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¿Garantizar tierras a los indígenas puede generar dinero?
Una ONG calcula en dólares los beneficios de la propiedad indígena sobre la tierra y sobre el cambio climático. Académicos venezolanos alertan sobre la expansión de las fronteras mineras.
Un reciente documento, publicado por la Organización No Gubernamental World Resources Institute (WRI), indica que asegurar a los indígenas de la Amazonía la tenencia de la tierra, puede generar una rentabilidad que "oscila entre 523.000 millones de dólares a 1,165 billones de dólares en las próximas dos décadas", publica el diario 'El Espectador'.
Auguran que esa acción, aplicada en zonas de "la Amazonía de Bolivia, Brasil y Colombia", debe redundar en beneficios económicos y climáticos.
"Las tierras indígenas con tenencia asegurada pueden reducir la deforestación y absorber el carbono, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudando a frenar el cambio climático", indica la ONG citada por el diario.
WRI no oculta que en su propuesta "hay una clara motivación económica en asegurar que los pueblos indígenas tengan derechos seguros sobre sus tierras. Garantizar la tenencia de la tierra no solo es lo correcto, es una de las estrategias de mitigación del cambio climático más rentables del mundo", son declaraciones Andrew Steer, presidente de WRI.
¿Descubrimiento?
La información publicada en el rotativo, señala que los beneficios económicos "fueron calculados a partir de un 'descubrimiento' de la organización internacional". Consideran que cuando los pueblos originarios "tienen asegurados sus derechos sobre la tierra, las tasas de deforestación y las emisiones de carbono en esos territorios a menudo descienden significativamente".
Los costos para fijar los derechos a la tierra, dice el reporte, "representan menos del 1% de los beneficios económicos totales" y que llaman a los países del mundo para "frenar la deforestación y reducir las emisiones".
Depende del planteamiento
El reconocido antropólogo, lingüista venezolano, Esteban Emilio Mosonyi, dijo a RT que "indudablemente, el planeta sale ganancioso si se conservan zonas ecológicamente sustentables, porque acrecientan el volumen de agua potable y de biodiversidad, si no se intervienen esas espacios con un criterio desarrollista. Si ese es el planteamiento sin duda es un beneficio no intervenir es esas zonas".
Para este académico que habla más de 50 lenguas entre ellas las indígenas, estamos presenciando "la última fase de ocupación del planeta" que se caracteriza por un avance vertiginoso del desarrollismo.
"Por esa razón me he opuesto al llamado Arco Minero (de Venezuela) y soy contrario a cualquier tipo de acciones que vulneren las zonas ocupadas por los pueblos indígenas. Espacios que deben ser preservados para que continúen viviendo bajo sus costumbres y culturas", indica Mosonyi.
Los peligros
Pensando en la Amazonía, el profesor universitario venezolano Alexander Luzardo Nava, autor de las normas ambientales de la constitución de 1999, consultado por RT opina que "la expansión de las fronteras mineras es el mayor peligro que tiene el Amazonas. Las últimas fronteras forestales del planeta están amenazadas por el extractivismo y creo que el rentismo minero es peor que el petrolero".
Formalmente, observa, la mayor parte de las constituciones de Latinoamérica, "garantizan los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a la tierra que habitan. Los hizo Brasil en 1988, Colombia en 1991 y Venezuela en 1999, por citar 3 ejemplos". Razón por la cual, la propuesta de la ONG (sin referirse a la ganancia económica) no le resulta novedosa.
"En primer lugar", detalla, "porque el moderno derecho constitucional de América Latina" consagra como derechos constitucionales, los de los indígenas; en algunos casos tienen leyes desarrolladas sobre esa materia. "El problema que afrontan algunos Estados es en la aplicación de esas normativas", dijo Luzardo.
Amarrados
Agrega que, algo que no se cita en el informe de la ONG es que "no hay derechos indígenas asegurados, sino se aseguran también los derechos ambientales, ambos derechos están amarrados". Para él, "no existen derechos indígenas antropocéntricos".
Luzardo Nava cree que es una obligación de los Estados Nacionales, "articular esos derechos que son transgeneracionales, como por ejemplo el derecho al agua que es de todas las generaciones y de todas las especies".
Por último, el profesor venezolano coincide con que debe asegurarse la tierra para esas poblaciones que las han ocupado ancestralmente, "que se les permita el desarrollo de su cultura en aquellos ecosistemas frágiles, que no son aptos para grandes desarrollos, como la minería a gran escala".
Ernesto J. Navarro
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