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Controversia en Colombia por los tribunales que juzgarán los delitos de guerra

Publicado: 29 jun 2018 19:13 GMT | Última actualización: 29 jun 2018 19:13 GMT

El uribismo introdujo dos cambios a la Jurisdicción Especial para la Paz que, de inmediato, fueron protestados por el partido FARC y también por el presidente Juan Manuel Santos.

Controversia en Colombia por los tribunales que juzgarán los delitos de guerra
Un observador de la ONU descarga armas entregadas por las FARC, el 22 de septiembre de 2017.
Jaime Saldarriaga / Reuters
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El Congreso colombiano aprobó la reglamentación que regirá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una especie de tribunal que juzgará los delitos de guerra de ex guerrilleros y militares.

Sin embargo, la cámara alta añadió dos modificaciones sustanciales que fueron propuestas por el partido Centro Democrático (CD), el mismo que abanderó al presidente electo Iván Duque, en las presidenciales del 17 de junio.

El senador Iván Cepeda, integrante del Polo Democrático Alternativo, fue el primero en cuestionar ambas modificaciones aprobadas para la JEP.

Cepeda señaló que esos cambios, son contrarios al articulado original y al espíritu de la Constitución colombiana, por lo que demandarán el texto rubricado en el congreso.

"Desde ahora, comenzamos a preparar demanda contra artículos inconstitucionales introducidos por el [partido] Centro Democrático", escribió el senador en su cuenta Twitter, agregando que "una ley ordinaria no puede modificar la Constitución".

En un segundo mensaje, Iván Cepeda acusó al Centro Democrático, que integra el expresidente Álvaro Uribe, de querer otorgarle inmunidad a "responsables políticos de crímenes de Estado, como [los] 'falsos positivos'".

La JEP forma parte de uno de los acuerdos de paz, rubricados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Dos cambios en la JEP

Las dos modificaciones que generaron la controversia son las siguientes:

  • Crear una nueva sala para juzgar a uniformados de las Fuerzas Militares.
  • La JEP no podrá decretar pruebas, ni pronunciarse sobre la extradición de ex guerrilleros.

No obstante, la mayoría de los 74 artículos, presentados por el oficialismo, fueron aprobados de forma consensuada conforme al acuerdo de noviembre de 2016, que permitió el paso de la FARC de guerrilla a partido político.

Exterior del Congreso colombiano. Bogotá. 7 de abril de 2015. / Jose Gomez / Reuters

El Centro Democrático es una organización política que se ha mostrado opuesta al acuerdo de paz con la guerrilla, y encabezó la campaña en contra del referéndum aprobatorio de los acuerdos de paz.

Santos, en contra de las modificacione

Tras la aprobación de la normativa para la JEP, el actual mandatario e impulsor del acuerdo que finalizó la guerra en Colombia, Juan Manuel Santos, declaró que las modificaciones le generan "serias dudas sobre su constitucionalidad", informó RCN.

Por lo que añadió: "vamos a ver qué pasa en la conciliación y luego veremos qué pasa en la Corte Constitucional".

Militares en la mira

Estas modificaciones alertaron a un grupo de 29 generales y coroneles colombianos a quienes Fatou Bensouda, una fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), les sigue la pista bajo acusaciones de lesa humanidad y crímenes contra civiles inocentes, denominados 'falsos positivos', según Contagio Radio.

Agrega la nota que en la lista (que contempla militares activos y retirados) figuran los últimos tres generales que comandaron las Fuerzas Militares de Colombia.

En entrevista con este medio, el periodista Fredy Muñoz Altamiranda aseguró que esos militares le han pedido al recién electo presidente Duque (uribismo) y a los representantes de los partidos Liberal y Conservador "que reviertan las modificaciones a la JEP, porque lo acordado en La Habana es lo que más les conviene", para no tener que enfrentar a una justicia extraterritorial.

La postura de la FARC

Otro de los actores involucrados, Rodrigo Londoño, el ex comandante guerrillero y actual presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), también reclama la inconstitucionalidad del reglamento aprobado en el parlamento.

Para Londoño, las modificaciones son contrarias "a la Constitución y al Acuerdo Final" y abriría las puertas para que se realicen extradiciones "sin pruebas", según escribió en la red social.

Otra JEP diferente a la pactada

El texto sobre la JEP discutido por el congreso "no es la misma JEP que salió de las negociaciones de paz ocurridas en La Habana", añade Fredy Muñoz Altamiranda.

Para el también documentalista, ese texto ya había sufrido modificaciones introducidas por la Corte Constitucional "y que eran contrarias al espíritu del acuerdo original".

Miembros de las extintas FARC patrullan en las montañas de Colombia, 16 de agosto de 2016. / John Vizcaino / Reuters

Muñoz Altamiranda citó como ejemplo que la Corte Constitucional "prohibió a abogados extranjeros, defensores de los derechos humanos, que pudiesen ser magistrados en la JEP".

El espíritu original

Cuando los delegados del gobierno de Santos y los de las FARC discutieron en La Habana la implementación de la JEP, "se acordó que serviría para que las personas (guerrilleros, paramilitares o militares en ejercicio) inmersas en crímenes de lesa humanidad, producto del conflicto armado, se sentaran ante un tribunal, confesaran su participación en los hechos, se investigara y se le dijera al país y las víctimas la verdad, a cambio de rebajas en las condenas".

El periodista apunta que, ahora, el uribismo quiere añadir otras "22 reformas al acuerdo, tal y como lo dijeron durante la campaña presidencial de Iván Duque", algo que "haría trizas el acuerdo" ya que que la Jurisdicción Especial para la Paz "es el corazón del acuerdo".

Al explicar la reacción de los ex guerrilleros, Fredy Muñoz Altamiranda precisa que cuando un grupo armado, con más de 60 años de lucha se desarma, como hizo la FARC, no lo hace para ir a la cárcel.

"El desarme busca el cese de la guerra, y que ese desarme además posibilite la entrada en la arena política de su país, para que pueda hacer con oposición política lo que antes hacía con las armas", explicó.

El silencio, uno de los peligros

Las reformas que introdujo el Centro Democrático a la Jurisdicción Especial para la Paz "evidencian la intención de silenciar aquello que los militares conocen", dijo a este medio Diana Nocua, activista colombiana por los derechos humanos.

Ivan Duque, presidente electo de Colombia, tras ganar las presidenciales. 17 de junio de 2018. / Nacho Doce / Reuters

Un silencio que beneficiaría a individuos del mundo "económico y político, fuertemente relacionados al paramilitarismo", dijo Nocua.

Además, las modificaciones a la JEP pretenden crear argumentos para "impedir que se juzge la participación política en crímenes de lesa humanidad y únicamente atribuirlos al antiguo secretariado de la guerrillas", explicó la activista.

Por último, Diana Nocua detalló que "abrir las puertas de las extradiciones" pone en riesgo a otros ex integrantes de las FARC", impidiendo su toma de posesión en el Congreso, lo que en la práctica sería "una reversión del acuerdo paz".

Ernesto J. Navarro

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