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Países miembros
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica esta siendo negociado entre EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.
¿Qué es el TPP y qué implica?
El TPP constituye el mayor acuerdo comercial regional de la historia, que englobaría a un 40% de la economía mundial bajo un nuevo marco normativo para el comercio y se está negociando a puerta cerrada.
De acuerdo con los documentos filtrados, los 12 países ribeños del Pacífico están tratando de eliminar todas las barreras al comercio, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos.
Además, a pesar de denominarse tratado de libre comercio, no solo abarca temas comerciales, sino también aspectos sobre la libertad de Internet, los derechos de autor, la protección de patentes o la salud.
De esta forma, el acuerdo podría exigir a los países miembros adoptar normas laborales y ambientales más estrictas, limitaría la libertad de acceso a Internet, obligaría a los proveedores a suprimir contenidos a instancias de los propietarios de los derechos de autor, proporcionaría protecciones legales más fuertes a las compañías farmacéuticas y otorgaría a los inversores extranjeros una nueva forma de desafiar las leyes y las regulaciones nacionales, entre otros.
¿Qué amenazas supone este acuerdo secreto?
Numerosos expertos no dejan de advertir de las graves consecuencias económicas, políticas y sociales que podría acarrear la aprobación de este acuerdo al afectar a la libertad de expresión de los ciudadanos y al derecho de naciones soberanas a desarrollar políticas y leyes que respondan a sus prioridades nacionales.
Un documento descubierto recientemente por WikiLeaks reveló que el acuerdo no parece entrañar nada bueno. De forma concreta, esta señala que el TPP fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales y además permitiría a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes.
Además, a diferencia de lo prometido por la Administración Obama, el acuerdo refuerza y amplía el sistema legal de solución de controversias inversor–Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) y eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos. A tenor de esto, la senadora estadounidense Elizabeth Warren sostiene que "si la versión final del acuerdo sobre el TPP incluye al ISDS, los únicos ganadores serán las corporaciones multinacionales".
Según Lori Wallach, una de los líderes del grupo estadounidense Public Citizen para la defensa del derecho del consumidor, otro punto preocupante del tratado es la creación de un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales y anulan la voluntad de los parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren. Según la activista, esta medida destruirá por completo la legislación y pondrá en peligro los derechos fundamentales que habitualmente proporcionan los Estados democráticos.
¿Cuál es el estado actual del acuerdo?
El 5 de octubre de 2015, EE.UU. y los otros 11 países ribereños del Pacífico llegaron finalmente a un acuerdo sobre el TPP. Es posible que el texto del acuerdo, que se ha estado negociando desde hace casi ocho años, tarde un mes en estar disponible.
Entre los últimos puntos de desacuerdo se encontraban las protecciones comerciales para los medicamentos avanzados de los fabricantes, la voluntad de tener unos mercados más abiertos para los productos lácteos y el azúcar, así como una lenta eliminación de los impuestos de los automóviles japoneses vendidos en EE.UU.
Tras meses de acalorados debates en las cámaras del Congreso de EE.UU., el pasado 24 de junio el Senado estadounidense aprobó la ley que otorga al mandatario Barack Obama el derecho a acelerar las negociaciones sobre los pactos de comercio libre, entre ellos, el TPP. Así, esta 'vía rápida' obliga a los congresistas de EE.UU. a aprobar las leyes propuestas por el presidente sin la posibilidad de introducir cambios.