El adelanto de las elecciones presidenciales en Venezuela estaba cantado para 2018, sin embargo, esta semana un anuncio le dio un giro inesperado al panorama.
El constituyente Diosdado Cabello propuso celebrar comicios legislativos a la par de las presidenciales, es decir, que el próximo 22 de abril se haga una 'mega-elección': ¿Cómo este evento podría reconfigurar el mapa político en Venezuela?
El peso del tiempo
En febrero de este año, la oposición decidió cerrar unilateralmente el diálogo con el gobierno, a minutos de firmar un acuerdo final consensuado con terceros países como mediadores. En ese texto se establecían la fecha de los comicios presidenciales y las condiciones para que se celebrara.
El presidente Nicolás Maduro, sin embargo, rubricó el acuerdo con el compromiso de cumplirlo pese al retiro de la derecha y, días más tarde, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la fecha para el comicio presidencial: 22 de abril de este año.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) respaldó al unísono la candidatura de Maduro por el chavismo; mientras que del otro lado, en la oposición, no lograron ponerse de acuerdo con un aspirante unitario. Esta semana, la coalición de partidos reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que no participaría, pero algunos integrantes de esa misma corriente ratificaron que igual se postularían a la carrera por la primera magistratura.
Para el analista político e internacionalista Luis Quintana, en Venezuela lo que todos los actores ponen sobre la balanza es el peso del tiempo: el chavismo para no prolongar la incertidumbre ante "una de las crisis económicas más duras" de la historia; y la oposición, para elegir un rostro que derrote al candidato del gobierno en medio de profundas "fracturas internas".
'Mega-elecciones'
Pero lo que ahora está en juego no es solo la presidencia. La propuesta de Cabello de adelantar las legislativas, si se hace efectiva, tendría al menos dos implicacionespara la derecha venezolana: el aumento del costo de la abstención y la posible pérdida del único espacio político con el que cuenta, es decir, la Asamblea Nacional (AN).
Si la oposición no se presenta a la próxima elección, ya no solo anula su posibilidad de lograr un cambio presidencial mediante el voto, sino que también se arriesga a perder las curules en el Parlamento, donde han gozado de amplia mayoría desde 2015.
El gobierno, por su parte, apuesta fuerte frente al complejo escenario que tiene entre manos: "El chavismo tiene 20 años gobernando y desde hace unos años sin la égida de Chávez y sin renta petrolera, en medio de una severa crisis económica, lo cual representa riesgos y desgastes muy significativos", puntualiza Quintana.
Por eso, señala el analista, la estrategia de adelantar los comicios "resta capacidad de incidencia de los enemigos externos de Venezuela porque si imponen sanciones más duras, sus efectos no se percibirán de forma instantánea como para afectar un resultado electoral que se produzca en el primer cuatrimestre de este año".
El año pasado fue el propio diputado opositor Julio Borges quien propuso el adelanto de una 'mega-elección', refiere El Nacional. Otros voceros del antichavismo, como Simón Calzadilla, no son renuentes a la idea de un comicio general: "Nosotros le tomamos la palabra a Diosdado Cabello; si alargan los plazos y hay observación internacional, creo que será una gran oportunidad para salir de la crisis", dijo citado por ese mismo diario.
¿Por qué unir todas las elecciones?
En agosto del año pasado, después de tres meses de violencia que dejaron un saldo de más de 100 muertos y cientos de heridos, Venezuela eligió a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por Maduro con la promesa de lograr "la paz" del país y dar pasos decisivos en la resolución de la crisis económica.
A juzgar por el cese absoluto de las protestas violentas, la Constituyente logró su primer objetivo; el segundo aún está pendiente, en parte porque la derrota de la oposición en el terreno político y electoral llevó a sus voceros, especialmente diputados de la AN, a acudir a actores externos para tratar de debilitar al gobierno por la vía financiera.
Apenas tres semanas después de la Constituyente, el gobierno del presidente Donald Trump arreció las medidas de asfixia a la economía y por primera vez impuso sanciones directas a Petróleos de Venezuela, empresa que proporciona más del 90% de las divisas en el país. El resultado más dramático está a la vista: el agravamiento de la crisis económica, el aumento exponencial de los precios y el deterioro aún más trepidante de la calidad de vida de sus habitantes.
Ante ese duro escenario, que de prolongarse podría comprometer su continuidad en el gobierno, el chavismo quiere aprovechar "el empuje de una elección donde se juega lo más importante (la Presidencia) para obtener hegemonía absoluta en todos los espacios de poder institucional", o lo que es lo mismo, recuperar la mayoría en la Asamblea Nacional.
Juntos pero no revueltos
Un conflicto que comenzó en diciembre de 2015, luego de que la oposición obtuviera la mayoría parlamentaria en las elecciones de ese año, culminó con el desmembramiento del antichavismo y la mengua del capital político que había conquistado.
Después de unas denuncias de fraude en el estado Amazonas por la supuesta compra de votos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia para solicitar la desincorporación de los parlamentarios, pero la derecha finalmente decidió declararse en desacato. En consecuencia, todas sus acciones fueron declaradas írritas y el país entró en un nudo legal: ninguna decisión del Ejecutivo era refrendada por el Parlamento, así que el gobierno se vio obligado a actuar mediante la Sala Constitucional para destrabar la situación.
Desde entonces el Parlamento prácticamente está inhabilitado para legislar. El adelanto de las elecciones legislativas, según Cabello, es para llenar el "vacío político" que provocó la oposición en la AN al negarse a acatar las decisiones del TSJ, rechazar el diálogo y no reconocer las facultades de la ANC.
La elección de nuevas autoridades en la Asamblea Nacional no disolverá a la ANC porque, explica Quintana, "no son incompatibles, tienen funciones distintas. La ANC se concentra en la revisión y modificación de la Constitución y la AN se concentra en hacer leyes".
De hecho, el nuevo parlamento electo deberá subordinarse a la ANC, porque esta última posee "carácter supraconstitucional" hasta que se autodisuelva. Si finalmente se convocan en conjunto las presidenciales y las legislativas, será la primera vez desde el 2000 que habrá en Venezuela una elección de esta magnitud.
Nazareth Balbás