La situación política en Colombia se macera hacia un cambio social hasta ahora inesperado y el debate sobre el ingreso de tropas de EE.UU. así lo confirma.
A las intensas protestas sociales de finales de 2019, que sorprendieron al mundo, se le está sumando un conjunto de decisiones de Estado que están cambiando, de a poco, el rostro institucional de Colombia.
La Colombia que nos acostumbramos ver durante el gobierno de Álvaro Uribe, en pleno conflicto armado interno, viene modificándose. Los sectores históricamente replegados o neutralizados son los que ahora están generando respuestas jurídicas y políticas, para bloquear los planes bélicos de la derecha radical en el poder.
Es allí cuando hay que valorar los pasos que han dado el Senado colombiano, el Consejo de Estado y el tribunal de Cundinamarca para frenar el unilateralismo con que el gobierno del presidente Iván Duque establece alianzas con las fuerzas armadas de EE.UU., al punto de aceptar tropas de ese país en su suelo, sin cumplir los requisitos constitucionales para llevar a cabo una operación de esa magnitud, que abre un escenario prebélico con su vecina Venezuela.
En los tiempos del expresidente Uribe, este tipo de relaciones con EE.UU. se hicieron constantes y aún no se sabe a ciencia cierta el impacto social que causó, no solo la actividad del ejército norteamericano en suelo colombiano, sino también el nivel de impunidad que les protegió.
Pero parece que las cosas comienzan a cambiar.
El 2 de junio, el tribunal de Cundinamarca acogió una tutela presentada por 25 senadores para dejar sin efecto la autorización del gobierno a tropas de EE.UU. para operar en el país.
Se trata de las Brigadas de seguridadde laFuerza de Asistencia (SFABs), una unidad de élite que ya se encuentra en territorio colombiano, especialmente en Tolemaida, la principal base militar, con un contingente de al menos unos 50 hombres que hacen "práctica de asistencia técnica" para combatir el narcotráfico. Otras fuentes sitúan en 800 el número de soldados que podría arribar.
Según los senadores que presentaron la tutela ante el tribunal, la razón de peso de este nuevo capítulo de intervención militar es la de utilizar el territorio colombiano para "provocar" al gobierno y al ejército venezolano, lo que pondría a Colombia en una situación fáctica de copartícipe en la presión que sobre Venezuela ejerce EE.UU., cuyo presidente ha considerado la carta de una invasión militar como una opción para intervenir el país caribeño.
Pero el tribunal de Cundinamarca no ha sido el único en frenar la autorización del gobierno de Duque.
El parlamentario Lidio García, quien acaba de dejar la presidencia del Senado, le había recordado a Duque que el permiso para el ingreso de tropas extranjeras debe pasar por la aprobación de esa corporación, según la propia Constitución, requisito que no se cumplió.
Según lo recogido por la revista Semana, García Turbay dijo: "Con todo respeto, presidente Iván Duque, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que permitir tránsito de tropas extranjeras en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República".
García Turbay es un político que viene del partido Liberal, pero a quien muchos consideran cercano al gobierno de Duque. En el pasado ha sido investigado por tener relaciones con grupos paramilitares. No obstante, ha sido diáfano en hacer la exigencia al gobierno sobre este tema en particular. Este reclamo del senador puede ser un signo de que las cosas están cambiando en Colombia.
De la misma forma, el Consejo de Estado -que en Colombia es el tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo- exigió a Duque dar explicaciones por el ingreso de tropas estadounidenses.
Posteriormente, el 14 de julio, el tribunal de Cundinamarca negó tutela interpuesta por los senadores Paloma Valencia, Carlos Felipe Mejía y José Obdulio Gaviria, que buscaba que el Senado no adelantará el debate por la presencia de los militares norteamericanos.
En definitiva, no hablamos de reductos del Estado que intentan resistir ante el avance contundente de la derecha radical, en su afán de profundizar su apego a EE.UU., sino de una institucionalidad que ha sabido plantarse y dar un debate nacional sobre el asunto, soportado sobre un nuevo imaginario político, nacido en su mayoría a partir de las protestas de finales de 2019.
El actual escenario solo puede comprenderse si se recuerdan las masivas protestas que bañaron Colombia a finales de 2019, cuando entre paros nacionales, movilizaciones de calle, saqueos y múltiples caceroladas, se vivieron las jornadas más significativas de la historia contemporánea.
El nivel de conflictividad política de esos días trasmutó la escenografía rural de la bucólica guerrilla, por una de calle y protesta urbana, más parecido al Chile actual que luce ingobernable para Piñera, que a los prolegómanos de la revolución cubana.
El estallido popular de finales de 2019 dejó a Colombia con la certeza que la movilización y la protesta pueden cambiar el país, sin necesidad de asistir a una salida armada y militar.
La firma del acuerdo de paz del Gobierno de Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, si bien dejó una estela de incumplimientos, persecuciones y asesinatos de líderes guerrilleros, también permitió que se desplazara el conflicto sociopolítico hacia los centros urbanos y la periferia del poder político.
El rechazo al ingreso de las fuerzas norteamericanas puede tener que ver con esto.
La izquierda colombiana ha sabido leer la nueva situación, acudiendo a las urnas y sacando buenos resultados electorales, incluidos lo de las regionales de 2019, donde el partido Centro Democrático, de Uribe y Duque, fue el principal perdedor.
Todo parece indicar que hay reacomodos institucionales frente a unas presidenciales que, en 2022, pueden terminar en un escenario posturibista.
Con esta nueva situación institucional y política, Colombia está dejando de ser la cabeza de playa preferida de EE.UU. en la región.
No es que no lo sea. De hecho, el permiso del gobierno de Duque a las tropas son un claro reflejo de que aún lo es. Pero el debate y las respuestas institucionales permiten ver que ya no es un territorio lo suficientemente estable como para permitirse la comodidad a la que estaban acostumbrados en tiempo de Uribe.
En la época de Uribe, la intromisión militar de EE.UU. en Colombia resultó clave para derrotar a las guerrillas, que aunque no están extinguidas, sí se encuentran sobreviviendo en un momento posbélico, paralelo al auge de bandas criminales y el aumento del narcotráfico, denunciado por el propio presidente Trump en abril de 2019.
Esta nueva situación es clave para la región, en momentos en que EE.UU. lanza una campaña agresiva contra Caracas, que ya no se presenta solo en forma de discurso y declaración, sino que ha pasado a utilizar componentes militares bajo la justificación de la lucha contra las drogas, que aunque no se producen en territorio venezolano, han sido el argumento utilizado para activar flotas del Comando Sur y tropas especiales en la zona contigua a Venezuela.
Por ello, toda apertura al ejército de EE.UU. será vista por el gobierno venezolano como una intromisión y un apoyo de Colombia a las fuerzas agresoras.
En palabras del senador Armando Benedetti: "Pareciera que ellos [las fuerzas militares de EE.UU.] vienen a ver cómo se hace un conflicto con Venezuela, lo cual sería demoledor para la economía, para el país y nuestra supervivencia".
Aunque también, las respuestas a esta situación hacen ver que Colombia no podrá participar en una intervención militar sin que internamente se produzcan fisuras y contradicciones profundas, en un momento en el que el gobierno de Duque se va debilitando por las razones antes mencionadas.
Queda por saber cómo se reactivará la política colombiana después de la pandemia, y si finalmente se abre un escenario real en el que la izquierda pueda ganar un evento electoral, como las presidenciales de 2022.
No es para nada nuevo que el gobierno de EE.UU. reciba malas noticias desde Venezuela. Lo nuevo es que también las reciba de Colombia.
Aunque tampoco es tan nuevo. Desde los viajes de Tillerson a Bogotá para hablar sobre Caracas, las Fuerzas Armadas colombianas siempre dejaron claro que no se iban a entrometer en un conflicto, y su neutralidad en la batalla del puente de Tienditas dejó establecido que el Ejército no está interesado en abrir un enfrentamiento armado con Venezuela.
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