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España: el Congreso ratifica el CETA con la oposición de Podemos y la abstención de los socialistas

Publicado: 29 jun 2017 10:45 GMT | Última actualización: 29 jun 2017 17:58 GMT

El acuerdo comercial de la UE con Canadá fue aprobado por el Parlamento Europeo en febrero y está pendiente de su ratificación en los parlamentos nacionales.

Francois Lenoir / Reuters
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El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA, ha sido ratificado este jueves en el Congreso de los Diputados de España con el apoyo de los grupos de la derecha: Partido Popular, Ciudadanos, el PdeCat y el PNV. Por su parte, Unidos Podemos, ERC, Compromís, EH Bildu y Equo han votado en contra del acuerdo, al considerar que no tiene en cuenta el interés público, mientras que los socialistas han optado por la abstención.

Las negociaciones entre la UE y Canadá concluyeron en agosto de 2014, pero el tratado no fue firmado por ambas partes hasta el pasado mes de octubre. En febrero, fue ratificado por el Parlamento europeo, lo que ha permitido su entrada en vigor provisional esta primavera. No obstante, su aplicación no será efectiva hasta que los parlamentos de todos Estados miembros hayan dado su aprobación.

Desde la Comisión Europea, defienden que el tratado tendrá un impacto anual positivo de 12.000 millones de euros en la UE y de 8.000 millones en Canadá. Además, explica que reducirá en un 99% los aranceles recíprocos, lo que, según sus estimaciones, supondrá el ahorro de los 400 millones de euros al año que las empresas europeas pagan anualmente por sus exportaciones a Canadá.

Acto de protesta contra el CETA, conocido como el caballo de Troya del TTIP, durante la votación en el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero / Vincent Kessler / Reuters

Sin embargo, el acuerdo ha suscitado intensas polémicas tanto a nivel nacional como europeo, con numerosas manifestaciones en contra de su aprobación. Desde la campaña estatal 'No al TTIP, CETA y TISA', que en España reúne a más de 350 organizaciones procedentes de todos los ámbitos, denuncian que este tipo de tratados "son pensados por y para las grandes empresas transnacionales", suponiendo "un duro golpe a los derechos y necesidades" de los ciudadanos, así como un "grave ataque al medioambiental y a la democracia".

Los puntos más polémicos del CETA

  • Tribunales privados solo al alcance de las grandes empresas:

El CETA consagra el conocido como mecanismo de arbitraje de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Este mecanismo permite a los inversores extranjeros denunciar a un Estado, ante un tribunal de arbitraje privado, para reclamar una compensación cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Una situación que ocurre, por ejemplo, cuando un Gobierno aplica o modifica una legislación que afecta directamente a los beneficios de las empresas multinacionales.

"Con el ISDS un Estado no puede cambiar las leyes cuando descubre que un elemento es dañino para la salud y decide prohibirlo, porque van a venir las empresas y lo van a demandar por daños y perjuicios. El ISDS va en contra del bien común. La realidad es que están dando más derechos a las empresas multinacionales que al resto de ciudadanos", explicó a RT Cuca Hernández, portavoz de la campaña estatal y miembro de Attac - España, durante el proceso de aprobación del CETA en el Parlamento Europeo.

  • Pone en grave riesgo el 'Principio de precaución':

Este principio consagrado en el Tratado de la UE, que rige en temas como la salud pública y el medio ambiente, protege a los consumidores de las agresivas campañas de la agroindustria, de los grupos farmacéuticos o del sector químico, cuando quieren imponer el uso de tecnologías o la comercialización de productos cuya seguridad no está probada.

Este principio ha llevado a que la UE tenga una regulación más estricta que otros países en el uso de pesticidas en la agricultura o de agentes químicos en bienes de consumo diario, ha limitado la extensión indiscriminada del uso de hormonas en el ganado o de técnicas de minería y extracción energética agresivas.

Sin embargo, Canadá no reconoce este principio. Por ello, ambas partes han acordado una versión debilitada en la que las medidas de precaución solo se adoptarán si son 'rentables'. Según denuncia Greenpece, "esto prioriza los intereses privados de las empresas por encima de los intereses públicos relacionados con la protección medioambiental y los estándares laborales".

  • Pérdida de puestos de trabajo y mayor vulnerabilidad a las crisis financieras:

Según informa la campaña estatal 'No al TTIP, CETA y TISA', existen estudios independientes de los impactos económicos del CETA que aseguran "que se perderán puestos de trabajo", tanto en la UE como en Canadá, y "los beneficios del tratado serán fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad".

El tratado también provocará que ambas partes "sean más vulnerables a las crisis financieras, al producirse una mayor liberalización de los mercados financieros en lugar de regularlos, como empieza a ser urgente y necesario".

Además, tal y como denuncia la campaña, "supondrá una menor recaudación de impuestos de grandes empresas, reduciendo la capacidad de los estados para procurar bienes y servicios públicos, dado que muchas de ellas utilizan paraísos fiscales".

 

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