Ecuador: Mantienen la orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa

Un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador resolvió este lunes mantener la orden de prisión preventiva dictada contra el expresidente Rafael Correa, por su presunta vinculación al caso del intento de secuestro del político Fernando Balda.

El tribunal, conformado por los magistrados Marco Rodríguez, Luis Enríquez e Iván Saquicela, negó, de esta manera, la apelación que presentó la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Caupolicán Ochoa, a las medidas cautelares impuestas por la jueza Daniella Camacho contra Correa, que incluyen la prisión preventiva.

Camacho dictó la orden por solicitud del fiscal General encargado, Paúl Pérez, una vez que el exmandatario, quien reside desde el año pasado en Bélgica con su familia, no acudiera el lunes 2 de julio a la sede de la Corte Nacional de Justicia en Quito, capital de Ecuador, a iniciar su ciclo de presentaciones quincenales, como indicaba una medida cautelar anterior de la jueza.

El secuestro de Balda

Balda es un político ecuatoriano que se unió en 2006 a las filas de Alianza PAIS, partido fundado por Correa. Pero en 2008, por desacuerdos con la agrupación política, se separó y se alió al Partido Sociedad Patriótica (PSP), férreo opositor al gobierno del exmandatario.

En 2010, a Balda le fue dictada una condena de dos años de prisión por el delito de injuria no calumniosa grave, luego de una demanda que le inició el exadministrador de Seguros Sucre, Óscar Herrera Gilbert. Se le acusó por unas declaraciones vertidas en la televisión pública en 2008, en las que decía que en la administración de Herrera se cometieron varios delitos, como arrogación de funciones, trampa en procesos de seguros, tráfico de influencias y que existía una mafia interna.

Cuando se dictó esa condena, Balda ya se encontraba viviendo en Bogotá (Colombia), desde donde realizaba una férrea campaña de oposición contra Correa. En ese país, además, participó activamente en eventos de la Fundación Internacionalismo Democrático, presidida por el expresidente colombiano Álvaro Uribe; situación que ha sido reconocida por el propio político.

Su intento de secuestro ocurrió el 13 de agosto de 2012, cuando el político ecuatoriano fue raptado en una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, luego que una camioneta frenó a su lado y varios hombres lo subieron a la fuerza.

Según la Fiscalía de Colombia, el secuestro duró aproximadamente una hora; porque un taxista que vio la escena llamó a la Policía y se inició de inmediato una persecución. Ante la insistencia policial, los captores abandonaron el vehículo con el secuestrado dentro y escaparon.

Balda responsabilizó de este acto al expresidente Correa. En declaraciones a la prensa en enero de este año dijo que el rapto "fue ordenado y ejecutado por el Ministerio del Interior, la Senain [Secretaría Nacional de Inteligencia] y altos mandos policiales" y que la "cadena de mando que ordenó y financió" ese secuestro "llega hasta el despacho del entonces presidente".

La deportación de Balda

Dos meses después del intento de secuestro, Balda fue deportado por las autoridades de Colombia.

El Departamento de Migración de ese país informó que recibió un pedido ecuatoriano para que fuera deportado, debido a que el exasambleísta tenía una sentencia condenatoria en su contra, la que le había sido dictada en 2010. Además, el político permanecía de forma irregular en Colombia desde el 5 de octubre del 2009.

Una vez en Ecuador, fue apresado para cumplir con la condena pendiente que tenía.

Caso abierto en Ecuador

Una vez que hubo un cambio de gobierno en Ecuador en 2017, y Correa entregó el mandato a Lenín Moreno, el tema comenzó a llenar los espacios de los medios de comunicación.

En noviembre del año pasado, Balda publicó un tuit donde decía: "Se vienen varios procesos judiciales que le pondrán boleta de captura Interpol a Rafael Correa".

Dos meses después, el 23 de enero de 2018, la Fiscalía General de Ecuador reabrió el caso del secuestro de Balda. El político fue llamado al Ministerio Público a reconocer su firma sobre la denuncia que interpuso.

Esto pese a que, como indica el abogado penalista Gonzalo Silva, en entrevista con Ecuador Inmediato, el caso ya había prescrito en agosto de 2017, luego de haber pasado cinco años desde que fue cometido y no haber sido juzgado en el país, como establece el Código Penal que regía en 2012.

Los elementos contra Correa

El fiscal Pérez, en junio de este año, presentó varios "elementos de convicción" contra Correa ante la jueza Camacho, que la magistrada acogió y con ello vinculó al exmandatario al caso Balda.

La mayoría de estos elementos son versiones de exfuncionarios, que en ninguna de sus declaraciones hacen referencia al secuestro en específico.

La jueza acogió esos elementos y vinculó a Correa al caso y la primera medida cautelar fue ordenarle, sabiendo que vive en Bélgica, que se presentara cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador en Quito, a partir del 2 de julio.

El exmandatario, en lugar de ello, se presentó ante la sede del Consulado de Ecuador en Bélgica. Acto que fue tomado por la jueza como desacato a la medida cautelar y terminó con la orden de prisión preventiva contra el expresidente, que será extendida a la Interpol para su captura y extradición.

Correa denuncia 'lawfare'

El expresidente Correa ha denunciado un caso de 'lawfare' o judicialización de la política en Ecuador; ha señalado que las autoridades que lo acusan han sido "puestas a dedo".

En concreto, el fiscal 'encargado' Paúl Pérez fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ente que integran miembros propuestos por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea, luego de destituir a los antiguos miembros, que habían sido electos según lo establecido en la Constitución, mediante un concurso de méritos organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El titular del CPCCS Transitorio, César Truijllo, ha dicho públicamente que las decisiones del órgano "están a nivel" de la Constitución; y el fin de semana pasado declaró que su lucha "va a terminar dentro de unas pocas semanas", que se trata, a su criterio, de "la evaluación de aquellos que encabezaron un régimen de vergüenza para el pueblo ecuatoriano, el régimen de Rafael Correa".

Trujillo manifestó, además, a nivel de burla, que en la "cárcel de Cotopaxi", ubicada en la provincia homónima, dicen: "Ya tenemos presidente".

La designación de Pérez se hace luego que la Asamblea Nacional destituyera al fiscal Carlos Baca. El CPCCS Transitorio lo nombra pese a que el cargo ya lo había asumido, de acuerdo a la ley, Gen Rhea, quien estaba mejor puntuado en el concurso de méritos y oposición de fiscales provinciales, efectuado en 2016. A la fecha el fiscal 'encargado' no ha sido posesionado ante la Asamblea Nacional, como establecen las leyes locales.

Correa denunció, además, que la jueza Camacho "depende de un Consejo de la Judicatura también 'encargado' —repleto de enemigos políticos— nombrado inconstitucionalmente por Trujillo y el Consejo 'transitorio'".

Edgar Romero G.

En relación con este artículo, la Embajada del Ecuador en la Federación de Rusia expresa las siguientes aclaraciones: 

1) Independencia de la Justicia. - 

La Justicia en el Ecuador es independiente. No existe ninguna duda que las cortes no actúan bajo presiones políticas, ni internas y peor externas; y, menos aún por intereses económicos. El accionar de la Función Judicial está sometido única y exclusivamente a la Constitución y las leyes de la República del Ecuador (Arts. 168 y 30 de la Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico de la Función Judicial respectivamente). 

El Gobierno del Ecuador y sus instituciones mantienen un absoluto respeto por los principios democráticos, basado en la total independencia de funciones del Estado, conforme lo determina la Constitución y las leyes de la República. Por lo tanto, no existe persecución política alguna. La Función Judicial persigue los delitos para que no queden en la impunidad y obra con probidad en base al ordenamiento jurídico vigente, el mismo que es aplicable para todos los ciudadanos ecuatorianos sin distinción alguna, sin perjuicio del fuero del que se encuentren investidos. En tal virtud, el Ecuador exige respeto a su soberanía, a su institucionalidad y al estado de derecho. 

2) Información sobre el presunto delito de secuestro y asociación ilícita (ARTS. 188, 189 y 369 Código Penal vigente a la fecha del cometimiento del delito).- 

El 18 de mayo de 2018, el ciudadano Balda Flores Fernando Marcelo, presentó la acción penal pública (17721-2018-00012) por el delito de Secuestro y Asociación Ilícita en contra de Falcon Querido Diana Jésica, Chicaiza Fuentes Luis Raúl y Espinoza Méndez Jorge Armando, que por sorteo, se radicó la causa en la SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO – conoce Juez Daniella Camacho Herold. 

En la Audiencia de Vinculación y Revisión de medidas Cautelares realizada el 4 de junio de 2018, se decreta la prisión preventiva de Pablo Romero Quezada por sus actuaciones como Secretario General de la Secretaría Nacional de Inteligencia-SENAIN, para quien la Corte Nacional de Justicia solicitó, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al Reino de España la detención con fines de extradición. 

El Fiscal General del Estado (e) solicitó se señale día y hora para que se efectúe la Audiencia de Vinculación con la Instrucción Fiscal al ex presidente Rafael Vicente Correa Delgado, en razón de que en su período presidencial se habrían ejecutado los hechos punibles. Dicha Audiencia se realizó el 18 de junio de 2018, en la cual se vincula al economista Rafael Vicente Correa Delgado y se ordena como medida cautelar alternativa que se presente, cada 15 días, en la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia en Quito, Ecuador. 

Desacatando la medida dictada por la Autoridad Judicial, que ordenaba al economista Rafael Vicente Correa Delgado de presentarse en la Corte Nacional de Justicia, el 2 de julio de 2018, el expresidente Correa Delgado se presentó en el Consulado del Ecuador en Bruselas, Bélgica. 

Ante este incumplimiento, el Fiscal General encargado solicitó a la Jueza Camacho que ordene la prisión preventiva en contra del economista Rafael Vicente Correa Delgado, por no cumplir la presentación periódica en la Corte Nacional de Justicia, y, que se oficie la difusión de alerta roja para que la INTERPOL detenga al señor Corre Delgado, que fue emitido por el Juez de la causa en audiencia de revisión de las medidas cautelares, efectuada el 4 de julio de 2018. 

Alerta roja de INTERPOL. - 

El 4 de julio de 2018, con Oficio No. 2227-SSPPMPPT-CNJ-2018-CRG, fechado en Quito, el 04 de julio de 2018, la Jueza que conoce la causa "…deja sin efecto la medida cautelar alternativa de presentación periódica ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, para este efecto ofíciese por intermedio de Secretaría, haciendo conocer de esta disposición por cuanto han justificado conforme a derecho tanto la Defensa Técnica como el Fiscal General Estado, y la acusación que el ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado se encuentra radicado fuera del país, emito difusión roja y en tal consideración ofíciese a la INTERPOL, para que se proceda a la inmediata localización y captura del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado para fines de extradición y una vez que se cumpla lo dispuesto será remitido a la Cárcel 4 a disposición de esta Judicatura…" (Texto del Oficio a INTERPOL) 

La orden de detención con fines de extradición deberá ser solicitada por la Corte Nacional de Justicia, para que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se efectúen las diligencias del caso ante las autoridades competentes del Reino de Bélgica.           

Estos son los hechos judiciales emprendidos por las autoridades de justicia del Ecuador y sobre los cuales el Gobierno del Sr. Presidente Lenín Moreno no ha interferido, garantizando una total autonomía e independencia con el Poder Judicial.