipo de política pública ha sido denunciada por las Naciones Unidas, ya que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU advirtió que esta figura podría fomentar las violaciones a los derechos humanos.
El Grupo rechazó la reforma por considerar que va contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Organizaciones de Derechos Humanos se sumaron, pero eso no detuvo que la propuesta del flamante presidente y sus senadores se impusiera, contando además con el apoyo de otros partidos.
Con 91 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, el Senado añadió al reglamento los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Todos estos delitos son condenables, pero no son equiparables. Dar prisión oficiosa por un feminicidio –ojo, que es solo la acusación– contra el uso de programas sociales con fines electorales, por ejemplo, demuestra que hay la posibilidad real de usar esta herramienta legal con fines políticos.
Para equilibrar la balanza, el Senado agregó una cláusula de que si en cinco años se ha reducido la incidencia, se podría regresar la ley a como estaba antes.
La promesa es débil y grave. Si no se logra, bien puede ser por falta de programas de prevención, por debilidad del sistema judicial –incluyendo su sobrecarga–, por problemas ajenos a la realidad nacional, o crisis locales.
Y si es así, bien podrán agregar otros 19 cargos. Y siempre será más fácil perder derechos que ganarlos. Eso nos ha demostrado la historia.
Por lo pronto, seguimos esperando reformas para fortalecer la prevención, la cultura de paz, la profesionalización del cuerpo investigativo. Todo eso está prometido.
Pero lo que ha avanzado, es la política pública del uso de la fuerza.