Juez español Ramiro García de Dios: "Los CIE son centros de sufrimiento y espacios de opacidad y de impunidad policial"

Juez Ramiro García de Dios ha sido juez durante 31 años en un país, España, en el que la actualidad más de un 50 % de la población opina que la imagen de la Justicia no es buena.

"Hay una desconfianza creciente en el poder judicial y, sobre todo, en un conjunto de actuaciones de una parte importante del poder judicial", sostiene García, que cree que tiene su base en que la ciudadanía percibe que "hay dos varas de medir", en concreto, señala a una de ellas, a la que define como "muy complaciente con el poderoso y con los aledaños de los sistemas de poder, por ejemplo con el subsistema policial de poder, con los mandos del poder ejecutivo".

Además, refiere a que en la actualidad se está asistiendo a una "desviación", a una especie de "guerra judicial contra un Gobierno". Así, señala que hay un sector muy importante de la judicatura que es mayoritariamente conservadora e, incluso, va más allá, apuntando a "jueces militantes de partido, muy próximos a postulados de extrema derecha, hasta el punto de que algunos operan como agentes del Partido Popular", el principal partido de la oposición en España.

García sostiene que "detrás de todo eso hay una guerra judicial de desgaste contra lo que se estima que es un Gobierno ilegítimo".

Esta 'law fair' o guerra judicial se desarrolla por dos vías, en opinión del jurista. La primera que señala es la del Tribunal Constitucional. Como ejemplo, alude a la sentencia que decreta la inconstitucionalidad del confinamiento durante el estado de alarma, que en su opinión resulta "incomprensible para cualquier jurista europeo".

"Hay una guerra judicial de desgaste contra lo que se estima que es un Gobierno ilegítimo"

La segunda vía que señala es el Tribunal Supremo y para ello destaca el caso del diputado Alberto Rodríguez, a quien recientemente se le ha retirado el escaño. "Es una condena que no tiene base jurídica, es una sentencia injusta, hay dos votos particulares que apuntan a la carencia de falta de prueba", afirma García, que califica de "cacería" el proceso contra Rodríguez.

Sin embargo, en este caso, lo que le parece de mayor gravedad es que se haya privado del acta al diputado, "cuando jamás la mera suspensión del ejercicio del sufragio pasivo podría llevar a la privación del acta de diputado".

García se refiere también a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema de cobros de plusvalías en las transmisiones de viviendas, que priva a los Ayuntamientos de entre 2.500 y 3.000 millones de euros de recursos que provocará el recorte en tareas asistenciales y de servicio público que hasta ahora financiaban con este impuesto los Consistorios.

"Se produce un desgaste, tendente en el fondo a hacer caer al Gobierno"

"Eso va a ocasionar descontento en la ciudadanía. Si hay descontento en la ciudadanía ese descontento va a girar sobre el Gobierno, con lo cual se produce un desgaste, tendente en el fondo a hacer caer al Gobierno", explica el exmagistrado.

Así, García opina que en España hay "una Justicia política con un sesgo político determinado", que trabaja para incrementar el descontento de la población mediante "la utilización del aparato judicial para interferir en el legítimo ejercicio de los poderes legislativos", "hasta el punto de que el poder judicial se ha erigido en una especie de poder supremo por encima del poder ejecutivo y del poder legislativo".

En el foco del debate sobre la Justicia en España se ubica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno de los jueces y el encargado de elegir a los magistrados que ocupan los cargos más importantes y decisivos del país. Sus miembros son elegidos por acuerdo entre los dos grandes partidos del país, el Partido Socialista y el Partido Popular.

"Si tuviéramos que hablar de intensidad del manejo del poder judicial, el premio se lo llevaría el Partido Popular"

"Es verdad que el partido socialista tiene una gran parte de culpa en que el sistema de elección de los miembros del consejo general del poder judicial haya desembocado en una degeneración partitocrática mediante cuotas", reconoce García, aunque señala que el Partido Socialista "jamás" en todos los años que estuvo gobernando prolongó la renovación del CGPJ más allá de lo dispuesto en la Constitución. Sin embargo, señala que el Partido Popular ya lo ha hecho en tres ocasiones, la última en la actualidad, cuando su negativa a la renovación ha causado que este órgano lleve ya más de 1.000 días con el mandato caducado. "Si tuviéramos que hablar de intensidad del manejo del poder judicial, el premio se lo llevaría el Partido Popular", resume el jurista.

¿Impunidad de la Policía?

García relata los problemas que cree que se cuecen en el seno del aparato policial español. Opina que la mayoría de agentes no tienen nada que ver con irregularidades ni con corrupción y cree que el problema radica en los "núcleos de Policía de seguridad ciudadana y antidisturbios".

"Al investigar o juzgar no he sido complaciente. No he mirado para otro lado, he tratado a los policías como si fueran cualquier otro ciudadano", relata sobre su experiencia, que cree que no es común en el seno de la judicatura: "Eso desgraciadamente no pasa, porque una parte importante del poder judicial y de la Fiscalía está muy ligado al subsistema policial y hay mucha complacencia, hay mucho mirar para otro lado, hay mucho trato desigual y muchas condenas benévolas".

En este sentido pone como ejemplo los casos de torturas, donde recuerda que la gran mayoría de policías condenados en firme por este grave delito han sido indultados, lo que genera "desconfianza" en la ciudadanía.

"Una parte importante del poder judicial y de la Fiscalía está muy ligado al subsistema policial y hay mucha complacencia"

García opina que la raíz del problema se encuentra en que tras las últimas etapas de la dictadura franquista y tras la transición no se produjo una renovación de las cúpulas policiales, "que siguieron funcionando con una conciencia de poder autónomo, sin control", según sus palabras.

Durante su carrera ha podido ser testigo de numerosos delitos perpetrados por agentes de Policía. La gran mayoría fueron tratos vejatorios y humillantes verbalmente. También ha llevado casos de maltrato físico y de tortura punitiva, así como casos de corrupción policial.

El exmagistrado se muestra muy crítico con la presunción de veracidad de los agentes. "En el ordenamiento jurídico español vigente en el ámbito sancionador gubernativo, como la 'ley mordaza', la palabra de un Policía tiene una presunción de veracidad", ilustra García, que apunta que se trata de algo que "se va proyectando también al orden penal".

El agujero de los CIE

Entre los años 2009 y 2018 García de Dios fue juez de control de los Centros de Internamiento para Extranjeros, a los que define como "centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial".

"Se interna y se priva de libertad, en unas condiciones peores que las prisiones, a personas que no han cometido ningún tipo de delito", cuenta el jurista. Entre los internados se encuentra personas migrantes en situación irregular de origen, pero también inmigrantes cuya situación irregular ha sido sobrevenida, es decir, "que caen en la irregularidad después de llevar años en España, simplemente porque pierden un contrato de trabajo", relata.

"Se interna y se priva de libertad, en unas condiciones peores que las prisiones, a personas que no han cometido ningún tipo de delito"

García afirma que el proceso provoca un "sufrimiento intenso", tanto al de origen, "que se acaba de jugar la vida en una patera, que su proyecto migratorio se ve hundido y no entiende que lo encierren", como a los irregulares sobrevenidos, que "incluso tiene familia en España y ha tenido arraigo en el país". Resalta que las personas internadas no lo son por haber cometido delitos.

El exmagistrado refrenda su descripción como "espacios de opacidad" con el hecho de que la Dirección General de la Policía y la Comisaría General de Extranjería "no han permitido jamás a la prensa entrar en los CIES", algo que sí se ha permitido en las prisiones.

Los CIE fueron creados en 1985 y, sin embargo, no fue hasta 2009 cuando se crearon figuras de control de las actuaciones policiales en su interior. "Eso refuerza la sensación de poder autónomo, arbitrario y discrecional de la Policía", argumenta García.

Para este jurista los CIE son un instrumento de las políticas de control migratorio, tanto del Estado español, como de la Unión Europea (UE), "que no facilitan la existencia de vías legales y seguras para encauzar tanto los flujos migratorios como los de refugio y asilo".

Para conocer todos los detalles de las opiniones de este juez sobre el sistema judicial español, el subsistema policial y el funcionamiento de los Centros de Internamiento para Extranjeros, les invitamos a ver la entrevista completa.