La tragedia del pasado 18 de enero, cuando la explosión de un oleoducto en el estado de Hidalgo (centro de México) dejó 115 fallecidos, no ha sido suficiente para detener la aparición de tomas clandestinas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El Gobierno mexicano informó este lunes que, entre el 7 y el 27 de enero, se tienen contabilizadas 1.684 tomas clandestinas en el país; de las cuales, 1.022 no han sido localizadas por las autoridades mexicanas, lo que supone un grave riesgo para las comunidades aledañas.
El 22 de enero, cuatro días después de la explosión mortal en Hidalgo, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, estimó que en el país había 569 tomas clandestinas. Cinco días después, el número casi se triplicó.
Plan contra el 'huachicoleo'
El jueves 27 de diciembre, López Obrador anunció un plan contra el robo de combustible, una actividad que genera pérdidas a Pemex por 66.000 millones de pesos (equivalente a 3.467 millones de dólares), según cifras oficiales.
Desde ese día, el Gobierno mexicano movilizó a las Fuerzas Armadas y anunció un combate frontal al 'huachicoleo', como se le conoce a la actividad del robo en la que participan organizaciones criminales, funcionarios, empresarios y personas que deliberadamente compran la gasolina a precios más bajos.
Fugas tras la tragedia
Las pérdidas económicas quedaron a un lado el 18 de enero, día en que un centenar de personas recogían combustible que salía a borbotones de un oleoducto de Pemex manipulado hasta que una chispa ocasionó una fatal explosión.
El problema es de tal magnitud, que el mismo día de la tragedia en Hidalgo, las autoridades controlaron otra toma clandestina en Querétaro que provocó un incendio, esta vez sin lesionados.
El pasado lunes 21 de enero, se registró una fuga más en una toma ilegal en Teocalco, Hidalgo (centro de México), una comunidad ubicada a 11 kilómetros de Tlahuelilpan, donde ocurrió la tragedia que ha cobrado la vida de 155 personas.