Opinión
Ayotzinapa, México y los crímenes de lesa humanidad
La responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y genocidio, cometidos contra estudiantes de la Escuela Normal para Maestros Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, recae sobre el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero y el presidente municipal, José Luis Abarca.
De allí, la cadena de mando se extiende por los órganos de seguridad, policías federales, locales y municipales, agencias de inteligencia, ejército, agentes ministeriales y jueces que participaron en los actos de destrucción física y anímica, persecución política e ideológica, como en las acciones crueles e inhumanas contra civiles. También son responsables las estructuras del terrorismo de Estado integradas por sicarios, paramilitares y crimen organizado, como la ya identificada “Guerreros Unidos”.
Los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos se mantenían en actividades de movilización política pacífica en la localidad de Iguala, promoviendo sus justas demandas de mayor presupuesto educativo y plazas laborales para los egresados, recolectando recursos económicos solidarios de la población simpatizante para quienes formarían parte de los futuros maestros y profesores de niños en las áreas rurales marginales.
Los días 26 y 27 de septiembre sufrieron una cacería feroz, fueron perseguidos, detenidos y desde entonces permanecen desaparecidos. Se habla de fosas comunes. Las investigaciones oficiales como las independientes continúan por caminos diferentes. Las últimas son las más creíbles, formadas por organizaciones civiles de derechos humanos, familiares de las víctimas y movimientos sociales.
Los acontecimientos se desenvuelven en el marco de la violencia estatal imperante en México. Desde el gobierno de Felipe Calderón suman más de 80 mil muertes violentas donde las fuerzas armadas institucionales y las bandas del crimen organizado amparadas en las estructuras del Estado mafioso, han sido los victimarios protagonistas.
En Guerrero, la violencia estatal es cotidiana contra los opositores al régimen. Muertes, levantamientos y ajusticiamientos suman una larga lista de civiles, luchadores sociales, políticos populares eliminados. Fosas clandestinas y tumbas anónimas es el destino para quienes se manifiestan pacíficamente por sus derechos.
Estudiantes sobrevivientes de Ayotzinapa identificaron al menos 22 policías municipales que participaron en el operativo de rastrillo, una vieja táctica paramilitar y de contrainsurgencia que consiste en “pelar el terreno y causar terror entre la población”. Las víctimas sobrevivientes acusaron a las corporaciones estatales y federales de participar en los hechos y señalaron al ejército de cubrir y proteger a los autores materiales.
¿Quiénes están detrás de estos crímenes de lesa humanidad? Amnistía Internacional señaló recientemente que los familiares de los estudiantes buscados no cuentan con garantías ni investigaciones imparciales gubernamentales sobre el paradero de sus hijos. Aún tampoco con informes precisos por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno sobre los autores intelectuales y materiales. Todo indica una decisión de Estado en encubrir los sucesos del horror.
La dilatación y el burocratismo direccionado muestran inoperancia de las estructuras formales de justicia como la Procuraduría General de la República y Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero. Habrá un largo proceso de investigación que desde el poder no llegará a ningún lado. Los crímenes de lesa humanidad cometidos son negados sistemáticamente por sus responsables quienes son la piedra angular del Estado fallido mexicano. Los gobiernos federal, estatal y municipal, sus representantes, son los responsables de la situación y deben ser investigados por el derecho internacional humanitario en el marco de la justicia universal de los derechos humanos.
Organizaciones sociales se han manifestado en diversas plazas y sitios del país. El pasado 8 de octubre fueron miles de manifestantes en 25 estados de la República Mexicana. El clamor de justicia suma las indignaciones. Es el momento de la acción jurídica internacional válida para llevar a los responsables ante la justicia. La aplicación del estatuto de Roma, el cual México ha firmado, debe ser un procedimiento necesario y urgente contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país.
De allí, la cadena de mando se extiende por los órganos de seguridad, policías federales, locales y municipales, agencias de inteligencia, ejército, agentes ministeriales y jueces que participaron en los actos de destrucción física y anímica, persecución política e ideológica, como en las acciones crueles e inhumanas contra civiles. También son responsables las estructuras del terrorismo de Estado integradas por sicarios, paramilitares y crimen organizado, como la ya identificada “Guerreros Unidos”.
Los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos se mantenían en actividades de movilización política pacífica en la localidad de Iguala, promoviendo sus justas demandas de mayor presupuesto educativo y plazas laborales para los egresados, recolectando recursos económicos solidarios de la población simpatizante para quienes formarían parte de los futuros maestros y profesores de niños en las áreas rurales marginales.
Los días 26 y 27 de septiembre sufrieron una cacería feroz, fueron perseguidos, detenidos y desde entonces permanecen desaparecidos. Se habla de fosas comunes. Las investigaciones oficiales como las independientes continúan por caminos diferentes. Las últimas son las más creíbles, formadas por organizaciones civiles de derechos humanos, familiares de las víctimas y movimientos sociales.
Los acontecimientos se desenvuelven en el marco de la violencia estatal imperante en México. Desde el gobierno de Felipe Calderón suman más de 80 mil muertes violentas donde las fuerzas armadas institucionales y las bandas del crimen organizado amparadas en las estructuras del Estado mafioso, han sido los victimarios protagonistas.
En Guerrero, la violencia estatal es cotidiana contra los opositores al régimen. Muertes, levantamientos y ajusticiamientos suman una larga lista de civiles, luchadores sociales, políticos populares eliminados. Fosas clandestinas y tumbas anónimas es el destino para quienes se manifiestan pacíficamente por sus derechos.
Estudiantes sobrevivientes de Ayotzinapa identificaron al menos 22 policías municipales que participaron en el operativo de rastrillo, una vieja táctica paramilitar y de contrainsurgencia que consiste en “pelar el terreno y causar terror entre la población”. Las víctimas sobrevivientes acusaron a las corporaciones estatales y federales de participar en los hechos y señalaron al ejército de cubrir y proteger a los autores materiales.
¿Quiénes están detrás de estos crímenes de lesa humanidad? Amnistía Internacional señaló recientemente que los familiares de los estudiantes buscados no cuentan con garantías ni investigaciones imparciales gubernamentales sobre el paradero de sus hijos. Aún tampoco con informes precisos por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno sobre los autores intelectuales y materiales. Todo indica una decisión de Estado en encubrir los sucesos del horror.
La dilatación y el burocratismo direccionado muestran inoperancia de las estructuras formales de justicia como la Procuraduría General de la República y Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero. Habrá un largo proceso de investigación que desde el poder no llegará a ningún lado. Los crímenes de lesa humanidad cometidos son negados sistemáticamente por sus responsables quienes son la piedra angular del Estado fallido mexicano. Los gobiernos federal, estatal y municipal, sus representantes, son los responsables de la situación y deben ser investigados por el derecho internacional humanitario en el marco de la justicia universal de los derechos humanos.
Organizaciones sociales se han manifestado en diversas plazas y sitios del país. El pasado 8 de octubre fueron miles de manifestantes en 25 estados de la República Mexicana. El clamor de justicia suma las indignaciones. Es el momento de la acción jurídica internacional válida para llevar a los responsables ante la justicia. La aplicación del estatuto de Roma, el cual México ha firmado, debe ser un procedimiento necesario y urgente contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
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