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México: La Ley de Seguridad Interior, un nuevo poder para los militares antes de las elecciones

Publicado: 20 dic 2017 15:12 GMT
México: La Ley de Seguridad Interior, un nuevo poder para los militares antes de las elecciones
Soldados mexicanos vigilando la prisión de Topo Chico, en Monterrey. Febrero de 2016. / Daniel Becerril / Reuters

Militares mexicanos acumulan más poder. Una nueva ley otorga amplias facultades a las Fuerzas Armadas Mexicanas para realizar labores policiacas, así como de investigación y persecución de delitos sin ningún tipo de controles ni mecanismos de rendición de cuentas.

La polémica Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue aprobada por el Poder Legislativo Mexicano a pesar de los exhortos de instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y decenas de organizaciones civiles de México y del mundo, como Amnistía Internacional, para que pospusiera la aprobación hasta que se realizara una discusión que involucrara a la sociedad.

El pasado 15 de diciembre se dio por concluido el proceso por el cual las dos Cámaras del Congreso mexicano aprobaron la Ley de Seguridad Interior. La entrada en vigor de la controvertida ley –una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación por Peña Nieto– coincide con el inicio del proceso electoral mediante el cual se renovará el Gobierno de la República. La oposición de centroizquierda, encabezada por el exalcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, está al frente en todas las encuestas de intención de voto.

Los puntos clave de la nueva ley

Especialistas en seguridad y defensores de derechos humanos observan que los civiles que gobiernan México se apoyan cada vez más en los militares para administrar la violencia y contener las protestas sociales. Algunos señalan que la nueva ley equivaldría a un "golpe de Estado preventivo" ante un año por venir con protestas en las calles. Dudan que la nueva disposición legal incida en el combate a los cárteles del narcotráfico. En cambio, están seguros que las garantías individuales y los derechos humanos resultarán perjudicados.

Senado debatiendo la Ley de Seguridad Interior el pasado 14 de diciembre. / Ginnette Riquelme / Reuters

"México ha regresado a 1968", señala Martín Gabriel Barrón Cruz, experto en seguridad pública y nacional. El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) alude al año en que el Ejército Mexicano salió a las calles a sofocar protestas sociales –principalmente estudiantiles– con un saldo indeterminado de muertos, desaparecidos y torturados. Para el doctor en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) la aprobación de la nueva ley implica un retroceso de casi 50 años.

Autor, entre otros libros, de 'Los tiempos del miedo. Violencia y seguridad en México en los umbrales del siglo XXI', Barrón Cruz asegura que en absoluto la nueva ley regulará la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, como ha intentado justificar el presidente Peña Nieto y los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, y de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Francisco Soberón.

"No regula nada", señala, porque "deja muchas puertas abiertas". Se refiere al amplio margen a la interpretación de la ley en materia de uso legítimo de la fuerza y protección a los derechos humanos. Para el experto, la nueva disposición legal es la coronación de un proceso de militarización del país que se inició en 1996 y se aceleró a partir de 2006 bajo el pretexto de combatir al narcotráfico.

Y es que la propia legislación, en su artículo 2, define como seguridad interior a "la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional". Es decir, cualquier asunto pude ser considerado de incumbencia de las Fuerzas Armadas.

Se han cumplido más de 21 años desde que se dijo que los militares coadyuvarían en la seguridad pública, solo mientras se saneaba y capacitaba a la Policía Federal. Hoy, gracias a la nueva ley, los militares ya no solo "coadyuvarán" con el Ministerio Público, sino que se encargarán abiertamente de prevenir y combatir la comisión de delitos sin necesidad de dar aviso a las autoridades civiles tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. Para ello ahora también cuentan con facultades para iniciar investigaciones. Además, toda la información al respecto se considerará de "seguridad nacional", es decir, tendrá carácter confidencial.

Protesta contra la ley en Ciudad de México el pasado 17 de diciembre. / Ginnette Riquelme / Reuters

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advierte que la ley sí faculta a las Fuerzas Armadas para actuar contra las movilizaciones de protesta social o político electorales.

El documento, titulado 'Notas estratégicas. Sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Interior', explica que "el artículo 8 prohíbe expresamente considerar estas movilizaciones de protesta como 'amenazas' pero no hace extensiva esta prohibición a la noción de 'riesgo'. Esta omisión abre la posibilidad de considerar una movilización de protesta social o político-electoral como un riesgo a la seguridad interior, permitiendo así la actuación de las Fuerzas Armadas en su contra".

La ley viene a "mantener y consolidar un orden que es anómalo: la militarización de la seguridad pública", señala Quetzalcóatl Fontanot, de la Red de Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT) y del Colectivo Seguridad sin Guerra. El activista explica que la inseguridad y la violencia en el país se han incrementado precisamente desde que inició la militarización.

"Nos preocupa muchísimo que esta Ley de Seguridad Interior otorga facultades discrecionales a los militares, por ejemplo, para realizar investigaciones más allá de los procesos establecidos por medio de los órganos de justicia".

Y es que, a decir de los especialistas, la nueva ley no aportará nada en la supuesta lucha contra el narcotráfico. El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburg (Estados Unidos) explica que "no está al alcance del Estado mexicano aniquilar el narcotráfico".

El conferencista del Colegio de la Defensa Nacional y experto en Fuerzas Armadas y seguridad nacional señala –en entrevista – que está probado que la confrontación militar directa no acabará con el narcotráfico. Explica que se trata de un negocio mundial con altos dividendos asegurados. A lo más que pueden aspirar las Fuerzas Armadas con la nueva ley es "proyectar una capacidad de disuasión".

Fuerzas de seguridad cerca del aeropuerto de Ciudad Juárez. 19 de enero de 2017. / Jose Luis Gonzalez / Reuters

Si esta nueva ley no tendrá repercusión alguna en el combate al narcotráfico, "¿para qué la necesitan quienes hoy gobiernan México?", se pregunta Quetzalcóatl Fontanot. La respuesta podría estar en que el país se apresta a celebrar elecciones a mediados de 2018.

El 1 de julio próximo, México vivirá una competida elección entre quienes han gobernado la República en los últimos 30 años a través de dos partidos de derecha, el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y el de centroizquierda Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Hasta el momento, todas las encuestas dan ventaja al candidato de este partido, Andrés Manuel López Obrador.

Críticas de los organismos de derechos humanos

Los organismos de la ONU que han manifestado su "preocupación" por la nueva ley mexicana son la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad; el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos; la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, y el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión.

Entre las organizaciones civiles internacionales que han cuestionado la disposición legal, además de Amnistía Internacional, se encuentran Article 19, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Open Society Justice Initiative y Human Rigth Watch. En México, son 140 organizaciones agrupadas en el Colectivo Seguridad sin  Guerra y 84 integrantes de la Red TDT quienes se han opuesto a la nueva disposición legal.

Incluso las comisiones oficiales de derechos humanos mexicanas han advertido de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos aseguró que no había condiciones para aprobar la ley, pues no estaba garantizado el respeto a la dignidad humana.

Cuatro consecuencias de la militarización que vive México han observado Sabina Morales, del Centro de Ciencias Sociales de Berlín, y Carlos Pérez Ricart, de la Universidad Libre de Berlín. El estudio 'La militarización, un obstáculo para la gobernanza democrática de la seguridad en México', publicado por la Revista Colombiana de Sociología, enumera:

  1. La cesión del control civil a los militares;
  2. La relación jerárquica militar que se impone en el campo;
  3. Una organización centralizada, y
  4. La acción totalizante de una legitimidad centrada en la retórica de la eficiencia militar.

México cuenta con tres Fuerzas Armadas militares. El Ejército y la Fuerza Aérea están organizados y administrados por la Sedena. La Armada, por la Semar.

La CNDH ha solicitado al presidente Enrique Peña Nieto que, ante la polémica generada, vete la Ley de Seguridad Interior. En caso de no hacerlo, la oficina oficial de defensa de derechos humanos advierte que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Zósimo Camacho

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