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España: La imagen de la monarquía en el aniversario de la Segunda República

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Varias manifestaciones conmemoran el periodo político que quedó truncado por la Guerra Civil, mientras la imagen pública de la monarquía española atraviesa momentos difíciles por varios motivos.
España: La imagen de la monarquía en el aniversario de la Segunda República

Este sábado se cumplen 87 años de la proclamación de la Segunda República española. Como cada año, se han organizado manifestaciones republicanas por todo el país en las que partidarios de este sistema político hacen valer sus consignas y defienden la legitimidad histórica de su causa. 

Sin embargo, en este 2018 el contexto es sensiblemente diferente. Una serie de factores, asociados a diferentes acontecimientos, ha contribuido a avivar en la opinión pública el debate sobre la legitimidad de la monarquía como institución, y ha afectado seriamente a la imagen de la familia real española en particular.

Las causas judiciales abiertas contra algunos miembros de la realeza española; la postura del rey Felipe VI en la crisis catalana; y las múltiples condenas por injurias a la Corona dictadas en los últimos meses por tribunales españoles, percibidas con frecuencia como atentados contra la libertad de expresión, han configurado un clima de opinión en el que afloran con relativa frecuencia los recelos antimonárquicos. 

A todo esto, desde un plano social diferente, pero ejerciendo una notable influencia en la opinión pública, se suman las imágenes de un aparente desencuentro en público entre la reina Letizia y la reina emérita Sofía. Si bien carece de trascendencia política en sí misma, la escena difundida ha contribuido a popularizar el descrédito hacia la pretendida imagen modélica de la familia real, agudizando lo que muchos consideran la crisis institucional más grave a la que se ha enfrentado Felipe VI.

Es obvio que entre las más altas aspiraciones de los republicanos españoles figura la abolición de la Corona y de los privilegios inherentes a la monarquía, y que la reivindicación de ese ideal republicano viene este año particularmente cargada de motivos y argumentos. 

Ignominia en la Casa Real: el Caso Urdangarin

Hace poco más de un año, un tribunal español condenó al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, a seis años y tres meses de cárcel por fraude fiscal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. 

El 'caso Noos', histórico en España por tener por primera vez a un miembro de la familia real en el banquillo de los acusados, precipitó en buena medida la difícil en la que hoy se encuentra sumida la realeza española.

La infanta Cristina, por su parte, se enfrentó a una petición de la fiscalía de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, aunque finalmente quedó absuelta

La causa abierta contra el matrimonio y su entorno empresarial e institucional no solo abría un interesante debate en España sobre la igualdad ante la justicia, sino que supuso un decisivo punto de inflexión en la percepción pública de la honorabilidad de la Casa Real. Tanto Urdangarin como la infanta, desde que fueron imputados, quedaron apartados de todos los actos oficiales y dejaron de acudir a las reuniones familiares. 

En la actualidad, el futuro del cuñado de Felipe VI está en manos del Tribunal Supremo español, que el pasado 21 de Marzo celebró una vista para revisar los recursos de los acusados en el 'caso Noos'. En breve sabremos si las penas acordadas el año pasado se mantienen, se incrementan, se aligeran o se anulan.

El rey Felipe VI y la crisis catalana 

El día 3 de octubre de 2017, dos días después de la celebración del referéndum soberanista catalán, declarado ilegal por el Tribunal Supremo español, Felipe VI pronunció un discurso en el que acusó a la Generalitat catalana de "deslealtad inadmisible", y de haberse situado "al margen del Derecho y la democracia".

48 horas antes, el 1 de octubre había sido un día especialmente duro, en el que la tensión entre quienes quisieron llevar a cabo la consulta separatista unilateralmente y las fuerzas de seguridad degeneró en violentos enfrentamientos y produjo centenares de heridos.  

La alocución del rey de España fue aplaudida por su contundencia contra el proceso catalán por la mayoría de la población. Sin embargo, desde sectores principalmente de izquierdas fue muy criticado, entre otros, por su gran parecido, incluso en el léxico, al ideario del Ejecutivo de Mariano Rajoy, con lo que su aportación a la crisis descartaba cualquier iniciativa de diálogo.

Por otro lado, su tradicional discurso de Navidad fue pronunciado escasos días después de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, en las que los partidos independentistas sumaron escaños suficientes como para mantener una mayoría en el arco parlamentario. 

En esa ocasión exhibió un tono menos rígido, pero eso no sirvió en absoluto para aliviar el resquemor en su contra de una parte de la sociedad. Felipe VI instó a todas las fuerzas políticas a "no imponer sus ideas frente a los derechos de los demás" para "recuperar la serenidad y la estabilidad" que necesitan Cataluña y toda España. También advirtió que el camino iniciado "no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o la exclusión de una parte de la sociedad", porque eso "solo genera discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y económico".

Desde entonces, el problema catalán sigue atascado tanto en la vía judicial como en la vía política y, de hecho, la intersección de esas dos vías es uno de los principales motivos de que, casi cuatro meses después de las elecciones autonómicas, la Generalitat aún carezca de presidente y el Parlamento catalán aún no haya propuesto un candidato presidenciable. 

Por lo demás, cada vez que Felipe VI visita Cataluña se pone de manifiesto la desafección y el rechazo de un importante sector de la sociedad catalana, a través de diferentes protestas

La Corona, la libertad de expresión y las condenas

A principios de este año, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), un organismo que vela por los derechos de libertad de información y de expresión en España, resumió el pasado año 2017 como "el año de los delitos de opinión". Las condenas a tuiteros y a cantantes por las opiniones expresadas, las multas a periodistas en virtud de la llamada 'Ley Mordaza' o los intentos de control político de la información eran los motivos por los que esta entidad expresó su gran preocupación en un contundente manifiesto.

Los delitos de injurias a la Corona tienen especial protagonismo en este clima de represión de la libertad de expresión cada vez más denunciado en España, desde organismos como Amnistía Internacional

En febrero del año pasado, la Audiencia Nacional impuso una pena de tres años y medio de prisión al rapero Valtonyc, al considerar que el contenido de sus canciones incurría en este tipo penal. Un año más tarde, este joven mallorquín vio confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo, aunque todavía no ha ingresado en prisión.

Otro rapero, Pablo Hasél, fue igualmente condenado, durante el mismo mes, a dos años y un día de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"A ver si voy a ser yo el culpable de que el rey financie sus cacerías con dinero público y a sus amantes", espetó el rapero Pablo Hasél al juez de la Audiencia Nacional, argumentando en su defensa que las supuestas injurias a la Corona por las que se le juzgó son hechos "recogidos por medios de comunicación", y que la mitad de los españoles "piensa igual". 

El delito de injurias a la corona es percibido por una parte de la sociedad española como un anacronismo jurídico, y esta perspectiva se vio parcialmente avalada por una reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta institución decidió condenar a España por la violación de la libertad de expresión de dos personas sentenciadas por injurias a la Corona, por quemar en el 2007 una fotografía de los reyes de España –entonces Juan Carlos I y Sofía–. 

Según el comunicado hecho público, los dos ciudadanos sufrieron una violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el relativo a la libertad de expresión.

Una frivolidad significativa

El pasado 1 de abril, la reina Letizia y la monarca emérita Sofía protagonizaron un desencuentro en público cuando salían de la Catedral de Palma de Mallorca. Tras el servicio religioso, la esposa de Juan Carlos I trató de posar para que la fotografiaran con dos de sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, la mujer de Felipe VI se interpuso para impedir que las cámaras inmortalizaran ese instante. La escena, difundida en Twitter, no tardó en derivar en un escándalo de proporciones nacionales. 

En las imágenes también se percibe al jefe de Estado, visiblemente contrariado, tratando de mediar entre ambas mujeres.

Aunque este asunto reviste una importancia pública considerablemente menor que todos los expuestos anteriormente, su impacto mediático ha provocado un aumento de la sensación de crisis institucional en la Casa Real, y ha disparado las especulaciones al respecto. 

Momento oportuno para los republicanos

Todos los hechos y circunstancias descritas aquí componen evidentemente una coyuntura de especial dificultad para la monarquía, que a su vez refuerza, en mayor o menor medida, ciertas reivindicaciones republicanas en lo tocante a la monarquía española. 

Este sábado, los republicanos llaman a una manifestación que, a tenor de la actualidad, podría tener mayor poder de convocatoria que en otras ocasiones, y canalizar de algún modo los recelos antimonárquicos que, por unas u otras razones, empiezan a acumularse ostensiblemente en la sociedad española. 

David Romero

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