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¿Puede Andrés Manuel López Obrador aspirar a un Ejército de paz?

Publicado: 12 oct 2018 15:22 GMT

Activistas critican que el Ejército permanezca en las calles de México, y piden que sean civiles quienes juzguen a militares. El próximo Gobierno convocará a 50.000 jóvenes para enfilarse a las Fuerzas Armadas.

¿Puede Andrés Manuel López Obrador aspirar a un Ejército de paz?
Miembros del Ejército mexicano participan en el desfile conmemorativo de la Independencia de México. Zócalo, Ciudad de México.
Alfredo Estrella / AFP
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A dos meses de que tome protesta el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para los defensores de derechos humanos no está definida la participación de las Fuerzas Armadas en su esquema de seguridad.

López Obrador ha adelantado que creará una Guardia Nacional en la que pretende establecer un 'Ejército de paz' y lanzará una convocatoria el próximo 1 de diciembre, cuando toma protesta, para que 50.000 hombres y mujeres formen parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.

La estrategia de incluir a las Fuerzas Armadas para contener la violencia opera desde hace dos sexenios. El expresidente conservador Felipe Calderón en diciembre de 2006 cambió la política de seguridad de México y declaró la criticada 'guerra contra el narco'. Envió a los militares a realizar operaciones que previamente no hacían: mezclarse con las corporaciones policiacas, perseguir delincuentes y detenerlos.

Para activistas y expertos en la materia, López Obrador no ha explicado si habrá una reforma constitucional para redefinir las funciones de los militares; tampoco, de qué manera participarán en las calles, porque una de las peticiones de organizaciones defensoras de derechos humanos es su regreso a los cuarteles.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. / Alan Ortega / Reuters

Las Fuerzas Armadas son un tema recurrente en los discursos de 'la gira de agradecimiento' del próximo mandatario; por ejemplo, el 2 de octubre, a 50 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco, aseguró que en su Gobierno no se emplearían militares en las tareas actuales de vigilancia ni "para reprimir".

Dentro de su próximo gabinete hay posiciones contradictorias, porque quien será su próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, descartó la creación de la Guardia Civil, a la que López Obrador le agregó el denominador de 'Ejército de paz'.

Críticas de los defensores de derechos humanos

La importancia de que los militares no intervengan en detenciones y en la estrategia de combate a la delincuencia ha sido una exigencia de más de 100 organizaciones, conformadas en #SeguridadSinGuerra, antes de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto facultó más a las Fuerzas Armadas.

La ley, publicada en diciembre de 2017, establece que el presidente podrá ordenar la intervención del Ejército para enfrentar 'amenazas a la seguridad interior'.

El colectivo, aglutinado por especialistas y organizaciones expertas en la materia, enfatizó que "las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar". Pero la ley se aprobó, y aunque han pedido ya al nuevo Gobierno su regulación, tampoco ven una posición clara.

Leonel Rivero, abogado fundador de Defensa Estratégica en Derechos Humanos —organización defensora de casos emblemáticos en México de violaciones por parte de las Fuerzas Armadas—, considera que para que los militares puedan ser juzgados por sus delitos durante el próximo sexenio tiene que cambiar el esquema de seguridad pública que los incluye y las leyes que los protegen.

Rivero ha defendido casos de agravios a derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad pública, la Marina y el Ejército. Entre otros, abogó por los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, en el estado de México (centro), contra la construcción de un aeropuerto. En ese caso, agentes de la Policía atacaron sexualmente a 11 mujeres en 2006, durante el mandato como gobernador de esa entidad del presidente Peña Nieto.

"Si la intención es básicamente crear una fuerza que realice labores mixtas, eso me parece una situación con mucho riesgo que solo está generando una acción de gatopardismo: cambiarle el nombre a las cosas y no cambiar nada", dice a RT.

Este despacho también tomó el caso de Nestora Salgado, actual senadora por Morena, partido de López Obrador, acusada injustamente de secuestro en Guerrero (sur), y que fue liberada en 2016. Salgado fue detenida por elementos de la Marina Armada vía terrestre. Ningún marino está en la cárcel.

Según el abogado, López Obrador no ha dejado claro qué pasaría con las Fuerzas Armadas de crearse la Guardia Nacional: "Con la creación de la Guardia Civil o Nacional pareciera que está planteando la desaparición de las Fuerzas Armadas: la Marina, el Ejército. Conformar una Guardia Civil lo que requerirá es una reforma constitucional y que desaparezcan las tres ramas del Ejército: mar, fuerzas aéreas y en tierra".

Además, recalca que esta decisión es anticonstitucional, porque el artículo 129 señala claramente que solo podrían salir a las calles las Fuerzas Armadas en caso de guerra.

Ejército impune

Un recuento reciente de RT da cuenta de que fueron más de 250.000 las personas asesinadas en México durante la estrategia 'Guerra contra el narco', impuesta por Calderón, quien por decreto presidencial incluyó a las Fuerzas Armadas en el esquema de seguridad. 

El año pasado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA en inglés) reveló que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas supuestamente por militares no se investigan.

Según el reporte 'Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México', ni los efectivos del Ejército ni los miembros de las corporaciones policiacas pagan por los delitos de los que se les acusa.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó a WOLA que de 2012 a 2016 recibieron 505 denuncias por violaciones de derechos humanos por parte de soldados. Solo 16 militares –el 3,2% del total– fueron condenados por la justicia civil tras cometer un delito.

Miembros del Ejército mexicano participando en el desfile de aniversario de la Independencia de México. Ciudad de México, 16 de septiembre de 2018. / Alfredo Estrella / AFP

El informe también enfatiza el caso de Tlatlaya, una localidad del estado de México colindante con Guerrero, donde de acuerdo a las autoridades mexicanas hay presencia de grupos de delincuencia organizada que trafican con drogas o cometen delitos de extorsión y secuestro. En 2014, presuntos delincuentes fueron asesinados por soldados. Sin embargo, no hubo ningún enfrentamiento, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"El caso de Tlatlaya revela que las investigaciones militares y civiles concurrentes demoran y obstruyen la justicia (...) Demuestra que, en la jurisdicción militar, los casos de violaciones graves de los derechos humanos no se verifican o permanecen impunes", detalla el texto de WOLA.

Militares a los cuarteles ante una estrategia fallida

Son pocos los casos emblemáticos donde miembros del Ejército han podido ser juzgados. Está, por ejemplo, el de Valentina Rosendo Cantú, una indígena violada por soldados quien a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos logró 16 años después de los hechos que sus tres agresores pagaran tras las rejas y que el Estado le ofreciera disculpas públicas. 

Por esa razón, reitera Leonel Rivero, si la decisión de López Obrador es que el Ejército prevalezca en las calles y sigan formando parte de la estrategia de combate a la delincuencia, los derechos humanos seguirán sin respetarse. Los militares no tienen capacitación para interactuar con la fuerza civil.

"Los elementos no pueden discernir entre una falta grave que no amerite el uso desproporcionado de la fuerza y, bajo esas circunstancias, tenemos hechos lamentables que tienen que ver con el uso indiscriminado", explica.

La importancia de cambiar los privilegios del Ejército se centra en casos, apunta, como Ayotzinapa, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes de magisterio ante la presencia de militares, ya que ni el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaron el caso lograron que el Ejército abriera sus mazmorras ante la acusación directa de que allí tenían a los estudiantes. 

También se tendría que eliminar la Ley de Seguridad Interior y cambiar la función del Ejército, que hasta ahora es de "máquinas de exterminio. Su función es exterminar al enemigo. Esa es la visión idílica de cualquier Estado. Tener al Ejército perfecto, y un Ejército perfecto es letal 100%".

Vania Pigeonutt

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