A mediados del año 2012, abogados del Departamento de Justicia estadounidense redactaron dos memorandos secretos en los que permitían a la agencia de espionaje NSA comenzar "la caza" de pruebas de piratería informática maliciosa, sin orden judicial y en suelo norteamericano, para aquellos datos vinculados a las intrusiones informáticas procedentes del extranjero, informa 'The New York Times'.
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Debido a que la NSA debía de tener evidencias firmes de que determinados 'hackers' estaban trabajando para una potencia extranjera antes de poder realizar sus labores de espionaje, la agencia se quejó ya que ello suponía "una enorme brecha en cuanto a la recopilación [de datos] contra las ciberamenazas a la nación". Los documentos describen la expansión de las capacidades de vigilancia masiva de la organización como una de las "prioridades" de su director Keith Alexander.
Las revelaciones, basadas en documentos proporcionados por el excontratista de la NSA y la CIA Edward Snowden, llegan en un momento de ciberataques sin precedentes sobre instituciones financieras, empresas y agencias de Gobierno de EE.UU., así como de gran escrutinio de las justificaciones legales secretas de la vigilancia del Gobierno en general.
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Las actividades de la NSA "son una bofetada a los terrenos de la aplicación de la ley", afirma Jonathan Mayer, erudito de la seguridad cibernética de la Escuela de Derecho de Stanford que ha revisado varios de los documentos. "Esta es una decisión política importante sobre cómo estructurar la ciberseguridad en EE.UU. y no una conversación que se haya mantenido en público", sostiene.