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Condenas por tuits: España persigue el enaltecimiento del terrorismo en redes sociales
De las más de 70 personas que las autoridades españolas detuvieron en dos años por este motivo, 28 fueron consideradas culpables.
El español Alfredo Remírez, con el nombre de usuario @erreharria en Twitter, se convirtió en el primer tuitero de los 76 detenidos en la Operación Araña en entrar en prisión cuando ingresó en la cárcel el pasado 3 de noviembre.
Ese hombre de 37 años fue condenado a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo, un delito tipificado en el Código Penal de España cuando la banda terrorista ETA aún se encontraba en activo, debido a que publicó varios tuits celebrando la salida de prisión de varios etarras que habían cumplido su condena.
Desde 2014, la Guardia Civil ha desarrollado hasta cuatro fases de la Operación Araña, que pretendía perseguir los delitos de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter.
2 años y un día de cárcel por rapear
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pide dos años y un día de cárcel para 12 integrantes del colectivo musical internacionalista La Insurgencia.
La Procuraduría de España acusa a esos raperos de enaltecimiento del terrorismo por algunas frases de sus canciones, en las que llaman a la lucha armada o alaban a miembros de grupos terroristas.
No son los únicos cantantes que se han encontrado entre los tribunales españoles. El cantante de la banda Def Con Dos, César Strawberry, fue condenado a un año de cárcel por seis tuits y retuitear otro texto —cuyo autor no ha sido procesado—, aunque eludió su entrada en prisión.
28 condenados en dos años
Entre abril de 2014 y abril de 2016, las autoridades españolas detuvieron a 73 sospechosos y la ONG Amnistía Internacional da por hecho que la mayoría de las sentencias por enaltecimiento del terrorismo dictadas por la Audiencia Nacional en ese periodo —25 condenas a 28 personas— fueron en el marco de la Operación Araña.
En España, si la pena no supera los dos años y los condenados carecen de antecedentes penales, casi ninguno entra en prisión.
Sin embargo, Remírez ya fue considerado culpable por el mismo delito en 2009, en esa ocasión debido a que portó un muñeco con la cara de una persona condenada por colaborar con ETA durante una manifestación.
De Pablo Hasel a los titiriteros
En marzo de 2014, el rapero Pablo Hasel fue sentenciado a dos años de prisión porque difundió en Internet 10 de sus canciones en las que ensalzaba a los integrantes de diferentes bandas terroristas.
Por el mismo delito, Alba González fue condenada a un año de inhabilitación y siete de prisión en febrero de 2014. Es es la misma pena que recibió Cassandra Vera el pasado marzo, aunque en su caso tuiteó chistes sobre el asesinato de un presidente de España durante la dictadura franquista.
En febrero de 2016, dos titiriteros fueron detenidos durante cinco días y, posteriormente, procesados por delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo. Uno de los personajes de su obra de teatro llevaba una pancarta que se interpretó como favorable a los etarras. Finalmente, ambas investigaciones fueron archivadas.
'Ley Mordaza' y Código Penal
Todos estos procesos juduciales han generado polémica porque ciertos sectores de la sociedad interpretan que suponen una restricción de la libertad de expresión. La Ley de Seguridad Ciudadana que impulsó el Gobierno del Partido Popular en 2015, conocida como 'Ley Mordaza', supone otro punto de desacuerdo.
Esa norma, que algunos estiman consecuencia de los acontecimientos que España vivió el 15M de 2011, prohíbe "perturbar la seguridad ciudadana" en las cercanías de las cámaras parlamentarias y tomar imágenes de agentes de Policía, incluso para denunciar un presunto abuso de autoridad. Además, los ciudadanos pueden ser sancionados por parar un desahucio —obstrucción de la labor policial— o llevar a cabo determinadas formas de protesta, como la resistencia pacífica y las sentadas.
Finalmente, la redacción del delito de enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal español es abierta y puede generar casos como el del antiguo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, para quien pedían un año y ocho meses de cárcel y que resultó absuelto.
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