Las parlamentarias en Venezuela se celebrarán este 6 de diciembre y cierran un conjunto de eventos electorales en el continente.
Su realización marca un punto culminante del largo debate generado a lo interno de la oposición, sobre la necesidad de asistir o no al evento, que dejó como saldo el incremento de la división que ya es más cercana a una fragmentación general.
Con pocas probabilidades, la oposición moderada intenta una sorpresa electoral que pueda posicionar a una nueva oposición al gobierno, ubicada fuera del espectro radical impulsado desde Washington y Florida, e impida por la vía política (no violenta) que las fuerzas chavistas sean mayoría en los poderes públicos.
La mayoría parlamentaria que perdió el chavismo en las legislativas 2015 podría recuperarla sin mayores obstáculos debido al llamado a la abstención al que se ha plegado casi todo el liderazgo opositor, sin aclarar su estrategia para lograr objetivos concretos fuera del sistema electoral existente. Especialmente después de la inefectividad política del 'interinato' de Guaidó y el fracaso de todos los intentos rupturistas.
El triunfo electoral del chavismo en la cita supone para el partido de gobierno tomar el único poder público que le era esquivo y prolongar su poder, en tanto la nueva Asamblea Nacional tendrá la facultad de nombrar casi todos los poderes públicos. Los rectores del Consejo Nacional Electoral, el fiscal, el contralor y el defensor del pueblo elegidos culminarán sus períodos en el segundo lustro de esta década, y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán, según la Ley, hasta entrada la década de los '30.
Una vez vertebrados los nuevos poderes públicos, si la oposición tradicional decide volver al escenario electoral, tendrá que someterse a la estructura que salga de estos comicios.
Algo similar ocurrió en 2005 cuando las fuerzas opositoras consensuaron la línea abstencionista, proceso que culminó con una mayoría del chavismo que le permitió gobernar establemente incluso cuando perdió elecciones, debido a que tenía la mayoría holgada de cargos en los poderes públicos.
En las presidenciales de 2018 la oposición convocó nuevamente a la abstención. Y el presidente, Nicolás Maduro, logró su reelección sin obstáculos.
Muchos países no reconocieron estas elecciones y utilizaron una confrontación abierta con el Gobierno venezolano que ha incrementado la crisis económica existente, pero no ha debilitado al gobierno.
Ni la abstención de 2005, que fue de 85 %, ni la de 2018, que fue de 54 %, lograron desestabilizar al poder constituido y el objetivo de la "deslegitimación" sigue siendo un constructo muy abstracto que nada tiene que ver con el poder efectivamente existente.
Entonces podemos imaginarnos, si todo ocurre dentro del retornello, que el gobierno se llevará nuevamente una victoria que le permitirá tener cargos clave de poder hasta más allá del sexenio de Maduro, que debe terminar en 2024.
También resulta obvio que la Unión Europea y varios países de América latina, especialmente los que giran en torno al debilitado Grupo de Lima, desconocerán los resultados.
Todo ello en medio de una profunda crisis económica provocada fundamentalmente por el derrumbe de la industria petrolera venezolana y las sanciones económicas de EE.UU., ambos males que han llevado al país a la pobreza pero no han debilitado la estructura interna de las fuerzas gobernantes.
El próximo resultado del 6 de diciembre ocurrirá en un momento en el que los halcones republicanos van de salida y los gobiernos más agresivos contra Venezuela, como Chile y Colombia, poseen crudos conflictos internos. Ya el tema Venezuela no les sirve para gestionar sus problemas.
El 'interinato de Guaidó' está muy debilitado y solo cuenta con activos venezolanos que le han cedido en el extranjero, como la petrolera Citgo.
La propia oposición radical está dividida en varios sectores y liderazgos que en la refriega interna disparan todos sus cañones contra antiguos compañeros del antichavismo.
El desliz del líder Henrique Capriles, que amenazó en septiembre con asistir al evento electoral pero luego se retractó, generó mayor apatía en las filas opositoras.
La oposición moderada que asiste a la elección apuesta por un resultado positivo que permita mostrar al mundo una vía diferente de conflicto contra el gobierno. Esperando también un cambio de carácter en las relaciones de la oposición con el nuevo gobierno del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, que baje agresividad al conflicto y aúpe salidas políticas.
Actualmente hay líderes políticos de oposición sancionados por el Departamento de Tesoro de EE.UU. tras su decisión de participar en la cita electoral, como Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática (AD), (designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre otros.
El resultado que pueda conseguir esta oposición dependerá fundamentalmente del grado de participación electoral en los comicios, que no parecen generar mucha empatía en sectores de votantes opositores que han sido sistemáticamente desalentados tanto por la misma oposición como por el gobierno.
El resultado permitirá evaluar si las juntas directivas de los partidos designadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este año, en los que nombró autoridades interinas y participan en el evento, tienen capacidad de movilización electoral o si, por el contrario, sus bases obedecen al llamado abstencionista de sus líderes históricos.
El enemigo más acérrimo de los partidos de oposición electoral son los megazolanos, como se les ha llamado a los venezolanos radicales en el exterior, especialmente en Florida, que apoyaron al presidente Donald Trump y que abogan abiertamente por una invasión militar estadounidense y consideran 'colaboracionista' o 'entreguista' la propia participación electoral en Venezuela.
Por su parte, Guaidó está organizando una consulta para el 12 de diciembre, para que la gente responda 'si rechaza las parlamentarias del 6 de diciembre'. Una convocatoria que no parece generar mucho entusiasmo ni siquiera entre sus seguidores.
El resultado del 6D puede terminar de hundir a la oposición existente o, con pocas probabilidades, reanimar una oposición electoral amparada en los partidos tradicionales que están en la contienda, como AD y y Copei, y algunas fuerzas emergentes como los evangélicos y los gobernadores o exgobernadores opositores.
Por su parte, el Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) cuenta con un voto duro que, si bien ha retrocedido luego de sus años de esplendor, se ha mantenido como el partido más votado, gracias a la impronta de Chávez y a un movimiento que sabe salir victorioso debido a su organización territorial. Si bien es posible que no supere la movilización de las presidenciales de 2018, de poco más de 6 millones, espera al menos llegar a los 5 millones de votos, de un padrón electoral que supera los 20 millones. Con eso le basta para ganar en escenarios de alta abstención.
Este voto duro, además, esta unificado en torno al liderazgo de Maduro.
El panorama del PSUV, sin embargo, no es del todo fulgurante para conseguir votos. La crisis económica y el bloqueo financiero y petrolero, así como el modelo económico heterodoxo para hacerles frente, han supuesto el fortalecimiento del dólar y la importación, mientras paralelamente ha visto debilitarse la economía nacional, el bolívar y la institucionalidad social producida por el chavismo, como las misiones sociales, la distribución de alimentos, los planes de vivienda, etc.
También sufre la escisión de varios partidos minoritarios, pero históricos de la izquierda, que han roto con el partido de gobierno y se han lanzado por cuenta propia desde la Alianza Popular Revolucionaria, y utilizando las siglas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), prácticamente el único partido de este sector cuya directiva no fue designada este año por el Tribunal Supremo de Justicia, como sucedió en el partido Patria para Todos (PPT) o Unión Popular Venezolana (UPV), por lo que su tarjeta participará en alianza con el Gran Polo Patriótico, la coalición que acompaña al partido de gobierno.
Un trasvase de los votos del PSUV también puede darse en menor medida hacia el sector evangélico, que ha venido en crecimiento –consiguió un millón de votos en las presidenciales– y que apunta al público popular.
A pesar de los nuevos escollos, la falta de participación de la oposición permite que el partido de gobierno esté en camino de convertirse en mayoría sólida en la Asamblea Nacional, desde donde va a rehacer su liderazgo político de cara al próximo sexenio 2024-2030, a menos que ocurra una sorpresa. Todo con un porcentaje relativamente bajo de la participación electoral, sobre todo en comparación con las pasadas parlamentarias de 2015, donde la participación llegó al 74 %, o en las del 2010, que fue de 66 %.
Si no hay sorpresa, el PSUV logrará un total dominio político del país, y apenas tendrá que cargar con el recuerdo de una alta abstención que da cuenta de un malestar consolidado y una incredulidad popular en las instituciones, pero eso no es definitorio para tener que abandonar el poder en los tiempos determinados.
Muy probablemente el resultado del 6 de diciembre dictará los designios del país por, al menos, los próximos dos años.
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