Se escucharon dos disparos, rápidamente seguidos de otros dos. Jason Moncada, de 14 años, se tiró al suelo aquel día de 2004 cuando se dirigía a su escuela; un suelo de tierra resecada, como la mayoría de los caminos que conformaban la zona rural del Meta, una de las 32 localidades de Colombia. Jason divisaba con claridad —se encontraba justo en el medio—, el enfrentamiento armado que sucedía repentinamente frente a sus ojos. Desde arriba, en las extensas colinas que encerraban a la región, estaban los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo armado del país y con una ideología marxista-leninista. Por debajo, y delante suyo, facciones paramilitares, creadas por fuera del Estado para contrarrestar a la izquierda armada. Reconoció las armas de estos últimos: una AK- 47, fusil de calibre 23. También otras ametralladoras. En ese instante, mientras la balacera aumentaba y cubría su cabeza con ambas manos, se acordó del consejo de sus padres y maestros: "No corras. Si no hay un lugar dónde esconderse, quédate en el suelo hasta que termine la confrontación".
Aquel día, Jason Moncada, después de permanecer media hora boca abajo, volvió a su casa sin asistir a clases. Desde entonces, los enfrentamientos se habían vuelto una constante en Vista Hermosa, la zona donde vivía con su familia en el Meta: tiroteos de camino a la escuela, en las inmediaciones del colegio, en la esquina de su casa. El alarmante escenario llevó a que sus padres tomaran medidas de seguridad para su hijo y sus cuatro hermanos: les prohibieron volver a las aulas. "Se quedan en la casa", atinaba a decirles su madre cada vez que pedían volver. No más fútbol con sus compañeros en los recreos ni más enseñanzas sobre Ciencias Naturales, su asignatura preferida.
Pero lo que más enardeció a Jason no fue el abandono escolar, sino la presencia, cada vez más frecuente, de paramilitares. Los veía merodear por su barrio, amedrentando a distintos vecinos y armados hasta los dientes. Una tarde del 2005, cuando salió de su vivienda a buscar leña para cocinar, fue acorralado por un grupo. Lo llevaron, a punta de pistola ─una AK-47─, a lo profundo de los suburbios. En el camino lo insultaban, lo amenazaban de muerte y le repetían una y otra vez que pertenecía a las FARC. "Usted es un informante", afirmaban los paramilitares. Tras un violento interrogatorio, que incluyó golpes y ahogamientos en un lago cercano, lo liberaron. Aquel día, el adolescente de 15 años tomó una decisión drástica: se uniría a las FARC por ocho años y a la guerra civil más extensa en la historia de América Latina.
Desde que, en 2016, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmara el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) —decreto que oficialmente puso fin al conflicto armado que duró 52 años—, los 7.800 miembros que alcanzó la organización a lo largo de todo el país comenzaron un nuevo camino: su reintegración a la vida civil.
En 2017, las FARC iniciaron un proceso de despojo material. Entregaron, bajo supervisión de la ONU, las armas de la guerrilla para su fundición y, además, declararon en su posesión 241.560 hectáreas de inmuebles, entre otros bienes, que otorgaron al Gobierno, y cuyo valor ascendía a 963.241 millones de pesos (unos 322 millones de dólares). En el mismo año, la organización pasó a conformarse como un partido político legal —Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común—, con participación dentro del Congreso, obteniendo cinco bancas de diputados y senadores en las últimas elecciones del país sudamericano.
Del fusil en la selva al sueño de la Universidad
La voz de Jason Moncada, hoy de 29 años, llega diáfana desde Bogotá, capital de Colombia. Vive allí junto a su primer hijo y su pareja, luego de permanecer ocho años asentado en la guerrilla, viajando a las profundidades de la selva colombiana, y después de pasar otros cuatro años detenido en una prisión estatal, cuando fuerzas del Gobierno lo capturaron en 2012. Tras el tratado de paz en 2016, y por el cual fue liberado, Moncada logró finalizar los estudios secundarios que había abandonado en su adolescencia, a través de un programa educativo creado para que los excombatientes puedan comenzar a reincorporarse en la vida civil de su país. Su camino desde entonces, admite, "no fue fácil" porque, para muchos, las FARC eran la única opción que les quedaba.
"Cuando llegué la primera vez al campamento en el Meta, había muchos jóvenes que, al igual que yo, terminaron allí por una necesidad. Miraban la guerrilla como una opción de defensa o una forma de sentirse mejor amparados. Por la violencia que se había desatado, ninguno de nosotros pudo continuar con sus estudios, como quizás sí ocurría en otros puntos de zonas más pacíficas. Esa falta de oportunidades es lo que hace que muchos se alisten. Y cuando uno entra, la verdad, se enamora. Es una nueva vida que usted va a comenzar. Es difícil, claro, pero la ejemplaridad que hay allí, el afecto, la hermandad, la fraternidad y todo este montón de cosas que a uno lo hacen como enamorarse más y decir 'este era el camino que yo buscaba'. No es el mejor, pero no había otra alternativa", detalla Moncada en diálogo con RT.
En 2016, Moncada fue convocado a participar en la Fundación Fucepaz (Fundación Colombiana de Ex combatientes y Promotores de Paz), organización creada por exintegrantes de la guerrilla y amparada por el Estado, que tiene como objetivo final impulsar el proceso de reincorporación. A través de un programa educativo, el joven accedió a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para finalizar sus estudios de bachiller. En 2017, Jason obtuvo su titulación, junto con otros 733 exguerrilleros que se graduaron desde que comenzó la iniciativa en 2014.
"La experiencia de graduarme en el programa de la UNAD fue increíble. Aunque por mi conocimiento pude hacer un año acelerado y terminar antes que otros, la integración con que los profesores abordan a los estudiantes es muy buena. No solo asistíamos a clase, sino que los maestros también se acercaban a algunas zonas de difícil acceso para que todos pudieran participar y no quedar afuera. Tengo la esperanza de ingresar a la universidad para seguir la carrera de Ciencias Ambientales. Desde pequeño me gusta mucho la fauna y la naturaleza. En mi tiempo con la FARC aprendí mucho en la selva. Aunque aún no existe un programa para comenzar la universidad (en Colombia no hay educación superior gratuita), espero poder aplicar a alguna beca. Tras la vida que tuve, quiero progresar. Uno invirtió mucho tiempo en la guerrilla", finaliza Moncada.
Areliz Perez Orejuela tiene 40 años y actualmente vive en Bogotá. A la edad de los 15, en la misma región del Meta, decidió unirse a las FARC, luego de ser desplazada violentamente por grupos paramilitares de San José de la Isla, el pueblo donde se crió junto a su familia. El día que llegó por primera vez al campamento donde permaneció durante 20 años, hasta que fue capturada por el Gobierno en 2015, supo que aquel era su "lugar en el mundo".
"Desde muy pequeña anhelaba con unirme. Pero debía esperar hasta los 15, que es la edad permitida. Y fue, principalmente, porque los grupos paramilitares me desplazaron con mi familia. Ahí comenzó mi sueño de ser guerrillera y formar parte de la organización. Pero, que no se malentienda, uno no ingresa solo a disparar un arma. Así como tenía entrenamiento militar, también tenía cursos políticos en donde le enseñan a uno cuál es el origen de nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y por qué estamos aquí. Entonces uno empieza a ir creciendo políticamente. O sea, es ir entendiendo todo: las causas que iniciaron la lucha armada", explica Orejuela .
En 2016, cuando fue liberada, Areliz se acercó a Fucepaz para iniciar su regreso a la vida civil y, también, finalizar sus estudios. Admite que lo que más le costó no fue dejar el fusil con el que dormía en la selva por las noches, sino volver a hacer una fila para obtener un turno médico.
"La adaptación nos costó —cuenta Areliz— no tanto porque uno deje las armas, sino por el tiempo que uno ha estado insertado en otra dinámica, llevando las cosas de otra manera. Por ejemplo, en Fucepaz nos enseñaron muchas cosas que hasta ahorita nosotros nunca lo habíamos vivido. Por ejemplo: ir a hacer una fila para sacar una cita médica. Nosotros nunca pasamos por eso. Es decir, a los 40 años, nunca había hecho una fila para pagar el recibo de alguna cuenta o tomar el transporte público en la ciudad. Junto con otros excombatientes, luego de la firma del tratado de paz, comenzamos a vivir en un hotel de Bogotá y los maestros se acercaban hasta ahí para darnos la clase. En 2017 terminé el bachiller y ahora me gustaría ingresar a la Universidad para continuar la carrera de psicología".
Del combate armado al mundial de Rafting en Australia
No solo los programas educativos para exintegrantes de la FARC funcionan en Colombia. El deporte también es un disparador colectivo que impulsa a la integración en la sociedad.
El jueves 11 de mayo, cinco excombatientes viajaron a Australia para participar del Mundial de Rafting, invitados por la Federación Internacional del deporte acuático.
Los exguerrilleros, provenientes de la ciudad de San Vicente del Caguán, en Caquetá, —una de las zonas más violentas durante el conflicto armado—, fueron capacitados como guías de rafting, a través del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), un programa similar a la UNAD cuyo objetivo apunta a la reincorporación civil.
El deporte, que consiste en el desplazamiento de un bote con la ayuda de remos sobre la corriente de un río en descenso, es popular en la zona donde está el ETCR, debido a que está atravesada por dos extensas cuencas fluviales: Caguán y Yari.
Bajo el lema 'Remando por la Paz', el equipo, que cuenta con otros tres miembros ajenos a la organización armada, reunió los fondos necesarios para financiar su participación en Oceanía con un emprendimiento dedicado al turismo aventura, que ofrecen clases de rafting en los ríos de su ciudad, además de diversos aportes privados.
Agencia para la Reincorporación y Normalización
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), antes Agencia Colombiana para la Reintegración, se creó en 2011 como una unidad estatal encargada de fortalecer la implementación de la política para el retorno de actores del conflicto armado a la vida civil.
Desde el organismo impulsaron el programa educativo de la Universidad Abierta y a Distancia y, según sus cifras, más de 5.879 excombatientes de las Farc-Ep ingresaron para terminar sus estudios.
Guadalupe Guerrero, asesora legal de los programas de la ARN, admite que el reto más difícil que la agencia debió superar, luego de los acuerdos de paz en La Habana, fue la generación de confianza con los excombatientes.
"Era un grupo masivo que, desde sus inicios, estaba en contra del Estado colombiano y, con el tiempo, de nuestro organismo. No creía en él. Llevamos un tiempo arduo trabajando junto a ellos, pero reconocíamos ciertas distancias. Es por eso que comenzamos a incorporar a exintegrantes de FARC para trabajar en la agencia, con el objetivo de ampliar las relaciones y comprender mejor el terreno de trabajo", explica Guerrero.
La funcionaria también reconoce que, en sus inicios, la ARN mantuvo un programa "asistencial" que fue corrigiendo.
"El programa de reintegración solía ser por solo dos años y tendía a resultar como meramente asistencialista. Lo ampliamos a un proceso integral, comprendiendo todas las dificultados que trae una persona que viene de la guerrilla. Hoy trabajamos a través de ocho dimensiones, entre las que se destacan: la salud, la cuestión familiar, educativa, económica, de seguridad y personal. A partir de identificar las debilidades, emprendemos el proceso de reinserción", detalla la asesora legal.
Respecto del programa educativo, Guerrero asegura que apunta a una alfabetización en donde los profesores se acercan a los ingresantes: "Creamos el proyecto 'Maestro Itinerante', cuyo objetivo es llegar a las poblaciones que se encuentran en zonas periféricas del país, con difícil acceso, en donde también se detectan estos grupos. Además, contamos con una oferta educativa rural, destinada a las poblaciones que viven de la tierra y mantienen otras dificultades", finaliza la funcionaria.
Violencia en un contexto de paz
Aunque la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC implicaba el cese de la violencia política en el país sudamericano, los ataques contra exmiembros continúan. La semana pasada trascendió el asesinato del primer excomandante del extinto grupo insurgente, conocido como Wilson Saavedra, quien había participado en la rúbrica de la paz en 2016 y se acogió a su proceso de reincorporación a la vida civil.
Saavedra fue ejectuado a tiros por dos sujetos que viajaban en moto en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca (oeste del país), cuando dirigía a comprar una torta de cumpleaños para su hijo. Con su muerte, suman 131 los excombatientes de la guerrilla asesinados, según un recuento de Semana.
El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), una ONG de Colombia dedicada a las defensa de los derechos humanos, dio a conocer recientemente las cifras sobre la violencia política en el país, y detalló que, durante el 2018, se registraron 648 muertes por esta causa.
Facundo Lo Duca
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