El partido Libertad y Refundación (LIBRE), brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), presentó ante el Tribunal Supremo Electoral del país centroamericano un recurso de “nulidad por fraude” en los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Juan Orlando Hernández del oficialista Partido Nacional (PN).
Durante las elecciones del pasado 24 de noviembre, “hubo alternaciones en las actas de cierre y falsificación de documentos electorales”, aseguran los líderes del partido de izquierda LIBRE, el cual logró posicionarse a nivel nacional como la fuerza política que rompió la tradición bipartidista por más de un siglo.
Las 116 impugnaciones presentadas reclaman el recuento de las actas de cierre, a lo que deberá responder el tribunal electoral el próximo 17 de diciembre. Mientras tanto, organizaciones sociales y de los derechos humanos se movilizan localmente en marchas, actos públicos y denuncias sobre lo que consideran “fraude de Estado” y la “continuidad del Golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya en 2009”, como sostiene el activista y militante del partido LIBRE Gilberto Ríos.
La tensión de fuerzas en Honduras marca la actual etapa postelectoral. Mientras el oficialismo se posiciona en los espacios del poder formal, la oposición comienza a construir un plan de lucha nacional que busca consolidar su fuerza política y revertir lo que consideran fraude electoral y la política de hostigamientos hacia los opositores.
El pasado fin de semana fueron asesinados los militantes de LIBRE Juan Carlos Argeñal y la profesora Graciela Lazo, quienes fueron acribillados por grupos irregulares llamados “escuadrones de la muerte”, según denuncias de organizaciones civiles de los derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH), el cual señala que “estos grupos de sicarios” actúan deliberadamente desde 2009.
Honduras registra en promedio 24 asesinatos al día, algunos de los cuales son por motivaciones políticas, según CODEH. Más de 30 periodistas han sido asesinados, lo que “evidencia la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la información”.
Actualmente el país centroamericano vive un proceso creciente de movilizaciones sociales, pero también de respuestas por quienes reclaman el control del Gobierno. Por su parte, Estados Unidos, que tradicionalmente mantiene sus intereses en el país, toma posición a favor de Juan Orlando Hernández, el candidato de la derecha y quien declaró en varias ocasiones durante su campaña que de ganar las elecciones promovería una nueva política de relanzamiento de los proyectos económicos de Estados Unidos.
Los intereses estadunidenses
Washington reconoció inmediatamente el triunfo del Partido Nacional. El portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, declaró: “Estamos conscientes de que el candidato Juan Orlando Hernández tiene una ventaja irreversible…”.
Sin aún terminar el conteo de votos y con una cascada de acusaciones públicas de irregularidades probadas, Estados Unidos dio su respaldo al oficialismo. Intereses geopolíticos y económicos apresuraron las declaraciones de sus funcionarios.
El territorio hondureño se ha convertido en la cabeza de playa de la geopolítica militar de Estados Unidos para el continente americano. Es la sede central del Plan Martillo, cuyo objetivo es el control de aguas territoriales de El Caribe y el Pacífico por parte de la Armada estadunidense.
También representa el territorio asiento de la Base Militar Soto Cano, en Palmerola, bajo control del Comando Sur, con 600 efectivos navales. Abriga de igual forma un radar de última generación para el control satelital de la plataforma continental, exploración energética, aguas profundas, minerales en el subsuelo, control de la fibra óptica instalada y monitoreo constante de cielos, tierra y aire de todo el continente americano.
Además, Honduras experimenta el relanzamiento de la supercarretera del Canal Seco como continuación logística de unión con la base militar de Palmerola y los puertos en el Pacífico y en el Atlántico. Se trata de una ruta logística para las acciones rápidas y efectivas de tropas, despliegues militares de embarque y desembarque.
Es decir, sigilosamente, Honduras se ha convertido en una gran base de operaciones geoestratégicas de Estados Unidos. Algunos analistas apuntan a un “renovado protectorado” de los intereses militares de la potencia en el continente americano.
En realidad, Honduras se inscribe en una nueva fase del relanzamiento imperial para el continente, sobre todo ante el proceso de desapego a las políticas estadounidenses que vive Sudamérica y en respuesta a la consolidación de una región en proceso de integración con menos influencia de Estados Unidos.
En lo económico, Washington promueve el control de los recursos naturales centroamericanos y del Caribe. Patrocina el llamado mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla donde nueve países de la región suscribieron la Declaración de Villahermosa, en la cual ponen el acento sobre el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica conocido como Proyecto Mesoamérica (PM), integrante de la Iniciativa Mérida sobre Seguridad Regional Norteamericana y extensión de lo que en el año 2000 se llamó el Plan Puebla Panamá, pero ahora con el nuevo componente de la doctrina de seguridad hemisférica con sello estadunidense.
Así, se plantea la profundización del libre comercio con Estados Unidos en las áreas de hidrocarburos, agua, territorios y biodiversidad. El fin es crear infraestructura que facilite el acceso, la exploración, explotación, interconexión, comercio y transporte de recursos principalmente hacia los circuitos comerciales de Estados Unidos, pero con seguridad de militares y policías en función de la ganancia.
La construcción de presas hidroeléctricas en busca de la interconexión regional con su nudo estratégico en la represa de El Tigre es otro interés creado. El Plan Mesoamérica proyecta 381 presas a lo largo de Centroamérica y sur de México con la desembocadura en las aguas territoriales hondureñas en el Caribe.
Además el eje de la política estadunidense en Honduras es el de integración “productiva” y “competitividad de territorios”. Así, se construye la red internacional de carreteras mesoamericanas con base en el transporte multimodal que permita la movilización de mercancías por todos los medios posibles. Se trata de un corredor logístico en el Atlántico que va de las provincias de Taulabe y Valle Comayagua hacia el Corredor Caribe con las provincias de Progreso, Tela, La Ceiba y Trujillo. Y finalmente anillarse con el Corredor Interoceánico Quebrachal y Guascorán. Es un Megaproyecto de dominación conocido por sus patrocinadores como “Burbuja” en la facilitación comercial de mercancías sobre todo de empresas transnacionales.
En la zona del Caribe se financian megaproyectos turísticos. Destaca el proyecto turístico Bahía Tela, en la costa atlántica. El despojo lo sufren los pueblos garífuna, afroindígenas con más 200 años de cultura en Honduras. Allí habitan 46 comunidades en unos cinco departamentos del país, quienes son hostigados permanentemente con el objetivo de forzarlos a abandonar sus territorios de asiento.
En esa misma zona se proyecta el Programa Mesoamericano de Biocombustibles sobre todo en la producción en grandes cantidades de aceite de palma para la producción de biodiésel.
Y por si fuera poco, se implementa un estratégico Reordenamiento Territorial. Un proyecto que acentúa políticas territoriales de la dominación. El fin es despejar zonas para el despliegue del capital, entiéndase despojo y extractivismo de nuevo cuño, acompañado de militarización, migración forzada y reacomodo en centros urbanos como las llamadas Ciudades Modelo.
Las zonas limpias despojadas están siendo ya el asiento de empresas trasnacionales, mineras, agroindustriales, bancos genéticos, embotelladoras de agua dulce y patentes farmacéuticas, un paraíso capital para las empresas estadunidenses.
Estados Unidos vuelve a extender sus alas imperiales y tiene en la mira, desde su gran base militar de operaciones en Centroamérica, al resto del continente.