España, la memoria enterrada

80 años después del comienzo de la guerra civil española (18 de julio de 1936), el conflicto que comenzó con una sublevación militar contra la república española y que desembocó en la instauración de la dictadura fascista del general Francisco Franco, a día de hoy aún se intenta identificar y cuantificar las miles de víctimas mortales asesinadas por los militares sublevados durante la guerra y luego durante la represión franquista, puesto que, a diferencia de las víctimas causadas por el bando republicano, estas fueron ignoradas durante los casi 40 años de dictadura.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, elaboró hace dos años un informe sobre el caso español, en el cual denuncia que "un país como España no puede seguir midiendo la fortaleza de su democracia a partir de su capacidad para silenciar temas como su pasado reciente. Una ausencia de política de Estado que se traduce, por ejemplo, en el hecho de que oficialmente solo hay un censo", el que se ha utilizado en este mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia, con más de 2.000, de las cuales la mitad está en Aragón y Andalucía.

El fenómeno de "los trece de Priaranza"

A raíz de la exhumación en el año 2000 de una fosa común en la que se localizó a los hoy conocidos como 'los trece de Priaranza', en la localidad de Priaranza del Bierzo (provincia de León), comenzó todo el proceso científico de identificación de fosas en España sobre el que escribió el periodista Emilio Silva Barrera en el artículo 'Mi abuelo también fue un desaparecido', publicado en el diario 'La Crónica de León'. Este artículo marcó el principio de un movimiento social que llevó a miles familiares y amigos de desaparecidos durante el conflicto civil a interesarse por el trabajo de búsqueda de fosas comunes en España.

"Yo creo que lo que estaba previsto era que la generación de mi padre se hubiera muerto sin hablar, sin contar lo que sabían", explica Emilio Silva. "De pronto, cuando en el 2002 hacemos un campo internacional de trabajo y vamos a pedir ayuda a las Naciones Unidas (ONU), esto hizo que muchas familias se interesaran por lo que estábamos haciendo", lo que provocó una especie de "pequeño 'Big Bang'", aclara el periodista y actual presidente de Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El médico forense Francisco Etxeberria, presidente de la sociedad de ciencias Aranzadi y director del grupo de trabajo constituido para el estudio de los desaparecidos y las fosas comunes de la Guerra Civil, explica que la razón por la que durante tantos años se ha pospuesto la investigación de los crímenes de Franco es porque "a veces algunos aprovechan este argumento de la neutralidad diciendo que no, 'esto es una cuestión política', 'esto es una manipulación', 'esto es de otros'".

Además de esa "neutralidad", se encuentra también el factor social relacionado con la ruptura del silencio y del miedo a localizar las fosas comunes y las víctimas que en ellas se hallan. Un ejemplo de ello lo relata el historiador Alejandro Rodríguez, quien explica que cuando se empieza a trabajar en la localización de fosas, muchos de los vecinos de la zona no quieren reconocer que están al corriente de su ubicación. "En el momento en el que aparecen esos restos, que se visibiliza esa fosa, viendo que no ocurre absolutamente nada, todo el mundo cuenta lo que ellos conocían".

114.226 es la única cifra de desaparecidos víctimas del franquismo documentada hasta la fecha en España y es producto de la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón antes de ser expulsado de la Audiencia Nacional. Aunque la cifra ha sido cuestionada por quienes creen que la recopilación de datos por parte de asociaciones, historiadores y ciudadanos no fue precisa, otros destacan que, al margen del número exacto, España es el segundo país del mundo después Camboya con más víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.

Igualmente, en la posguerra, durante la dictadura franquista, en España se empleó a más de 400.000 presos políticos que, en condiciones extremas, estaban distribuidos en campos de concentración dentro de un sistema de explotación sistemática. Es imposible saber la cantidad de muertos que dejó este sistema tras de sí durante años en sectores como el de la minería o la construcción, pero está claro que el Estado franquista fue el mayor beneficiado, junto a la Iglesia, los terratenientes y empresas privadas que en la actualidad siguen cotizando en la Bolsa española.