La reciente contrarreforma energética que permitirá en el corto plazo la formalización de la ya puesta en marcha de la enajenación privada de gas, petróleo y derivados, representa el final de un ciclo de mecanismos coactivos y coercitivos para la integración-subordinación de México a los Estados Unidos que comenzó hace 20 años con la entrada en vigor el primero de enero de 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Se trata de un evento contemporáneo que revela —en un análisis histórico de largo plazo—
la vigencia del espíritu imperialista y expansionista estadounidense que comenzó con las anexiones de Luisiana y Florida, la guerra de invasión a México con el despojo de más de la mitad del territorio nacional (siglo XIX) y el actual lanzamiento de la estrategia 'homeland defense' considerando el norte del continente americano como área natural de influencia de la poderosa nación yanqui (finales del siglo XX e inicios del XXI).
La configuración de un bloque regional de poder mundial en el hemisferio occidental, dominado por la nomenclatura corporativa y militar estadounidense, está definida. Estados Unidos, subordinando a Canadá y México, va delineando un protoestado regional empresarial autoritario al servicio de las grandes compañías capitalistas dispuestas a desafiar a cualquier otro Estado o alianza de Estados europeos o asiáticos por el liderazgo mundial.
Los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales de la Carta Magna mexicana formalizan lo que en los hechos se fue haciendo desde el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari: 'The Purchase Mexico', la compraventa de México. El capital privado, fundamentalmente trasnacional, obtiene plena intervención para explorar, explotar y comercializar el petróleo en todas sus fases. Es el final de la Constitución Política que emergió en 1917 a raíz de la Revolución Mexicana.
El territorio, el campo, la electricidad, los puertos y zonas marítimas, zonas de despegue, minerales, riqueza del subsuelo, agua, mano de obra, prácticamente todo lo que da sentido a una nación, se encuentra en manos ya de las corporaciones estadounidenses que representan el verdadero Estado profundo en construcción timoneado desde Washington.
Los responsables directos de la pérdida de la nación mexicana y su entrega son un grupo de tecnócratas corruptos que asaltaron el poder mediante un fraude electoral en 1988 y dilapidaron al país en cada sexenio durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El despojo ha sido consumado con el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
¿Cuáles son las empresas trasnacionales petroleras que se benefician de la entrega de la industria petrolera nacional con la mal llamada 'reforma energética'?
En la lista destacan las gigantes Exxon, Chevron, Schlumberger y Halliburton, todas articuladas a las poderosas familias petroleras y militares de los Estados Unidos. Los personajes más visibles de la trama son, ni más ni menos, que los artífices de la doctrina de la guerra preventiva, George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld, quienes comenzaron con las guerras de rapiña sobre Afganistán e Irak, precisamente por el control del petróleo en Medio Oriente, y haciendo de esa región la principal fuente de abastecimiento de la hiperconcentración del consumo energético mundial centrado en un 25% en los Estados Unidos.
Exxon y Chevron muestran entusiasmo carroñero, sobre todo por las exploraciones en aguas profundas del Golfo de México, donde en la capa de roca en los territorios binacionales se encontraron ricos yacimientos de oro negro. Mientras que Schlumberger y Halliburton han acaparado en la última década contratos entregados en licitaciones internacionales por un monto de alrededor 2.000 millones de dólares.
Otras de las empresas beneficiadas son Petroleum Corp, Velvet Energy LTD y TLP Energy, dedicadas a la exploración, explotación, mantenimiento y rehabilitación de la industria petrolera y petroquímica en Canadá y Estados Unidos. Se aliaron con Evercore, de línea extractiva, primera corporación en obtener en 2012 la licitación para sacar combustible por diez años en el estado de Veracruz, territorio que colinda con el Golfo de México.
Jacobs Engineering Group con sede de Houston, Texas, se ha apoderado de contratos para la construcción de 18 plataformas por un monto de 2.500 millones de dólares.
Otras firmas como Tecpetrol, Norpower, ICA, Sempra Energy, Axis, Ares Management y Temasek promueven adjudicaciones directas en construcción de infraestructura, exploración, petroquímica, energía eléctrica y gas.
Todas estas empresas, gigantes y grandes, cuentan asimismo con el respaldo financiero de los bancos estadounidenses, especialmente de Morgan Stanley, el cual presenta un corte de financiación a largo plazo que prevé inversiones por 50 o 100 años o más, si la nueva producción energética lo amerita.
También empresas españolas y británicas como OHL, Repsol, British Petroleum, contarán con inversiones menores, pero con grandes dividendos.
Así, la visión imperial monroísta se renueva. Después de la adjudicación del Golfo de México, las corporaciones estadounidenses van tras el Caribe, incluyen en su plan bajo la óptica de la regionalización energética a Cuba y Venezuela, territorios con grandes yacimientos de crudo.
En lo inmediato han lanzado el plan Connect America, un sistema eléctrico hemisférico que buscará la interconexión energética desde la frontera formal entre Estados Unidos y México hasta la Tierra del Fuego.
El mensaje del secretario de Estado, John Kerry, ante la OEA sobre el fin de la doctrina Monroe debe entenderse como el inicio de la doctrina de la Patria Segura (Homeland Defense), bajo la égida estadounidense. ¿Los pueblos del continente americano lo permitirán?