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"Lo único que le pido es un hueso de mi padre": exhuman en España a una víctima del franquismo

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En España han comenzado los primeros trabajos de exhumación de un represaliado por el franquismo a petición de una jueza argentina. La magistrada lleva a cabo desde el año 2010 una investigación penal sobre las violaciones de derechos humanos por la dictadura de Francisco Franco. Presenciando esas labores ha estado Ascensión Mendieta, de 90 años, hija de un sindicalista fusilado.
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En España han comenzado los primeros trabajos de exhumación de un represaliado por el franquismo a petición de una jueza argentina. La magistrada lleva a cabo desde el año 2010 una investigación penal sobre las violaciones de derechos humanos por la dictadura de Francisco Franco. Presenciando esas labores ha estado Ascensión Mendieta, hija de un sindicalista fusilado.

Es la emoción de quien está a punto de cumplir el sueño  de toda una vida. Ascensión, de 90 años, lleva mucho tiempo luchando junto a su familia para poder dar sepultura a los restos de Timoteo, su padre. Fusilado en el año 39, en plena represión franquista, Ascensión sigue recordándole como la niña de 13 años que vivió la detención de su padre.

"Era una persona buenísima y en seguida que acabó la guerra a los cuatro día,  lo metieron en la cárcel lo trajeron aquí y ya no le hemos visto más", contó Ascensión Mendieta, hija del hombre represaliado por la dictadura franquista.

A Timoteo Mendieta le, padre de 7 hijos, le condenaron por ser secretario general de un sindicato en un pequeño pueblo español de Guadalajara. Le enterraron en una fosa común en un cementerio, junto a otras 21 personas. Las exhumaciones se están realizando bajo la supervisión del juzgado de la localidad.

...mi abuelo, si sale, es porque mi madre ha movido en la justicia universal, en la justicia argentina, la salida de los restos de su padre

"Tienen que salir todos. Estos, los que estén en el cementerio, los que estén en toda España, que salgan, pero mi abuelo, si sale, es porque mi madre ha movido en la justicia universal, en la justicia argentina, la salida de los restos de su padre", dijo a RT la nieta del represaliado, Chon Vargas.

En 2013 Ascensión cumplió 88 años en un vuelo Madrid-Buenos Aires. Su único deseo: reclamar ante la justicia argentina aquellos derechos que le habían sido negados en su país. Ascensión declaró ante la jueza María Servini, quien investiga las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista. Ana Mesutti, representante legal de las víctimas, recuerda así aquel momento.

"Cuando la jueza les dio la palabra fue la primera que se levantó y le dijo: yo lo único que le pido señora juez es un hueso de mi padre. No me quiero morir sin llevar conmigo un hueso de mi padre", recordó. Se trata de una petición que ha costado informes técnicos, dos exhortos y dos años de espera. Según Messutti, haber conseguido las exhumaciones tiene un enorme valor histórico y judicial.

Dada la complejidad de los trabajos, las labores de exhumación duraran entre 9 y 14 días. Al frente del equipo, el arqueólogo René Pacheco, experto en exhumaciones de este tipo y perteneciente a la asociación para la recuperación de la memoria histórica. Junto a él, múltiples voluntarios debido a que estas tareas están sufragadas por la propia asociación.

"Llama mucho la atención que haya tanta gente en este lugar. Cuando abrimos una fosa común llegamos al lugar y normalmente no hay nadie. Debería ser así en todos los casos, los ayuntamientos deberían implicarse, la justicia debería estar implicada pero  lamentablemente eso en este país no pasa", subrayó el arqueólogo.

 "La situación es de un desamparo para los familiares sobre todo porque nosotros no nos planteamos si la asociación tiene que tener más o menos recursos sino que quién atiende a estos familiares que están  desamparados ante un estado que mira para otro lado", aseveró el portavoz de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Bonifacio Sánchez. 

Los resultados de las exhumaciones se añadirán a la causa abierta en Argentina desde el año 2010, tras la presentación de una querella por parte de la ARMH. La denuncia supuso una petición por parte de Servini para extraditar a una veintena de cargos franquistas, algo a lo que el gobierno español se sigue oponiendo.

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