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Turquía tras el intento de golpe de Estado: cementerios para traidores

Publicado: 21 jul 2016 20:07 GMT

Ante el anunció del presidente turco de su intención de restablecer la pena de muerte, el alcalde de Estámbul anunció la creación de un "cementerio para traidores".

Flickr / orientalizing
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La contraofensiva del gobierno turco luego de la fallida sublevación militar del 15 de julio parece no tener tope. El anuncio más llamativo ha sido el que realizó Recep Tayyip Erdogan, planteando la posibilidad de que la pena de muerte este incluida como posible sanción dentro de la legislación del país.

"El pueblo ahora, tras tantos incidentes terroristas, cree que estos terroristas deberían morir", afirmó el jefe de Estado. Asimismo se preguntó: "¿Por qué tengo que mantenerlos y alimentarlos en cárceles durante años?".

La pena de muerte fue abolida en Turquía en el año 2004 y no se aplicaba desde 1984. Sin embargo ahora parece ser la solución que las autoridades encontraron para sancionar a los golpistas. De hecho, el alcalde de Estámbul fue más allá y anunció la creación de un "cementerio de traidores".

Un lugar donde la gente pueda maldecir

Si bien la propuesta del municipio de la ciudad europea de Turquía puede sonar extraña, en realidad responde a una problemática surgida tras el golpe. La mayoría de los cementerios se rehúsan a recibir los cuerpos de personas implicadas en el alzamiento contra el gobierno.

Incluso la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) emitió un comunicado diciendo que no ofrecería los servicios funerarios religiosos para los participantes del golpe, excepto aquellos que habían sido arrastrados "por la fuerza".

Por eso el alcalde Kadir Topbas propuso la asignación de un espacio para el descanso final de los golpistas, donde "los transeúntes puedan maldecirlos". Topbas añadió: "Pedí un espacio para que sea llamado 'el cementerio de los traidores".

Críticas mundiales

Estos anuncios del gobierno turco han desatado fuertes cuestionamientos a nivel internacional. Carlos Escaño, portavoz y responsable de la campaña contra la pena de muerte de Amnistía Internacional, declaró a RT que "reprimir la disidencia y amenazar con restablecer la pena de muerte no es hacer justicia". Por ese motivo pidió "a las autoridades turcas contención y respeto al Estado de Derecho a la hora de hacer las investigaciones necesarias, y juicios con debidas garantías para todas las personas detenidas. Y por supuesto, la puesta en libertad para todas aquellas contra los que no se tengan pruebas concretas". 

"Las declaraciones del presidente sobre la imposición de la pena de muerte son un motivo de gran preocupación", añadió Escaño. Al respecto explicó que aprobar este tipo de sanción implicaría "una violación de los convenidos de derechos humanos, en los que Turquía es estado parte e, incluso, de las protecciones contenidas en su propia Constitución".

Por su parte el canciller francés, Jean-Marc Ayrault, consideró que el fallido de golpe de Estado no supone un "cheque en blanco" y exigió que funcione "plenamente el Estado de derecho". Similar fue el planteo del secretario de Estado de los EE.UU., John Kerry, quién llamó a Erdogan "a no llegar tan lejos como para crear dudas sobre su compromiso con el proceso democrático".

Detenciones, despidos y censura

Además del intento de aplicar la pena de muerte -algo que dependerá del Parlamento- el gobierno de Erdogan no ha perdido el tiempo y ha aplicado diversas medidas. Así, por ejemplo, declaró el estado de emergencia por tres meses.

También se ha llevado a cabo la detención de 11.000 personas -la mayoría militares-; han perdido su trabajo otras 60.000 acusadas de tener relación con el golpe o acciones subversivas de distinta índole; y se han cerrado medios de comunicación.

Según la Agencia semiestatal Anadolu 620 instituciones académicas han sido cerradas, 21.000 maestros han sido despedidos, 1.600 decanos universitarios obligados a renunciar y 15.200 funcionarios del ministerio de Educación han quedado en la calle.

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