La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela declaró este jueves nula la designación hecha por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, de una "nueva junta directiva" de Citgo y una junta administradora en PDVSA.
El magistrado Juan José Mendoza leyó una sentencia en la que señala que el Parlamento aprobó un "írrito acuerdo" para nombrar la junta directiva de ambas empresas petroleras.
También dictó una serie de medidas cautelares, que incluyen prohibición de salida del país y enajenación de bienes a los ciudadanos designados para las dos compañías: Simón Antúnez, Gustavo Velázquez, Carlos Paisa, Ricardo Prada, David Smolanski, Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolero, Andrés Padilla, Ángel Olmeta, Luis Urdaneta, Javier Troconis y Rick Esser.
Además ordenó el bloqueo de cuentas bancarias a estas personas o "cualquier otro instrumento financiero" en territorio venezolano.
Traslado a Venezuela para enjuiciamiento penal
La Sala Constitucional, a cargo de Mendoza, pidió a la de Casación Penal iniciar los trámites correspondientes para "el traslado a Venezuela" de los designados por la Asamblea Nacional en la directiva de Citgo y PDVSA para los "fines de enjuciamiento penal con la actuación del Ministerio Público".
El togado ratificó que como el Parlamento "se encuentra en condiciones de desacato", los nombramientos son "nulos de nulidad absoluta y carentes de efecto jurídico". También indicó que los "designados" incurren en delitos de usurpación de funciones "consagrado en el ordenamiento jurídico penal venezolano".
El magistrado dijo que el Parlamento pretendió "asaltar" a PDVSA y sus empresas filiales "bajo argumentos falaces e incongruentes", por lo que exhortó a la industria estatal petrolera tomar medidas necesarias para la protección de las actividades de comercialización, exploración y explotación del crudo venezolano y sus derivados.
Esta sentencia se suma al fallo dictado por el Máximo Juzgado del país el 21 de enero pasado en la que reafirmó la nulidad de la junta directiva del Legislativo, así como sus actos y decisiones.
La decisión del TSJ fue anunciada horas después de que la Fiscalía venezolana notificó la apertura de investigaciones contra los embajadores y directivos de las compañías Citgo y PDVSA designados por Guaidó.
El titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, afirmó que los nombramientos hechos por el autoproclamado "presidente encargado" no tienen "consecuencia jurídica legal" porque solo pueden ser realizados por el presidente constitucional, Nicolás Maduro.