Los policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos "no podrán beneficiarse de las liberaciones que realiza la justicia venezolana" en el marco de la campaña de pacificación y reconciliación nacional promovida por el presidente Nicolás Maduro, afirmó Larry Devoe, agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos.
"En Venezuela no hay tolerancia cuando se trata de violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes estatales", explicó el abogado.
Cuando son los uniformados lo que se extralimitan en el cumplimiento de sus labores, agrega Devoe, "el país asume la imposición de la justicia para estos agentes que se apartan de los postulados de la defensa de los derechos".
Y es que en la Constitución venezolana (artículo 29), las violaciones graves a los derechos humanos son imprescriptibles, deben ser investigadas por el Estado y no pueden ser sometidas a mecanismos que puedan facilitar la impunidad, como indultos o amnistías.
Al igual que ocurre con los uniformados, en las liberaciones tampoco podrán ser incluidos "los procesados por homicidio o graves atentados a la integridad física de las personas", como es el caso de algunos de los detenidos por los hechos violentos conocidos como "guarimbas", precisó el abogado.
Para las liberaciones y otorgamiento de beneficios procesales, la Comisión de la Verdad revisa, de forma individual, los expedientes de cada persona involucrada o señalada de "participar en hechos de violencia política suscitados en el país", y luego hace una recomendación al tribunal de la causa respectiva, indicó Devoe.
El grupo de los hasta ahora liberados era procesado por delitos relacionados con alteraciones del orden público, tales como:
Desde que el presidente Maduro, al momento de juramentarse como presidente electo, el 24 de mayo pasado, hizo pública su política de reconciliación nacional, 80 personas recibieron el beneficio de la libertad. En detalle:
Larry Devoe negó que se trate de liberaciones de presos políticos y criticó a quienes así lo califican. En su opinión, "demuestran una gran ignorancia sobre el funcionamiento del sistema de justicia del país".
La actual coyuntura se inscribe "en una petición realizada por el jefe de Estado, con el fin de promover la paz, la reconciliación y el reencuentro. Es una política de Estado, del más alto nivel", puntualizó el agente de derechos humanos.
Devoe consideró "importante" aclarar que no existe (en la actual coyuntura) la figura de perdón absoluto de los delitos, sino que se trata de medidas sustitutivas de la privación de libertad.
"Estas personas salen en libertad, pero sus procesos penales siguen en curso", detalló.
Entre las medidas sustitutivas se encuentra la presentación cada 30 días ante un tribunal, la prohibición de salir del país y, cuando el juez lo cree conveniente, "la limitación o prohibición de declarar en torno a los hechos que están siendo juzgados".
Para el abogado, son medidas cautelares mínimas e indispensables, para asegurar que la persona continúe atendiendo el proceso penal.
El gobierno venezolano emprendió las liberaciones de los detenidos por las guarimbas "porque entiende que existen las condiciones para la reconciliación, no por presiones externas y tampoco que es una señal de debilidad", subraya Larry Devoe.
Caracas considera que es un "requisito necesario" para poder abordar la urgencia que supone la la recuperación económica.
"Venezuela está siendo sometida a una agresión multiforme desde el punto vista económico, y para implementar los cambios que urgen a la población es necesaria la paz política", concluyó Devoe.
Ernesto J. Navarro