Ciudad de Buenos Aires: el oficialismo tendrá poder absoluto y aprobará su propio presupuesto

La concentración de poder político acumulado por el oficialismo argentino es enorme: gobierna la nación, la provincia de Buenos Aires (con 16 millones de habitantes) y la capital del país, entre otros distritos. Desde 2005, cuando fue diputado nacional, el presidente Mauricio Macri impulsó una carrera de ascenso incesante que lo llevó a juntar adhesiones en casi todo el territorio argentino. Los resultados de las elecciones legislativas del último domingo confirman su éxito parcial y la Ciudad de Buenos Aires, donde fue gobernador desde 2007 hasta el 2015, no es la excepción. 

Los comicios parlamentarios le garantizaron al macrismo mejorar su posición en el Congreso de la Nación, sumando escaños en las cámaras de diputados y senadores, y en los distintos estamentos representativos distribuidos en el país, por ejemplo la Legislatura porteña. En efecto, el contexto de este establecimiento democrático capitalino es un claro ejemplo para comprender la importancia de las elecciones de medio término en Argentina. 

¿Por qué son importantes las elecciones parlamentarias?

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde el frente Cambiemos deberá acordar alianzas con otros partidos, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no solo controla los cargos ejecutivos; también dominará los debates legislativos para impulsar y sancionar leyes locales. Actualmente, cuenta con 28 bancas a su favor de 60 totales, pero tras los resultados preliminares del 22 de octubre, se espera que la fuerza que responde a Macri alcance los 33 escaños en la capital argentina. Aunque todavía falte el conteo definitivo, es un hecho que esta coalición logrará la mayoría absoluta una vez que los nuevos legisladores asuman sus respectivos cargos, el próximo 10 de diciembre. 

En Argentina se informa poco sobre el rol de esta instancia democrática; muchos electores desconocen que definen cómo se compondrá el Congreso, la Legislatura y otros escenarios representativos. Asimismo, para una importante cantidad de argentinos, los últimos sufragios consistieron simplemente en aprobar o rechazar la gestión de Macri. Sin embargo, no es lo mismo para la Administración de turno gobernar con un Parlamento adverso, intermedio —donde le baste con unas simples alianzas para lanzar nuevas normas— o uno favorable —donde tenga la mayoría de los escaños y las discusiones sean una mera formalidad burocrática—. Este último punto estará presente en la Ciudad para algunos aspectos fundamentales, como por ejemplo: ¿en qué se gasta el dinero público? 

En efecto, para aprobar el presupuesto al Gobierno "le alcanza con 31 votos", confirma el politólogo Joan Vezzato. Entonces, el Ejecutivo presentará su propuesta económica y será el propio oficialismo quien definirá su validez, desde ambos lados del mostrador. Vale recordar que, tras la histórica elección, el macrismo superó el 50% de los votos en la capital, bajo la avasallante figura de Elisa Carrió, quien lideró la lista de candidatos a diputados nacionales y logró un 50,93% parcial. Además, el 'efecto arrastre' hizo que casi la misma cantidad de electores optaran por los candidatos a diputados porteños oficialistas: hasta ahora, el 50,60% los apoyó, es decir que, aproximadamente, solo el 0,33% de los votantes de Carrió eligieron a candidatos de otras fuerzas para la Ciudad de Buenos Aires. 

El presupuesto porteño y su debate inexistente

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1996, establece que el territorio debe estar dividido en 15 comunas, con la intención de evitar la concentración del poder gobernante. Su cumplimiento fue lento; recién en 2005 se trazaron los límites de los barrios en estos pequeños distritos y en 2011 los vecinos votaron por primera vez (con muy poca información) a sus autoridades comunales. La iniciativa no fue impulsada por el macrismo, requirió un fallo del Tribunal Supremo de Justicia porteño, que obligó a las autoridades a lanzar este mecanismo. 

Por otro lado, son muy pocos los ciudadanos que saben que se viola hace 21 años el artículo constitucional más determinante, el 128, donde se expresa que las comunas tienen "competencia exclusiva en la elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, así como su ejecución".

Recién a mediados del año pasado las distintas fuerzas políticas comenzaron a negociar para lanzar una ley que lo contemple, incluyendo la voz de los vecinos para que con asambleas, distribuidas en la ciudad, se defina cómo se gasta el dinero en sus barrios. Por si no se entendió: se barajaba la chance de que cualquier ciudadano pueda opinar e incluso decidir, mediante votación, cómo se redistribuye el dinero de sus impuestos. Esto podría ser ejecutando obras públicas, acciones sociales, programas de salud, educación o vivienda, y la lista sigue, aunque sin una ley todo se reduce a una especulación. En esta puja de intereses, si el vecino se empodera, el poder gubernamental se debilita. La pregunta es: ¿quién manejará el dinero público?

"Todo se terminó cuando el oficialismo re retiró del debate", comenta Pablo Gastón Ortiz Maldonado, director de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura porteña. Como contramedida, el Gobierno de la Ciudad lanzó una plataforma virtual donde los vecinos escriben propuestas y las más votadas por los habitantes serán analizadas por las autoridades para determinar si pueden realizarse. "La decisión la sigue teniendo el Ejecutivo, es una campaña de 'marketing' para no cumplir con la Constitución", acusa. Sin embargo, resta por ver si los proyectos ganadores se harán realidad.

¿Qué se juega Argentina en las elecciones parlamentarias?

Al día de hoy, no está garantizado por ley que seanlos vecinos quienes definan los presupuestos en sus barrios, sigue dependiendo de las autoridades de turno: "Es una lucha de poder, no se le quiere dar legitimidad a las asambleas, por eso no se informa sobre ellas y son pocos los vecinos que participan de estas instancias". Al respecto, en comunas de 300.000 habitantes, tan solo unas pocas decenas acuden a los debates presenciales. 

"Veo casi imposible que se apruebe una ley de presupuesto participativo", admite Ortiz Maldonado, aunque este presente sea inconstitucional. Actualmente, el dinero destinado a las comunas se fija en el presupuesto general y es sometido a votación por la clase política, pero sin la participación directa de los casi 3 millones de ciudadanos. "Ni siquiera presentaron el presupuesto de este año", se queja el entrevistado. Hasta diciembre, Vamos Juntos seguirá siendo la primera minoría en la cámara, aunque el presupuesto de 2016 se aceptó con unas pocas alianzas parlamentarias. Faltan pocas semanas para que el macrismo tenga la mayoría absoluta en el recinto. Luego, se aprobarán sin obstáculos los presupuestos que presentará el Gobierno durante los años siguientes, al menos hasta las próximas elecciones. 

Leandro Lutzky