Opinión
Volatilidad en las calles y lentitud en el Congreso: qué oculta el 'descompás' político en Perú
La contradicción cultural y política entre Lima y el resto de Perú, que durante las primeras semanas del conflicto se había circunscrito a las regiones indígenas y campesinas del sur, ahora se ha trasladado a la capital de manera tan disruptiva como prolongada.
Desde la gran marcha de "los cuatro suyos", ocurrida el 19 de enero, las protestas no han amainado en Lima. Por el contrario, se han radicalizado. El martes en las noche seguían las movilizaciones y enfrentamientos esparcidos por la ciudad. La sociedad demanda una fecha electoral próxima y el Congreso está vacilante.
El discurso oficial intentó posicionar la imagen de protestas localizadas y delimitadas, que sucedieron a la destitución del presidente Pedro Castillo, ocurrida el 7 de diciembre, pero una vez que estas rondan los alrededores del Congreso y de las zonas comerciales y empresariales limeñas, es muy difícil utilizar este argumento para desconocer la profundidad de la crisis.
Cuando comenzaron los cortes de ruta y las convocatorias de paro a mediados de diciembre, parecían llamados periféricos e insostenibles. Ahora parece más bien que ocurre un movimiento que está infartando a una institucionalidad que se niega a escuchar las demandas.
Este fin de semana ocurrió lo que el gobierno había tratado de impedir: el deceso de un manifestante en la capital.
Cuando se contaban más de cincuenta muertes en el contexto de las movilizaciones, todas ocurrían en el interior, ninguna en Lima. Las fuerzas gubernamentales intentan que en la capital no haya una escalada del conflicto de calle, que viene incrementándose como respuesta a la letal represión policial que había imperado en las regiones alzadas.
Con el lamentable fallecimiento de Víctor Santisteban, el pasado 28 de enero, los decesos de manifestantes, así como toda la presión, se han trasladado a Lima.
Esta muerte representa un paso más en la confrontación y va a entorpecer la libre cotidianidad, el comercio y el propio ejercicio de poder, ya no solo peruano, sino propiamente limeño.
Desde este nuevo grado de presión que representa el desplazamiento del estallido a Lima, el Congreso ha lucido dubitativo a la hora de decidir el aplazamiento electoral para perpetuar indefinidamente a la clase política. Los actores que sostienen el interinato de Dina Boluarte saben que, en las actuales circunstancias, una elecciones tendrán un resultado indeterminado. La correlación parece favorable a las fuerzas populares en un escenario comicial.
El allanamiento a la Universidad San Marcos, ocurrida el 21 de enero, ya significaba una ruptura en la cadena hegemónica oficial, en tanto multiplicó las críticas no solo en los sectores en lucha, sino también en las capas medias capitalinas, que recordaron, con esta acción, el modus operandi del régimen fujimorista.
La propuesta de Boluarte de realizar elecciones este año, aunque con la segunda vuelta en diciembre (lo que los manifestantes rechazan), devela una virtual fricción interna de la estructura oficial, debido a que el Congreso quiere prolongar su dominio por un tiempo mucho mayor.
La propuesta de Boluarte de realizar elecciones este año, aunque con la segunda vuelta en diciembre (lo que los manifestantes rechazan), devela una virtual fricción interna de la estructura oficial, debido a que el Congreso quiere prolongar su dominio por un tiempo mucho mayor.
La guinda del cóctel la puso la protesta frente a la embajada de EE.UU. en Lima, reclamando contra la intervención y el apoyo de Washington a Boluarte, ya que fue uno de los primeros gobiernos en reconocer la presidencia interina.
La concentración deja claro que los manifestantes no solo tienen a Boluarte y al Congreso como adversarios, sino que comienzan a apuntar a la embajada por el respaldo que le ha dado al gobierno interino, legitimando con ello la cruenta represión.
Viaje de la canciller a Washington
Ante esto, la respuesta oficial no ha sido de rectificación. Por el contrario, a los pocos días, el gobierno informó de la visita oficial a Washington por parte de la canciller Ana Cecilia Gervasi para efectuar un "diálogo bilateral de alto nivel" que comenzó, de manera apremiante, este 30 de enero.
En medio del conflicto político en torno a la destitución de Castillo, a finales del año pasado, varios congresistas y sectores políticos, incluido el presidente depuesto, consideraron que la avanzada derechista se debía a que 2023 era un año estratégico para la renovación de varios contratos ley en materia de minería, hidrocarburo y gas, que están apunto de actualizarse y que las trasnacionales pretenden mantener en las condiciones favorables que el neoliberalismo imperante les ha concedido.
Quizá eso explica la reciente negativa del Congreso para adelantar las elecciones y lograr rebajar la conflictividad.
Y también podría ser la razón del reciente viaje a Washington de la canciller. El objetivo pareciera la búsqueda del respaldo a la decisión de no adelantar elecciones y atajar el costo diplomático e internacional que tendría un estallido en Lima, a sabiendas de que están apagando el fuego con gasolina mientras piden licencia para apaciguar este levantamiento popular de la forma que sea necesaria.
Si el oficialismo obtiene en Washington un cheque en blanco, la represión y la profundidad de la disputa va a aumentar la crisis y el choque social, además de afectar a los países vecinos.
Si el oficialismo obtiene en Washington un cheque en blanco, la represión y la profundidad de la disputa va a aumentar la crisis y el choque social, además de afectar a los países vecinos.
Comienza a ser clave la respuesta de países latinoamericanos, que en su mayoría repudian al gobierno actual e incluso todavía reconocen a Pedro Castillo.
Aumentar el interés por lo que pasa en Perú, por parte de las diplomacias regionales, supone demostrarle a EE.UU. que América Latina no permitirá una guerra civil o un baño de sangre impuesto desde el norte.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, que había respaldado al gobierno de facto de Dina Boluarte, giró diametralmente su postura a partir del mencionado allanamiento de la Universidad, ya que ha cuestionado el ataque contra la casa de estudio y las decenas de muertos por represión.
La Defensoría del Pueblo de Perú ha hecho un llamado al diálogo y la salida política. La diplomacia regional puede coadyuvar buscando algún mecanismo para fomentar la negociación de los actores en pugna.
Mientras tanto, habrá que esperar el regreso de la canciller para medir cuanto apoyo recibió y la sucesiva respuesta del Congreso, que tiene que decidir ya una fecha para las presidenciales mientras en Lima sube la temperatura de la presión social.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
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