¿Saldo de una paz dilatada? Aumentan los asesinatos a líderes sociales en Colombia
Cuando el dirigente social Hugo Cuellar salía del velorio del líder campesino Elrey Monroy, asesinado el pasado viernes, unos sicarios le dispararon a matar. Pero sobrevivió.
Tanto Cuellar como Monroy formaban parte de la Ascal G, una organización campesina San Vicente del Caguán, al sur de Colombia, dedicada a la defensa de los derechos humanos y ambientales. Los atentados ocurrieron las semana pasada y se suman a la lista de acciones violentas que ha crecido este año, pese a que está vigente el cese al fuego entre el gobierno y la guerrilla.
La situación ha puesto en alerta a Naciones Unidas. Una comisión de DDHH del organismo multilateral se movilizó el fin de semana a los departamentos de Caquetá y Nariño para esclarecer los homicidios en la zona. Dirigentes campesinos como Carlos Vargas Serna, presidente de Ascal G, denunciaron ser víctimas de persecución política y exigieron al gobierno que les diera protección.
En octubre pasado, el triunfo del "no" en el plebiscito puso en jaque la implementación del acuerdo alcanzado, por lo que inició una segunda negociación que incluyó algunos puntos propuestos por los adversarios políticos del presidente Juan Manuel Santos. El segundo intento aún no ha sido completamente validado por la oposición ni se ha definido el mecanismo de refrendación. En ese limbo, sin embargo, las acciones armadas no paran de derramar sangre en los territorios históricamente afectadas por el conflicto. ¿Puede ser el preámbulo para la agudización de la guerra?
El miedo campea
Este año, refiere la revista Arcadia, 70 defensores de derechos humanos han sido asesinados y 30 de ellos fallecieron después de declarado el cese al fuego. Para el sociólogo colombiano Alfredo Molano, entrevistado por esa misma publicación, el fenómeno "es la continuación de los asesinatos de la UP (Unión Patriótica)".
"Siento que es posible que vuelva nuevamente a una especie de guerra fría, de fortalecer esa idea de seguridad nacional y del enemigo interno y que estos sean los primeros pasos de eso", advirtió Molano, recientemente laureado con el premio Simón Bolívar de periodismo.
La UP fue un partido de izquierda víctima del 'genocidio' en Colombia. Más de 4.000 de sus militantes fueron exterminados hace tres décadas, justo cuando transcurrían las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Belisario Betancourt. El saldo mortal contra esa tolda política incluyó el asesinato de dos candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales y dirigentes de base, refiere El Tiempo.
Por eso, dirigentes de la UP como Aida Avella insisten en la necesidad de que un nuevo acuerdo se firme e implemente pronto para frenar la ola de violencia que amenaza a los dirigentes sociales. "En la semana pasada me sentí en los años 88, 89, 90 y 93 cuando asesinaban tanta gente (...) Todos los días de la semana pasada recibimos comunicaciones de que había amenazas y asesinatos", dijo entrevistada por C&M. Para ella, la estampida de terror es parte de un plan.
La asociación de cabildos indígenas de San Vicente del Caguán emitió un comunicado para alertar que la zona, aunque es de las más militarizadas del país, está en riesgo por "los vacíos de poder que van quedando" con las desmovilización de la guerrilla "y que muy seguramente van a ser ocupados por los grupos paramilitares".
¿Y el acuerdo?
Varios medios colombianos aseguraron el lunes pasado que estaba próxima la firma del segundo acuerdo de paz. Pero el acto de rúbrica aún no ocurre. Voceros de la oposición no están contentos con las modificaciones, como es el caso del expresidente Andrés Pastrana, que las calificó de "cosméticas".
Los jefes de la guerrilla se encuentran en Bogotá no sólo con la expectativa de signar el nuevo acuerdo, sino para esclarecer el asesinato de dos miembros del grupo insurgente, asesinados este mes. En tanto, el presidente Santos anunció este martes varias medidas para ponerle coto a la violencia contra los líderes sociales y enfatizó que mientras más se postergue el acuerdo, la situación se agravará.
"Estos hechos son una evfidencia palpable y dramática de los riesgos que la incertidumbre nos trae sobre la implementación de los acuerdos de paz", sostuvo Santos, citado por Semana. El lunes, al término de una reunión entre el gobierno y los voceros del "no", no hubo consenso sobre el documento final. Por lo pronto, en Colombia el fin de la guerra sigue en stand by.
Nazareth Balbás