ONU saluda ley mexicana sobre desapariciones pero lamenta la falta de consenso con los familiares
Después de varias décadas en las que miles de personas fueran desaparecidas por instancias del Gobierno mexicano en el periodo histórico conocido como 'Guerra Sucia' (1954-2000) y de que en la actual 'Guerra contra el narcotráfico' existan numerosos indicios del involucramiento de la Policía y el Ejército en diversos casos de desapariciones, por fin se vislumbra una ley destinada intentar reparar a las familias que han sufrido tragedias de este tipo.
El Senado mexicano ha enviado a la Cámara de Diputados la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en la que, por medio de un sistema nacional de búsqueda, se pretende luchar contra un problema que ha sacudido brutalmente a la sociedad mexicana, especialmente después de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el estado sureño de Guerrero en 2014.
De acuerdo con el diario 'El Economista', esta nueva ley establece que el castigo por la desaparición forzada cometido por agentes del Gobierno será de 40 a 60 años de prisión, con multas de entre 754.990 y 1.000.000 pesos mexicanos.
En un reportaje de Radio Fórmula, se informa que la iniciativa tuvo una acogida positiva por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que reconoció los avances para combatir una de las problemáticas más dolorosas y complejas que enfrenta México en el ámbito de los derechos humanos.
La ONU-DH declaró que esta ley ayuda a crear insumos para localizar y determinar el paradero de personas desaparecidas, dar con los responsables y determinar un régimen de sanciones. Sin embargo, la oficina de Naciones Unidas lamentó que no se lograra un consenso con los colectivos de víctimas a la hora de elaborar esta nueva norma.
Lo que opinan las familias de desaparecidos
Por otra parte, 40 colectivos de familias y organizaciones de México y Centroamérica agrupados en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos lanzaron una campaña bajo el 'hashtag' #SinLasFamilasNo e insistieron en la idea de que para que esta ley no sea "letra muerta" debería estar elaborada desde, con y para las víctimas.
Como requisitos para dar su aprobación, el movimiento de familiares requiere que el Estado mexicano reconozca el problema de las desapariciones forzadas en toda su "dimensión y profundidad", que garantice la participación de los familiares en la formulación e implementación de la ley y que esta tenga mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano.
En un comunicado de prensa, las familias aclararon que tienen reservas sobre las capacidades y atributos de la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda, pues esta no contará con una Policía propia y deberá colaborar con las fiscalías mexicanas, unas instituciones ampliamente cuestionadas en el país.
Además, señalan que en el proyecto no se especifica quiénes serán los responsables de encabezar las búsquedas de personas desaparecidas y critican que la ley todavía utilice el término "personas no localizadas", una expresión contraria a lo que recomeniendan los organismos internacionales.
"Ahora toca al Estado demostrar que la estructura que propone va a funcionar. Las familias estaremos atentas que así sea", concluye el comunicado.
Al-Dabi Olvera