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"Es un robo": Irán no reconoce la decisión de EE.UU. que lo obliga a pagar 2.000 millones de dólares
Teherán no reconoce la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que condena a Irán a pagar 2.000 millones de dólares a víctimas de los atentados de 1983.
Teherán no reconoce la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor de la ley que permite a las víctimas del terrorismo y sus familias recibir en compensación cerca de 2.000 millones de dólares de los fondos del Banco Central de Irán, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif.
"El Gobierno de Estados Unidos es muy consciente de que, tratando de sacar provecho de los activos de Irán, EE.UU. será responsable ante el pueblo de Irán", señaló Zarif. "Como hemos dicho anteriormente, no reconocemos la decisión judicial de Estados Unidos y el Gobierno de Estados Unidos lo sabe", agregó, según cita la agencia iraní IRNA.
"Es una burla del derecho internacional"
"Esta decisión es una burla del derecho internacional", sostuvo a su vez un representante del Ministerio, Hossein Jaberi Ansari, agregando que "esto equivale a una apropiación de propiedades de la República Islámica de Irán". "Esto es un robo", concluyó.
El Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó este miércoles que Irán debe pagar cerca de 2.000 millones de dólares en compensación a los familiares de los 241 marines que murieron en un ataque terrorista en 1983 en Beirut, así como a las víctimas de otros ataques que los tribunales han vinculado a Teherán.
Esto equivale a una apropiación de propiedades de la República Islámica de Irán
Los cuarteles de las fuerzas de paz estadounidenses situadas en Beirut fueron objetivo del ataque el 23 de octubre de 1983. En total murieron más de 300 cascos azules que estaban llevando a cabo una misión de las Naciones Unidas durante la guerra civil en el Líbano.
Más de 1.000 estadounidenses exigieron una compensación por el ataque terrorista. Según estiman, Irán participó de la organización del mismo.
En una decisión tomada por seis votos contra dos, el Tribunal ha dictaminado que el Congreso había actuado dentro de sus competencias cuando aprobó una ley en 2012 que otorgó a las víctimas involucradas en el caso el derecho de ser compensadas por las pérdidas con los fondos congelados vinculados al Banco Central de Irán. La legislación indicaba que los activos del banco dentro de EE.UU. iban a ser entregados a las familias de las víctimas.
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