El paro que derrite la "estabilidad relativa" de Boluarte de Perú

La conflictividad social en Perú continúa en franco crecimiento. El paro nacional realizado el miércoles, el tercero en un mes, ha logrado articular a sectores sociales disímiles en una misma acción, lo que renueva las expectativas de la población y provoca el atrincheramiento del gobierno, que ha desplegado miles de funcionarios policiales y militares para contener la protesta.

A diferencia de las jornadas que sucedieron al derrocamiento de Pedro Castillo y a la asunción de Dina Boluarte, a finales de 2022, en esa ocasión no parecía estar en juego la estabilidad del gobierno interino, en tanto el "pedido de vacancia" no se contemplaba como objetivo central de los organizadores del evento.

Durante la coyuntura política de 2022 y 2023, la propia Boluarte y los voceros oficiales reconocían la necesidad de adelantar elecciones generales, lo que era una demanda consensuada entre los manifestantes. Pero el panorama cambió y ahora la interina ha confirmado que mandará hasta abril de 2026, fecha en la que se realizarán los comicios presidenciales y legislativos. 

La situación, no obstante, comienza a cambiar en tanto la "solicitud de vacancia" a la presidenta vuelve a aparecer con fuerza entre los principales actores de las protestas, que han logrado gran adhesión a sus demandas.

Su decisión de permanecer está en firme, a pesar del alto grado de complejidad de la actual situación, de la cantidad de escándalos que ha sufrido su Gobierno y la poca legitimidad de su mandato, sobre todo después de la respuesta represiva a las manifestaciones en su contra. Las actuales protestas no piden —o no pedían, hasta ayer— como primera demanda, su renuncia o destitución.

Describimos un panorama actual regido por una tensión al alza, pero donde el gobierno interino había logrado cierta estabilidad, en comparación con situaciones anteriores. La situación, no obstante, comienza a cambiar en tanto la "solicitud de vacancia" a la presidenta vuelve a aparecer con fuerza entre los principales actores de las protestas, que han logrado gran adhesión a sus demandas.

Los manifestantes están volviendo sobre la idea de exigir nuevas elecciones, antes de lo planificado por Boluarte, y acaban de sacar una carta bajo la manga: "Mañana estamos ingresando un documento al Congreso para adherirnos a la solicitud de vacancia de la presidenta, y se pueda llamar a elecciones generales. Caso contrario, no se dará el APEC [la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico], porque convocaremos un nuevo paro en noviembre", expresó Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas. 

La reunión ordinaria de la APEC se llevará a cabo en Lima, del 9 al 16 de noviembre, y se espera la participación de hasta 21 jefes de Estado, incluido el presidente de EE.UU., Joe Biden.

Así las cosas, los paros de transporte han logrado descongelar el escenario de "estabilidad relativa" para Boluarte y también para el Congreso, al mostrar la punta del iceberg de pugnacidad que emerge de manera paulatina pero consistente, amenazando con poner en riesgo no solo al Gobierno, sino la realización de la cumbre en cuestión.

El largo gobierno interino 

Derrocado Pedro Castillo, múltiples grupos indígenas, campesinos y del mundo rural, sobre todo de las provincias del sur del país, se levantaron en contra del gobierno transitorio, siendo duramente reprimidos. Estos lograron en varias ocasiones hacer tomas de la capital y demostrar una fuerza tremenda en el interior del país.

Los paros de transporte han logrado descongelar el escenario de "estabilidad relativa" para Boluarte y también para el Congreso, al mostrar la punta del iceberg de pugnacidad que emerge de manera paulatina pero consistente, amenazando con poner en riesgo no solo al Gobierno, sino la realización de la cumbre en cuestión.

No obstante, el gobierno supo aislar geográficamente estas acciones con una respuesta en el norte del país y la capital, donde los sectores populares no tuvieron el mismo ahínco en contra del gobierno impuesto por el Congreso. Justo es eso lo que ahora está cambiando.

Cada vez más gremios urbanos de transportistas, bodegueros, mototaxistas, comerciantes, vecinos, empresarios e informales se están sumando a las movilizaciones de las últimas semanas que, en principio, han sido provocadas por el auge delincuencial que incluye delitos de extorsión y sicariato, de la que estos colectivos están siendo víctimas.

Este alto grado de inseguridad ha llegado a Lima, trasplantándose desde otras ciudades, en las que las bandas delincuenciales piden 'vacunas' [pagos extorsivos] y han asesinado a ciudadanos, incluidos transportistas, que se han negado o no han podido pagarlas. 

Lo cierto es que diferentes esferas sociales están en ebullición en estos momentos en Perú y se manifiestan con mucha fortaleza. Se evidencia una acumulación de fuerzas políticas del mundo popular, que han encontrado nuevos espacios donde articularse.

Pero entre los convocantes del paro también se encuentran los gremios estudiantiles, de salud y educación, así como el comité de familiares de las víctimas de la represión de las manifestaciones a favor de Castillo y otros sectores que de manera explícita exigen la culminación del interinato como demanda privilegiada.

Entonces, esta protesta reúne a dos grandes segmentos. Por un lado, los que se están viendo afectados por el auge de la delincuencia, lo que supone un descontrol gubernamental, y, por el otro, actores en lucha que piden la culminación del mandato de Boluarte.

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Lo cierto es que diferentes esferas sociales están en ebullición en estos momentos en Perú y se manifiestan con mucha fortaleza. Se evidencia una acumulación de fuerzas políticas del mundo popular, que han encontrado nuevos espacios donde articularse.

Ahora hay demandas conjuntas para combatir y se está tejiendo el piso para nuevos momentos de protesta que, posiblemente, logren una disrupción con mayor impacto en Lima y contra el poder establecido.

Por lo pronto, se prometen nuevas jornadas de paro y protesta si las autoridades no atienden las demandas de los actores en juego. La presión sigue en aumento y el escenario del adelanto electoral ha salido nuevamente del congelador.

Serán claves los siguientes pasos del gobierno y los organizadores de las protestas para comprender si Perú regresa a la lucha insurreccional, como en 2022, o sí más bien se impone la estabilidad, como la que signó el primer semestre de este año, en el que las manifestaciones cesaron y el gobierno pudo obtener oxígeno. Todo eso está por verse las próximas semanas que anteceden la cumbre de la APEC.