Comenzó finalmente en México el primer año de la llamada Cuarta Transformación, y lo hizo con un desafío fundamental: pacificar al país. Reducir los índices de violencia es una de las demandas más sentidas y profundas de la sociedad, y tener éxito en este tema será uno de los más importantes logros que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pueda llegar a presumir. Si su estrategia funciona.
Según voces críticas, sin embargo, el tamaño del desafío no se condice con lo que se ha visto hasta el momento en términos de propuesta y diseño. Aún se siente que, fuera de muchas buenas intenciones, no hay una verdadera hoja de ruta.
En 2019, hay cinco temas sobre los que debemos estar pendientes para poder ir evaluando qué tanto cambia el panorama de violencia de nuestro país.
En primer lugar: la Guardia Nacional. Sin haber siquiera empezado las audiencias para realizar una reforma constitucional que permita crear esta estructura de combate al crimen, el gobierno ya ha comenzado a publicitarla a fin de lograr reclutar a 50.000 elementos.
Es importante recordar que la Guardia Nacional ha sido criticada por diversos grupos sociales y ONG relevantes en esta materia, ya que elevaría a rango constitucional la militarización de las fuerzas de seguridad.
La militarización ya fracasó en México, y precisamente lo que emanó de los foros con la sociedad civil –y lo que se había prometido en campaña– era la importancia de sacar al Ejército de las calles. Algunos estudios (Espinosa, Valeria y Donald B. Rubin. 2015. "Did the military interventions in the Mexican drug war increase violence?", en The American Statistician, núm. 69, pp. 17–27) han sugerido que la intervención militar en la llamada guerra contra el narcotráfico ha incrementado –en algunos casos drásticamente– la violencia, además de las denuncias por violaciones a Derechos Humanos.
El segundo tema está relacionado con el primero: profesionalizar a la policía. No existe una propuesta para capacitar y mejorar las condiciones laborales de las policías, cuando gran parte de la estrategia debe ir vinculada hacia la prevención del delito y las violencias, y no sólo al combate del crimen organizado. Por el contrario, aunque se reculó, se había propuesto eliminar los seguros de gastos médicos de los propios policías, en detrimento de las condiciones laborales y de seguridad para los funcionarios encargados de ver por la seguridad del resto de las personas. La policía no sólo requiere fortalecimiento y mejorar sus condiciones de trabajo para capacitarse, mejorar y sentirse acompañada. Esto ayuda a desincentivar la corrupción y mejorar su vínculo tanto con la comunidad como con sus propios liderazgos.
En tercer lugar, está el tema de la educación. Es clave este punto. Sabemos ya bien, por experiencia, que el uso de la fuerza no es suficiente para reconstruir el tejido social y reducir el crimen. México tiene que comprometerse con la cultura de paz, desde la primera infancia. Cambiar los estereotipos de masculinidad, en particular la relación de los hombres con la violencia, fomentar la equidad de género y mejorar las habilidades de resolución de conflicto, son los caminos para una paz que dure generaciones.
Echar atrás la "mal llamada" Reforma Educativa, sin embargo, se concentró casi exclusivamente en el tema laboral docence: eliminar las evaluaciones y cambiar los incentivos. Esta fue una demanda de la CNTE, y una promesa de campaña.
Sin embargo, aún no conocemos si habrá una reconstrucción modernizada de la forma en que se enseña, ni se ha explicado cuál sería –si lo hay– el enfoque hacia la calidad educativa. La centralización en la producción de los libros de texto, por ejemplo, es un caso que demandará nuestra atención: los contenidos no deben desarrollarse para satisfacer la ideología de un gobierno de turno. El recorte de 13 % en el presupuesto para la adquisición de libros a empresas editoriales también generará una desigualdad aún más profunda entre la educación privada y la pública.
En cuarto lugar, la atención a la prevención del delito y la reinserción de quienes han estado encarcelados es absolutamente crucial para lograr reducir la violencia. Combatir la desigualdad es crucial, pero no podemos decir que hay crimen porque hay pobres: eso es criminalizar la pobreza y muestra una visión anticuada –a lo menos– de la forma en que se gesta la violencia en las comunidades.
Necesitaremos ver en 2019 un plan integral de prevención, vinculado al punto anterior –la educación– pero también al desarrollo comunitario, incrementar la confianza en las instituciones, elaborar planes específicos para distintos sectores. Las becas, empleos temporales o subsidios, por sí mismos, no resolverán el problema de los homicidios.
La reciente modificación del Artículo 19 de la Constitución, que aumenta el número de delitos que exigen prisión preventiva, es un paso en la dirección contraria. Habla de más castigo y menos prevención; de más penas y menos reinserción. Si bien una persona que es un peligro para la sociedad debe ser recluida, este tipo de medida atenta contra los Derechos Humanos. Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que "esta medida es contraria a los #DerechosHumanos y debe aplicarse de manera excepcional y como último recurso". Las Naciones Unidas también se declararon contra esta legislación.
Finalmente, el quinto punto que exigirá nuestra atención rigurosa es el desarme. El aumento de los homicidios dolosos está directamente vinculado con la presencia de armas en las comunidades. La medida más eficaz para reducir los homicidios en el corto plazo es un plan de desarme nacional, de amplio alcance, bien diseñado y financiado, para sacar las armas de circulación. Hay experiencias exitosas en otros países, como Australia y Reino Unido, que han hecho una diferencia abismal en la prevalencia de la violencia.
Pero nada se ha dicho sobre este tema. No hay propuesta, plan, ni parece contemplarse. Es urgente implementar una estrategia de desarme, si se desea tener éxito en la pacificación.
El 2019 será el año en que se podrá, o no, avanzar en estas áreas. De la sociedad vigilante y demandante dependerá que no haya retrocesos. Debemos asumir esa responsabilidad y no soltar ninguno de estos temas de la agenda social.