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Activista: El Gobierno español tiene rasgos típicos de totalitarismo
Respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya aprobación ha sido aplazada este viernes, el portavoz de Juventud sin Futuro, Eduardo Fernández Rubiño, opina que el Gobierno de España se encuentra actualmente entre la espada y la pared.
Por un lado, comenta Fernández a RT, el Gobierno necesita esta ley para parar a los ciudadanos y detener las protestas, pero, por otro lado, sabe que la medida puede provocar que la situación se les vaya de las manos, porque –explica–
ha habido mucha reacción y mucha polémica en torno a la intención del Gobierno de coartar las libertades de los ciudadanos.
A juicio del portavoz, el hecho de que el proyecto de la ley prevea prohibir fotografiar a agentes de Policía "deja a los manifestantes sin el mejor recurso que tienen para protegerse de las agresiones policiales que han ocurrido durante todo este último periodo de manifestaciones". "Dejar a los manifestantes sin este recurso es dejar a la ciudadanía vulnerable ante la represión y ante la actuación de cualquier policía", reitera Rubiño, que agrega: "Esto en democracia no puede hacerse."
El activista opina que la represión y los recortes sociales "son dos caras de la misma moneda", pues –dice–, como el Gobierno no puede controlar la situación, tiene que hacer estos ajustes y "nos está quitando derechos constitucionales y sociales por los que tanto tiempo lucharon las generaciones pasadas".
Rubiño considera que cada vez va a haber más y más represión: se limitará la libertad de prensa, se impedirán las manifestaciones y sancionarán a todos los disidentes políticos. "Es la característica principal de un régimen totalitario perseguir a los disidentes políticos y atacarlos, multarlos, e impedir la participación de la prensa", enfatiza.
"Creo que las redes sociales y la ciudadanía están dándose cuenta de que la democracia en este país se está deteriorando día tras día. Cuando los ciudadanos salimos a la calle para pedir más democracia, el Gobierno nos está contestando con más dictadura: dictadura de los mercados y de la élite política y económica", concluye.
Este viernes la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana ha sido aplazada previsiblemente hasta la próxima semana. Fuentes del Ministerio del Interior de España han desvinculado el aplazamiento de la polémica generada tras conocerse algunos detalles del articulado, como la posibilidad de sancionar con 600.000 euros las concentraciones no autorizadas ante el Congreso de los Diputados o la de imponer una multa de 30.000 euros a quien insulte a un policía.
A juicio del portavoz, el hecho de que el proyecto de la ley prevea prohibir fotografiar a agentes de Policía "deja a los manifestantes sin el mejor recurso que tienen para protegerse de las agresiones policiales que han ocurrido durante todo este último periodo de manifestaciones". "Dejar a los manifestantes sin este recurso es dejar a la ciudadanía vulnerable ante la represión y ante la actuación de cualquier policía", reitera Rubiño, que agrega: "Esto en democracia no puede hacerse."
El activista opina que la represión y los recortes sociales "son dos caras de la misma moneda", pues –dice–, como el Gobierno no puede controlar la situación, tiene que hacer estos ajustes y "nos está quitando derechos constitucionales y sociales por los que tanto tiempo lucharon las generaciones pasadas".
Rubiño considera que cada vez va a haber más y más represión: se limitará la libertad de prensa, se impedirán las manifestaciones y sancionarán a todos los disidentes políticos. "Es la característica principal de un régimen totalitario perseguir a los disidentes políticos y atacarlos, multarlos, e impedir la participación de la prensa", enfatiza.
"Creo que las redes sociales y la ciudadanía están dándose cuenta de que la democracia en este país se está deteriorando día tras día. Cuando los ciudadanos salimos a la calle para pedir más democracia, el Gobierno nos está contestando con más dictadura: dictadura de los mercados y de la élite política y económica", concluye.
Este viernes la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana ha sido aplazada previsiblemente hasta la próxima semana. Fuentes del Ministerio del Interior de España han desvinculado el aplazamiento de la polémica generada tras conocerse algunos detalles del articulado, como la posibilidad de sancionar con 600.000 euros las concentraciones no autorizadas ante el Congreso de los Diputados o la de imponer una multa de 30.000 euros a quien insulte a un policía.
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