En México, la población infantil de 5 a 17 años asciende a 29,3 millones, de ellos, 3,2 millones son explotados laboralmente y se estima que 460.000 han pasado a engrosar las filas de las organizaciones criminales.
Desde 2006, cuando en México se inició la llamada guerra contra el narcotráfico, diversos informes han alertado que niñas, niños y adolescentes representan uno de los grupos más afectados por diversas formas de violencia y de vulneraciones a derechos, así como por el actuar del crimen organizado.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimaba que 30.000 niños y niñas cooperaban con grupos criminales en diversas funciones. Para 2018, la cifra se calculaba en 460.000 menores reclutados por el narco en México, con base en cifras de Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De esta forma, se habría registrado un incremento del 153 %.
Las pandillas aprovechan la falta de oportunidades y el limitado accionar de los Estados de Centroamérica para reclutar y entrenar en el uso de armas y el tráfico de drogas a niños y adolescentes pobres, según el estudio más reciente de la CIDH, 'Violencia, niñez y crimen organizado'.
En el caso mexicano, la CIDH destacó que, de acuerdo con la información proporcionada por el Estado, se desprende que los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad, o incluso antes, "para trabajar para traficantes, ya sea de productos ilícitos (drogas o armas) o de personas (burreros), como para realizar asaltos, agresiones y secuestros".
A cambio, en algunos casos, los cárteles les ofrecen dinero, ropa, alimento o medicinas, alertó la dirigente de una asociación civil en la ciudad de Guadalajara, la más importante del estado de Jalisco (oeste de México), que rescata a niños en situación de calle. "Los niños y jóvenes que buscan un trabajo son la presa preferida de las células delictivas", refirió la mujer, en condición de anonimato, al periódico local Reforma.
En el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que los Estados que signan este convenio, México entre ellos, reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpezca su educación, que sea nocivo para la salud y para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de niñas, niños y adolescentes. Datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) nacional estiman que 2 % de las niñas y niños de 6 a 11 años de edad (275.000 menores de este grupo etario) realizaron algún tipo de trabajo.
En este sentido, desde 2011, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), una organización que trabaja en los impactos que tiene la violencia en la niñez mexicana, alertaba que el Estado mexicano cada día ofrece menos oportunidades de desarrollo a niños, niñas y jóvenes, quienes además ahora son testigos y víctimas de una guerra declarada contra el crimen organizado.
"Aunque no se tiene la plena certeza, sobre el número de niños involucrados en actividades delictivas del crimen organizado, pues las autoridades no se han preocupado en elaborar estadísticas con cifras oficiales, se hablan de aproximadamente 30.000 niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de 22 delitos diferentes", resalta la red.
Carne de cañón
Un informe de 2012 daba cuenta que a la mayoría de los menores detenidos por delincuencia organizada, se les vinculaba con el cártel del Golfo y Los Zetas, y participaban en enfrentamientos con militares y policías en operativos contra el crimen organizado y el narcotráfico en varias entidades del país.
En este sentido, la CIDH destaca que los niños y adolescentes "son utilizados y abusados" por las organizaciones criminales, pues los adultos los consideran "piezas prescindibles e intercambiables, el último eslabón de la cadena y por lo usual les encargan actividades de mayor riesgo para su integridad personal o de ser detenidos por la Policía".
La CIDH considera que el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado o las pandillas se da también a partir de la dependencia a alguna droga.
"Muchos de los niños, niñas y adolescentes, en especial los que se dedican al narcomenudeo, son ellos mismos consumidores de drogas; la dependencia de la droga es una de las estrategias de los narcotraficantes para captar a nuevos niños y adolescentes para el microtráfico a través de su consumo y adicción", apunta la Comisión.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también ha llamado a proteger a los menores migrantes, cuya presencia se ha visto incrementada en las caravanas que se han registrado desdedesde octubre de 2018: del 17 de enero hasta marzo de este año, han cruzado 3.000 niños y adolescentes desde Tecun Uman, Guatemala, a Tapachula, México. "Es fundamental garantizar la protección especial para estos niños, particularmente para aquellos que viajan solos", exhorta el fondo.
Otro aspecto que la Unicef destaca es que América Latina y el Caribe es la única región donde se ha registrado un aumento de las tasas de homicidio entre los adolescentes. Un informe reciente, publicado por la Redim, revela que tres niñas, niños y adolescentes son asesinados a diario en México, debido a la crisis de violencia, que solo durante el 2018 dejó más de 33.000 víctimas fatales.
La respuesta del Gobierno
En su respuesta al informe de la CIDH, el Estado mexicano, entonces bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), reconoció que había aproximadamente "un millón y medio de niños de 5 a 17 años que no estudian ni trabajan, quienes son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada".
Con la intención de combatir este fenómeno, la Administración de Andrés Manuel López Obrador lanzó un programa de apoyos económicos a estudiantes y el programa 'Jóvenes Construyendo el Futuro', destinado a quienes no tienen empleo, y que fue una de sus principales banderas de campaña cuando buscaba la presidencia de México.
Las medidas aplicadas contemplan una beca de 85 dólares (1.600 pesos) cada dos meses a estudiantes de nivel básico y medio superior, a fin de que no abandonen la escuela, mientras que a los universitarios, provenientes de familias de escasos recursos, se les asignan 126 dólares (2.400 pesos) mensuales.
'Jóvenes Construyendo el Futuro', por otra parte, es un programa que está destinado a la población entre 18 y 29 años que no está estudiando ni tiene empleo. Bajo esta modalidad, los candidatos son contratados por un tutor que le enseña un oficio y profesión, por lo que se les otorga un salario de 189 dólares (3.600 pesos) al mes.
"Si tenemos a todos los jóvenes estudiando y trabajando, vamos a serenar a México. Así es como vamos a conseguir la paz y la tranquilidad (…) Nosotros vamos a atender a los jóvenes, si no se atiende al joven, imagínense, llegan a sonsacarlo, a engancharlo para que se rolen en las bandas de la delincuencia. Tenemos que quitarles a los jóvenes a las bandas", dijo López Obrador el pasado fin de semana antes de echar a andar la estrategia de seguridad con la busca combatir la violencia en el país, que gobierna desde diciembre de 2018.
Este año, la actual Administración planea destinar 2.315 millones de dólares (44.000 millones de pesos) a dicho programa.
Paola Morales
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!