Se trata de una de las normas más debatidas recientemente en España. La nueva ley clasifica como "muy graves" las reuniones no comunicadas en infraestructuras de servicios públicos e impone multas de hasta 600.000 euros.
Además, una de las principales consecuencias de la ley consiste en que las infracciones reguladas por el Código Penal del país pasarán a ser medidas administrativas. Por lo tanto, la decisión definitiva en cada caso no la tomará el juez sino la autoridad administrativa correspondiente.
La nueva norma legaliza también las 'devoluciones en caliente', es decir, la devolución inmediata de aquellos inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera para entrar en España.
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La oposición en el Congreso, encabezada por el PSOE, calificó la nueva ley de una "derogación de derechos constitucionales, tales como el de manifestación y reunión". Al mismo tiempo, en rechazo a la aprobación de la 'ley mordaza', la plataforma social No Somos Delito ha difundido un comunicado en el que pide la dimisión de los ministros de Interior y de Justicia del país.
"Es una reforma que va en contra de los pobres, en contra de las personas que ejercen su derecho a la protesta contra las decisiones del Gobierno. Una ley que va en contra de los colectivos que no les interesa este Gobierno", aseguró a RT el portavoz de la plataforma, Carlos Escaño.
"Están restringiendo de forma progresiva las libertades en el Estado español. La aprobación de esta reforma está orientada a generar miedo: miedo a la ciudadanía que se exprese libremente, miedo a ejercer los derechos que son propios de cada una de las personas de este país. Es muy peligroso porque eso es fundamental para cualquier Estado de derecho", concluyó el activista.
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