¿Qué significa tener un "presidente encargado"?, ¿es legal?, ¿por qué algunos países han reconocido como "legítimo" a un dirigente opositor y desconocen el mandato de Nicolás Maduro? Estas son algunas de las preguntas para tratar de entender por qué los venezolanos tienen una semana con un mandatario paralelo, sin que hubiesen convocado a elecciones.
La autoproclamación del diputado Juan Guaidó, uno de los fundadores del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP), ocurrió el 23 de enero de 2018, pero para entender cómo llegó allí es necesario retroceder hasta 2015.
En ese año, la oposición venezolana obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), después de unos comicios organizados y supervisados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde esa aplastante victoria electoral de la derecha, un complejo entramado de jugadas legales, exabruptos constitucionales y demandas de "forma" entre el chavismo y la oposición han alimentado el pulso de una crisis política que, este miércoles, llega a una nueva y peligrosa encrucijada: el diálogo o la "transición".
¿Qué es la mayoría calificada y la simple?
El 6 de diciembre de 2015, la oposición logró 112 escaños de los 167 que conforman la AN, lo que se traducía en una mayoría calificada (en Venezuela 2/3 de la cámara, es decir, más de 110 diputados). Esa hegemonía les permitía acciones contundentes: la remoción de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y llevar a referendo proyectos de Ley.
Pero el 30 de diciembre 2015, la Sala Electoral del Supremo (TSJ) suspendió provisionalmente las proclamaciones de cuatro diputados de Amazonas, en el sur del país, debido a un "posible fraude" en el proceso electoral de ese estado. Tres legisladores eran de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y uno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La decisión del máximo tribunal le quitó la mayoría calificada a la oposición y le dejó una mayoría simple.
A pesar de esa decisión del TSJ, la AN juramentó a los tres diputados opositores el 6 de enero de 2016 porque se negaban a perder su mayoría calificada. Los comicios en Amazonas aún no se han celebrado.
¿Cómo se inició el desacato?
El 11 de enero de 2016, el máximo tribunal ordenó las desincorporación de los parlamentarios y dictaminó que sus actos eran nulos mientras el trío de diputados opositores permaneciera en sus curules. La Asamblea acató el dictamen días más tarde.
El 28 de julio de ese mismo año, la junta directiva de la AN volvió a incorporar a los tres diputados opositores de Amazonas y alegó que lo hacía porque después de seis meses el TSJ no se había pronunciado con respecto a la situación. Tres días después, el Consejo Nacional Electoral ratificó que la proclamación de los diputados había sido suspendida.
La incorporación de los diputados de Amazonas por parte de la oposición fue respondida inmediatamente por el TSJ, que declaró al Parlamento "en desacato". En octubre de ese mismo año, el Gobierno anunció que no enviaría presupuesto a la AN mientras desconociera el fallo del máximo tribunal.
¿Por qué se trancó el juego?
En enero de 2017, la Asamblea Nacional eligió una nueva directiva y decretó el "abandono del cargo" por parte del presidente Nicolás Maduro, quien se encontraba en plenas funciones. Ese hecho reavivó las tensiones con el chavismo, que denunció la ilegalidad de las decisiones del Parlamento porque seguía "en desacato".
Días más tarde, la camarilla parlamentaria de oposición decidió desincorporar a los diputados de Amazonas para salir de la situación de desacato. Aunque parecía que ya había sido superado ese escollo, desde el chavismo alegaron que ese gesto no era suficiente.
Los dimes y diretes entre ambos factores políticos terminaron en el mismo atolladero: no se celebraron las elecciones y la AN decidió volver a incorporar a los diputados en sus curules, lo que para el TSJ implicaba volver a un "desacato" que se mantiene hasta hoy.
¿Por qué hubo violencia?
El juego trancado entre la oposición y el chavismo derivó en un llamado a la violencia. La mayoría parlamentaria denunció que el Gobierno quería quitarle funciones, después de que el TSJ resolviera asumir las competencias de la Asamblea ante el "desacato" continuado de la bancada del antichavismo.
Desde abril de 2017, el grupo más radical de la oposición convocó a manifestaciones callejeras, que derivaron en enfrentamientos violentos con las autoridades y dejaron un saldo de más de 100 víctimas fatales y casi 2.000 heridos, según datos del Ministerio Público.
La vía planteada por el presidente Maduro para desencallar el conflicto fue llamar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a la que pudieran presentarse todos los factores políticos.
La oposición optó por mantenerse en las calles y no participar, pese a la insistencia del presidente en que se incorporaran a la elección, prevista para el 1 de agosto. ¿El resultado? Las acciones violentas de los adversarios a Maduro pudieron mantenerse en el tiempo, las movilizaciones antichavistas se "enfriaron", el Gobierno acudió a las urnas y ganó la mayoría absoluta de las curules de la ANC.
El diálogo en Santo Domingo
Como ya había ocurrido anteriormente, Maduro pidió a sus adversarios políticos abrir un canal de diálogo que fue interrumpido en distintas oportunidades por los opositores. En esta, las conversaciones se reanudaron en septiembre de 2017 en República Dominicana, con el acompañamiento del jefe de Estado dominicano, Danilo Medina, del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y los cancilleres de México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas.
Los encuentros volvieron a darse el 1 y 2 de diciembre en la isla caribeña. Días más tarde, el 23 de enero, la Comisión de la Verdad, dirigida por la entonces presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación y beneficios penales para 80 personas detenidas en las protestas violentas, como parte de lo acordado entre las partes.
Las reuniones continuaron en 2018 en República Dominicana. El 6 de febrero, día de la firma del acuerdo final, la oposición se negó a suscribirlo y el proceso entró en un "receso indefinido"
¿Qué pasó con el llamado a elecciones presidenciales?
En 2018, el panorama para la oposición fue sombrío. A pesar de mantener la mayoría en el Parlamento, la situación de desacato y la pérdida de apoyo en las calles –tras la "promesa incumplida" a sus seguidores de sacar a Maduro por una vía expedita– le dio nuevos aires al chavismo.
Consolidados nuevamente como hegemonía política, desde la ANC se convocaron a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018. La oposición, así como los gobiernos de EE.UU. y de un cónclave de países autodenominado "Grupo de Lima", se opusieron a la realización de los comicios por considerarlos como una "farsa".
Finalmente, el 20 de mayo los venezolanos acudieron a las urnas y Maduro fue reelecto con el 67,8% del total de los votos y con una participación de la mitad del padrón electoral, que corresponde a casi 10 millones de personas. Estos resultados fueron desconocidos por la oposición, por Washington, por autoridades de la Unión Europea (UE) y por los gobiernos del Grupo de Lima, que calificaron al mandatario de "ilegítimo" y amenazaron con no reconocerlo, a pesar de que dirigentes opositores (ajenos a la cúpula tradicional) fueron candidatos presidenciales y reconocieron la transparencia de los resultados.
¿Quién "preside" la Asamblea en 2019?
El pasado 5 de enero, Guaidó, que perteneció al movimiento estudiantil opositor al gobierno de Hugo Chávez, fue juramentado como presidente de la AN. Tal como sucedió en los años anteriores, se nombró una junta directiva.
"Desde hoy asumimos la responsabilidad de proponer, sumar y consultar con todos los sectores, organizaciones y liderazgos la ruta hacia la libertad. Es por eso que, Nicolás, este 10 de enero no te vamos a juramentar", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter tras ser nombrado.
El Tribunal Supremo de Justicia nuevamente declaró la "inconstitucionalidad" del Legislativo, anuló la juramentación de la directiva y todos los actos siguientes porque persistía el desacato de sus sentencias anteriores. Es decir, para el máximo tribunal, la autoridad de Guaidó frente a la Asamblea Nacional no existe.
¿Qué ocurrió en la primera sesión del Parlamento en 2019?
Como ya lo habían asomado, la AN centraría su discusión del 8 de enero en la "transición política" y en su postura frente a la proclamación de Maduro, que se llevaría a cabo dos días después y desconocerían el 11 de enero.
¿Por qué la AN no juramentó a Maduro?
La juramentación del presidente, según el artículo 231 de la Carta Magna venezolana, debe realizarse ante la AN. Sin embargo, debido a que su junta directiva se encuentra aún en desacato y, tal como lo contempla el mismo artículo de la Constitución, le correspondió al TSJ realizar el acto. Así ocurrió el 10 de enero de 2019.
Esta fecha fue la establecida como "límite" por Washington y el Grupo de Lima para catalogar al presidente venezolano como "ilegítimo" y no reconocer su nuevo mandato.
¿Por qué Guaidó asumió la "encargaduría de la presidencia"?
Al día siguiente de la proclamación de Maduro, Guaidó dijo que asumía la "encargaduría de la presidencia", figura jurídica que no existe en la Carta Magna venezolana, en medio de una concentración de personas a las afueras de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en Altamira, una zona pudiente en Caracas.
El diputado citó los artículos constitucionales 233, 333 y 350 para justificar su decisión.
¿Qué dicen estos artículos?
El artículo 233 declara como "faltas absolutas" del presidente su muerte, su renuncia, la destitución decretada por el TSJ, la incapacidad física y mental, el abandono del cargo o la revocatoria popular del mandato.
Maduro ha explicado en varios oportunidades que no existe ninguna de las causales para considerar la falta de cargo argumentadas por Guaidó.
Por otra parte, el artículo 333 consagra que la Carta Magna "no perderá su vigencia" si deja de acatarse por la fuerza o por ser derogada, por lo que cualquier persona "tendrá el deber de colaborar" para reestablecerla.
Según la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz, el Parlamento asume que el Gobierno dejó sin efecto la Carta Fundamental y que "está autorizado a insubordinarse". Lo que establece el artículo, expone, se aplica en caso de que ocurra un golpe de Estado y "se decidiera derogar la Constitución por acto de fuerza".
¿La Asamblea puede "desconocer el régimen" de Maduro?
Finalmente, el artículo 350 recoge que los venezolanos desconocerán a cualquier régimen "que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".
Este artículo, según una sentencia del máximo tribunal en 2003, está relacionado con la convocatoria, conformación, acciones y límites de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y debe interpretarse en conjunto con los 347, 348 y 349. Por lo tanto, no aplica para lo que Guaidó plantea.
¿Son legales los "acuerdos" de la Asamblea?
En la sesión del 15 de enero, el Parlamento discutió sobre cuatro "acuerdos", uno de ellos fue la "usurpación de la presidencia" por parte de Maduro. Este hecho, según la Sala Constitucional del TSJ, implica que la Asamblea Nacional desconoce los poderes públicos venezolanos.
El meollo del asunto es que la declaratoria de "usurpación" no es facultad de la Asamblea Nacional, sino del TSJ. Sobre el resto de los "acuerdos" aprobados, el argumento del Tribunal Supremo es el mismo: como el Parlamento está en desacato, sus acciones no tienen validez.
¿Hay dos presidentes en Venezuela?
El 23 de enero, Guaidó dijo que invocaba los artículos 333 y 350 de la Constitución para "asumir las competencias del Ejecutivo nacional como presidente encargado", en un acto frente a los simpatizantes concentrados en la plaza Juan Pablo II, en el municipio Chacao, zona opositora de la capital venezolana.
Desde ese momento, EE.UU., algunos países europeos y parte de los miembros del Grupo de Lima, lo reconocieron como "presidente interino", a pesar de que días antes Maduro había sido juramentado para el periodo 2019-2025.
La cabeza del máximo tribunal, Maikel Moreno, catalogó estas actuaciones como un golpe de Estado "con el apoyo de gobiernos extranjeros" y manifestó que el Poder Judicial reconocía a las "autoridades legalmente constituidas".
Entre las acciones recientes, el Ministerio Público inició una "investigación preliminar" a Guaidó por "delitos graves que atentan contra el orden constitucional" y el máximo tribunal le dictó medidas cautelares como prohibición de salida del país, enajenación y gravamen de sus bienes muebles e inmuebles y congelamiento de sus cuentas bancarias.
¿Es un "golpe de Estado"?
El Gobierno venezolano ha denunciado que la oposición encabeza un "golpe de Estado", con el respaldo expreso de EE.UU., mientras el antichavismo reconoce a Guaidó como nuevo líder y "presidente encargado" aunque no haya llegado mediante elecciones.
Este miércoles, Guaidó ha llamado a sus seguidores a una movilización de dos horas, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, para "llevarle un mensaje" a las Fuerzas Armadas y exigirles que permitan "el ingreso de la ayuda humanitaria".
El principal problema de Guaidó es que, aunque cuenta con el respaldo político de EE.UU. y algunos países de la región, no tiene el espaldarazo manifiesto del Alto Mando Militar venezolano, que ha ratificado su apoyo público al presidente constitucional. La ausencia de ese elemento de fuerza pone la "presidencia encargada" en un estatus aéreo que tendrá que definirse próximamente, según voceros de la oposición, mediante el diálogo o la fuerza.
Nathali Gómez y Nazareth Balbás
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