Ecuador: Contraloría determina "responsabilidad penal" de Correa por manejo de deuda pública

La Contraloría General del Estado de Ecuador determinó "responsabilidad penal" del expresidente Rafael Correa por el manejo de la deuda pública entre los años 2012 y 2017.

La acusación la emitió el contralor subrogante, Pablo Celi, al dar a conocer, este lunes, el informe final, tras 8 meses de trabajo, del examen especial a la deuda pública contratada entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017, día en que Correa entregó el poder.

A lo anterior se sumaron acusaciones de responsabilidades administrativas con multa y responsabilidad administrativa con destitución, tanto al exmandatario, como a dos de sus exministros de Economía y Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera, respectivamente.

¿De qué se acusa a Correa?

Según el informe final se encontraron irregularidades respecto a la expedición de un Decreto Ejecutivo [el 1218] por parte de Correa, que permitió cambiar el cálculo de la deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Según el Código de Planificación y Finanzas Públicas de Ecuador, el límite de la deuda no debe superar el 40% del PIB. Pero, de acuerdo al texto de Contraloría, citado por Celi ante la prensa, el Decreto 1218, emitido el 20 de octubre de 2016, reformó el reglamento de ese Código para cambiar el cálculo de ese límite. Se estableció, entonces, que en la fórmula no se incluyeran los créditos del Estado con otras entidades públicas.

Con ese nuevo cálculo presuntamente se redujo del 38 al 27,4% al cierre del 2016 con relación al PIB, lo que permitió contraer más deuda.

Correa denuncia "lawfare"

El expresidente rechazó la acusación: "Simplemente, el 'lawfare'", dijo; esto es —según definen Camila Vollenweider y Silvina Romano, del Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica)— "el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político", una herramienta que "combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno", y la finalidad es "lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción".

Correa explicó que en el Decreto 1218 se estableció la medición de la deuda conforme al manual del Fondo Monetario Internacional (FMI). Concretamente, el artículo 4 de ese decreto reza: "El cálculo respectivo se efectuará sobre la Base de los Estados Consolidados de Deuda Pública correspondiente a cada ejercicio fiscal, de conformidad con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional".

El exmandatario citó una declaración de la actual ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, quien, en contradicción a Celi, dijo recientemente que "hay una discrepancia en cuanto a la cifra de la deuda. Los pasivos son bastante altos, pero la deuda como tal no ha superado el 40% del PIB".

Marcha contra la "persecución política"

El exasambleísta Virgilio Hernández calificó esta acusación de la Contraloría contra Correa como "persecución política". Explicó que ese decreto fue usado también por el actual mandatario, Lenín Moreno, para enviar las proformas presupuestarias de los años 2017 y 2018.

Hernández invitó a una concentración en el centro de Quito para este martes 10 de abril, contra la "persecución política" del actual Gobierno ecuatoriano.