Fatou Bensouda es la primera mujer al frente de la Corte Penal Internacional (CPI), el único organismo internacional permanente destinado a juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Cuando asumió el cargo en 2012, después de que el argentino Luis Moreno cumpliera su mandato oficial de nueve años, anunció que iba a trabajar "con y por las víctimas de conflictos masivos y terribles".
Cuatro años después, en una entrevista concedida a 'El Confidencial', la fiscal jefe del CPI se muestra "totalmente convencida" de lo que hace y subraya que ejerce su trabajo "siempre con independencia, sin miedos o favores": "Mi máxima es la justicia", subraya.
Y así lo ha demostrado con su último informe, probablemente el más controvertido de todos, en el que denuncia que las fuerzas armadas estadounidenses y la agencia de inteligencia CIA habrían cometido crímenes de guerra en Afganistán, entre los años 2003 y 2004.
No obstante, se trata de un documento que recoge los exámenes preliminares, la etapa previa al inicio de una investigación que podría concluir en un proceso judicial. "Primero debemos concluir los estudios para determinar qué tipos de crímenes fueron cometidos, la gravedad de los mismos, el interés que tiene eso para la justicia y si está en beneficio de las víctimas", explica al citado medio.
De momento, lo que ha anunciado el CPI es que "existe una base razonable que permite creer que, durante el interrogatorio de estos detenidos, miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y de la CIA, recurrieron a métodos constitutivos de crímenes de guerra" durante los años 2003 y 2004, cuando George W. Bush era el presidente de EE.UU.
Para la fiscal, que fue elegida por la revista 'Time' como una de las cien personas más influyentes del mundo en el año 2012, ya es hora de "revisar qué ha pasado durante esos años en Afganistán y de aclarar las cosas".
Nacida en Banjul, capital de Gambia, en el seno de una familia musulmana y cuyo padre ejercía la poligamia, Bensouda, de 55 años, tiene una dilatada carrera en lucha contra las injusticias sociales. Después de estudiar derecho en Nigeria regresó a su país para trabajar como abogada y fiscal, y más tarde como asistente de la ONU en Derecho Marítimo. Pero, sobre todo, destaca su cargo como fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado en 1994 para juzgar el genocidio de la etnia tutsi por parte del Gobierno hutu.
Pero Bensouda también tiene un pasado oscuro: fue asesora legal y ministra de Justicia durante los primeros años de mandato de Yahya Jammeh, actual presidente de Gambia, quien dio un golpe de Estado a mediados de la década de los 90 y que constantemente es denunciado por violaciones de derechos humanos en su país.
Despedida en el año 2000, Bensouda entró a formar parte de la CPI en el 2004 como segunda fiscal, por lo que ya conocía a fondo la institución cuando fue elegida por consenso en 2011 por la Asamblea de los 121 Estados miembros de la Corte para ocupar el cargo de fiscal jefe.
Sin embargo, el informe llega en un momento en el que la institución atraviesa una crisis de credibilidad y necesita demostrar a sus Estados miembros que se trata de un tribunal imparcial en sus decisiones. En los últimos meses, Sudáfrica, Burundi, Gambia y Rusia se han retirado del CPI al considerar que el tribunal tiene una visión sesgada y que solo ha servido para procesar a los líderes africanos, ignorando los crímenes cometidos por otros Estados occidentales.