Desde crimen organizado hasta ciudadanos pobres: Una visión integral del robo de gasolina en México

La explosión en Tlahuelilpan, en Hidalgo, dejó al menos 91 víctimas fatales. Cuerpos carbonizados que nos mostraron el horror y el peligro del robo de combustible. Esta tragedia se da en la mitad de un esfuerzo del gobierno para combatir el llamado huachicoleo.

La estrategia ha afectado las actividades de miles de personas. Gasolineras sin servicio o colas infinitas se convirtieron durante días en una vista cotidiana en la Ciudad de México y semanas en al menos otras 10 entidades del país; en algunos casos ha sido dramático, como en Morelia: filas de 24 horas para llenar un tanque. La Confederación de Cámaras Industriales señaló que la industria nacional ha tenido pérdidas por 20.000 millones de pesos. No obstante, la aprobación del combate al huachicoleo ronda cifras superiores al 80% de la población, incluso en los estados donde hay desabasto.

Magda Coss, periodista, escritora y fundadora de la asociación civil 24-0 México.

Y es que los números del huachicoleo demuestran la urgencia de hacer algo al respecto: en tan solo 20 años, este delito llegó a ser el segundo más rentable para el crimen organizado después del narcotráfico. Según cifras de Pemex, en 2018 hubo pérdidas por casi 67.000 millones de pesos por el robo de combustible, un incremento de 115% en los últimos dos años. También de acuerdo con la paraestatal, en 1999 se tenían detectadas 189 tomas clandestinas; para 2018, habían aumentado a 12.581.

Si bien el robo de combustible no es un negocio ilícito nuevo, el impacto que ha tenido en los últimos años lo convirtió en una amenaza para la seguridad nacional. Las demandas contra empresas norteamericanas transnacionales, tales como Shell, que presentó Pemex en 2010 y 2012 porque habían comprado combustible robado a grupos criminales, sacó a la luz el vínculo entre este delito y los cárteles de la droga. Así, en las redes del huachicoleo también se mezclan los robos, asesinatos, secuestros, extorsiones y feminicidios.   

En el 2017, Guanajuato fue la entidad donde se contabilizaron más tomas clandestinas. En el 2018, la violencia se incrementó en 124%. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha afirmado que el 85% de los homicidios están vinculados con el huachicoleo. El año pasado, Puebla e Hidalgo fueron los estados con mayor presencia de huachicoleo y en el Triángulo Rojo –los 100 kilómetros en seis municipios de Puebla donde se lleva a cabo la mayor ordeña a los ductos de Pemex– los delitos de robo y homicidio aumentaron por los enfrentamientos por el control de la zona entre bandas locales con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y principalmente Los Zetas.

La drena de recursos y la violencia asociada al huachicol no podía seguir siendo ignorada, y a pesar de las compras de pánico y la indignación en redes sociales de algunos que intentan sembrar miedo, había que tener claro que el desmantelar las redes del crimen organizado tiene un costo y no puede ser un esfuerzo que sólo salga del gobierno.

El presidente ha ofrecido información todos los días sobre la reducción en el robo de combustible, sobre sabotajes y sobre presuntos investigados relacionados con este crimen: desde la aplicación de este plan, el 27 de diciembre de 2018, el promedio diario de robo a pipas (camiones cisterna) pasó de 787 a 177, lo cual significa que se evitó el robo de 2.500 millones de pesos. En mes y medio se detuvieron a 435 personas.

Magda Coss, periodista, escritora y fundadora de la asociación civil 24-0 México.

Sin embargo, esta estrategia que se centra en cerrar los ductos para evitar la ordeña ilegal tendría impacto solo en un 30% de los robos de combustible, de acuerdo con el think tank Heurisitc, ya que otras extracciones suceden directamente en las refinerías o en centros de distribución y un 15% a camiones cisterna. El resto se distribuye en robos a barcos y dispensadores alterados en gasolineras: los litros que no son litros.

Es importante notar que este delito tiene también un componente social: comunidades enteras han encontrado en esta actividad criminal un ingreso nunca visto. La "ordeña de ductos" puede generarle miles de pesos a personas que habían asumido la pobreza como su destino. De ahí, las grandes dificultades de atajar un delito, con el que algunos consideran que no perjudican a nadie, pero sí obtienen un beneficio. Estas personas a las que pueden detener sin que la estructura criminal se debilite, son el eslabón más débil en una cadena de corrupción y delincuencia que lleva, por supuesto, a las entrañas de Pemex. Sin embargo, la tragedia de Tlahuelilpan demostró que las tomas clandestinas ponen en riesgo a esas comunidades. Son irreparables las pérdidas tanto humanas como ecológicas y sociales, ya que además de las 91 víctimas y los tantos heridos, esas comunidades agrícolas se quedan sin medios de sustento por los suelos contaminados con hidrocarburos.

Una de las lecciones de la tragedia en Hidalgo es que es urgente una cultura de la seguridad y protocolos de protección civil para los pobladores de las localidades cercanas a los gasoductos y la conciencia de que el robo de combustibles –como bien advierten los nuevos spots del gobierno federal–  les puede costar la vida.

El gran reto es emprender una efectiva reducción del robo de combustible a largo plazo que cuente con una visión integral: desde el crimen organizado a la ciudadanía que compra irresponsablemente de manera ilegal porque sale más barato. Vigilar los ductos ayuda, pero no detiene a las mafias.

Magda Coss, periodista, escritora y fundadora de la asociación civil 24-0 México.

Acabar con el huachicoleo requiere un nuevo sistema de vigilancia a toda la estructura, combate a la corrupción, fiscalización de las gasolineras y, sobre todo, acabar con la impunidad. Es necesario que haya responsables y sentenciados de esta amplia red de complicidades entre funcionarios de Pemex, autoridades y delincuencia organizada, para que valga la pena el esfuerzo conjunto de toda la sociedad.

Pero, además, es indispensable comunicar mejor cuál es el impacto del problema criminal, cómo perjudica a hombres y mujeres y también cuáles son los beneficios para que la sociedad se sume ante esta urgencia de acabar con la violencia.

Hay que recordarle a los ciudadanos que detener el robo de combustibles puede en realidad significar un principio para debilitar la estructura del crimen organizado y salvar algunas vidas. Este puede ser el primer gran triunfo de la 4T. Estemos atentos.