La privatización mundializada de la educación pública universitaria

Con todo y los fracasos evidentes de las políticas desreguladoras y privatizadoras que comenzaron con mayor auge a implementarse en la mayoría del planeta durante los años 90 del siglo XX y siguieron profundizándose en la primera década del siglo XXI, éstas  medidas continúan en grados y formas diversas acentuándose e imponiéndose drásticamente.

Como en otras esferas de la vida pública, las políticas de corte neoliberal para la educación superior enfrentaron y enfrentan resistencias y numerosos movimientos estudiantiles que impiden la eliminación del derecho social a la formación y profesionalización, investigación y proyección nacional, regional o mundial.

No obstante, los representantes doctrinarios del libre mercado en el mundo continúan en sus intentos de imponer una agenda que les permita relanzar sus pretensiones político-empresariales para el ámbito de la educación pública superior con el fin de estandarizar una mano de obra adecuada y disciplinada para sus empresas, además de convertir el espacio público de la educación superior en un mercado de bienes y servicios.

Cuentan con el apoyo abierto del Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo y atienden las recomendaciones y condicionamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) compuesta por 34 Estados de renta alta, donde residen las empresas más grandes e influyentes del planeta.

Básicamente proponen tres líneas estratégicas para la siguiente década: nuevos modelos de financiamiento preponderantemente del sector privado, generación de formación de competencias a partir de una formación estandarizada y global e investigación con financiamiento externo.

Estos tres elementos ya forman parte de la privatización en proceso, en dos fases, endógena y exógena. La primera define la introducción de ideas, medidas y prácticas del sector privado en las universidades públicas para que sean más parecidas a las empresas y, la segunda, permitir la participación del sector privado con ánimo de lucro.

El fin es desvincular a los Estados de su obligación de garantizar educación superior para las poblaciones de sus propios países y que las empresas decidan la formación profesional bajo sus intereses de inversión.  

Esto se refleja en los nuevos discursos y prácticas de burocracias universitarias que hacen hincapié en el valor del dinero, la mayor oferta de opciones, el análisis costo-beneficio, el saneamiento administrativo, la distribución de recursos, los costos unitarios, los indicadores de desempeño y la selectividad. Conformando un imaginario de la competencia y educación de élite.

Además, muchas veces por fuera de la legalidad, los operadores burocráticos del neoliberalismo comienzan a introducir inversiones privadas en áreas sustantivas como investigación, postgrados, áreas culturales y deportivas, además de transformar el derecho a la educación en una mercancía comprada por los estudiantes con cuotas de inscripción y mensualidades.

La universidad pública ha sido gradualmente desplazada de su papel rector en la producción de conocimientos de alto nivel e investigación. En los años recientes se han creado más de 37 mil centros de Investigación y Desarrollo (ID) en áreas especializadas. Solo 17 por ciento son Universidades y las demás privadas o fundaciones de empresas o de la cooperación internacional norte-sur del G-7, los 7 países más ricos del mundo.

Por otra parte, se imponen cuotas y aranceles a los estudiantes de matrícula escolar y se deja abierta la posibilidad de aumentar progresivamente en el tiempo, de tal manera que la Universidad deja de ser un derecho y se convierte en un bien adquirido según la capacidad de compra de los educandos.   

El BID en su documento Higher Education in Latin America and the Caribbean: Strategy Paper, rechaza de que la inversión pública a la educación superior genere mayor calidad y desarrollo. Propone abiertamente la privatización y tecnificación. Este texto insiste en que la educación superior requiere de una reorientación y redistribución de reglas y recursos.

Apuesta por cuatro elementos a implementarse en las universidades públicas. Liderazgo  y excelencia académica; tareas y trabajos profesionales con base a la productividad; formación y desarrollo técnico; educación general y campo laboral.

Así, se anuncia una nueva ola privatizadora que en el caótico escenario mundial provocado por la globalización neoliberal, amenaza la educación en general y la educación universitaria en particular.