El Parlamento de Corea del Sur ha aprobado este viernes la ley que permitirá juzgar políticamente a la presidenta del país, Park Geun-hye, implicada en un escándalo de corrupción que ha sacudido al país y mantiene paralizado al Gobierno.
A favor del 'impeachment' se han pronunciado 234 de los 300 diputados, 56 votaron en contra de la moción y 2 se abstuvieron, informa la agencia Yonhap. De esta forma el destino de la presidenta queda en manos del Tribunal Constitucional, que revisará su caso en un período de 180 días.
Tras conocerse la resolución del Parlamento, Park ha dicho que acepta la decisión y ha pedido al gabinete de ministros que haga todo lo posible para minimizar el "vacío gubernamental" con objeto de gestionar con garantías los desafíos económicos y de seguridad a los que se enfrenta el país.
"Acepto la decisión del Parlamento y del pueblo surcoreano (…) A partir de ahora responderé con calma a un juicio en el Tribunal Constitucional y a una investigación independiente de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley", dijo la mandataria, agregando que espera el "fin del caos nacional" provocado por el escándalo en el que se encuentra involucrada.
Para que el proceso de destitución saliera adelante se requería el voto a favor de dos tercios de los 300 escaños de la cámara, lo que implicaba que al menos 28 diputados del partido gobernante dieran la espalda a su líder y votaran a favor.
Aprobada la ley, Park perderá el control sobre las cuestiones de Estado y sus poderes serán cedidos al primer ministro, Hwang Kyo-ahn. Este 6 de diciembre la mandataria ya había aceptado la renuncia al cargo antes del próximo mes de mayo.
- El escándalo político que rodea a la mandataria surcoreana ha dejado su liderazgo en una situación más que precaria y la gobernanza estatal sumida en el caos, lo que está dejando crecientes manifestaciones que piden su renuncia inmediata.
- Geun-hye se enfrenta a acusaciones que apuntan a que presuntamente presionó a varios conglomerados locales para que donasen grandes sumas de dinero a dos organizaciones sin ánimo de lucro y que permitió a su asesora Choi Soon-sil, que nunca ocupó un puesto político, que tuviera acceso a documentación confidencial.