Hasta 175 años tras las rejas: EE.UU. anuncia 17 nuevos cargos criminales contra Assange

Las acusaciones anunciadas este jueves suponen un máximo de 10 años de prisión por cada una, de ser comprobada la culpabilidad del fundador de WikiLeaks.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido acusado en EE.UU. de 17 nuevos cargos criminales federales por la presunta obtención y divulgación ilegal de información secreta, según anunció este jueves la Justicia estadounidense.

Las nuevas imputaciones se suman al cargo de conspiraciónanunciado por Washington justo después de que el activista australiano fuera arrestado en Reino Unido tras ser despojado de su asilo político en la Embajada ecuatoriana en ese país.

Esa acusación estipulaba un límite de cinco años en prisión, pero los nuevos cargos, cada uno con una potencial privación de libertad de hasta una década, suponen un máximo adicional de 170 años tras las rejas.

Acusaciones

Trascendió que los cargos giran en torno a la publicación de documentos secretos en 2010 obtenidos por la exanalista de inteligencia Chelsea Manning, e incluyen presuntas violaciones a la denominada Ley de Espionaje del país norteamericano. John Demers, asistente del fiscal general para la Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, señala que Assange estuvo involucrado en una "solicitud explícita de información clasificada".

Según cita The Washington Post, los fiscales añaden que Assange y WikiLeaks "alentaron repetidamente a las fuentes con acceso a información clasificada a robarla" y entregarla al portal, y alegan que Manning respondió a ese llamado descargando y posteriormente proveyendo al activista de bases de datos de reportes de guerra, evaluaciones de los detenidos en la base de Guantánamo y cables del Departamento de Estado.

La parte acusatoria indica que estas revelaciones —más de 700.000 documentos clasificados—, contenían nombres de ciudadanos afganos e iraquíes que fungieron como fuentes para el Gobierno estadounidense, por lo que los fiscales estiman que las filtraciones pusieron "a personas inocentes en grave peligro simplemente porque proporcionaron información a EE.UU.".

"El fin de la Primera Enmienda"

Analistas estiman que el desarrollo del caso contra Assange sienta un precedente que pondría en riesgo a otros periodistas que publiquen información confidencial o que la hayan divulgado con anterioridad. El portal WikiLeaks, por su parte, ya se ha pronunciado respecto a las imputaciones contra su fundador.

"Esto es una locura. Es el fin del periodismo de seguridad nacional y de la Primera Enmienda", escribió la organización en su cuenta oficial de Twitter.

Adoptada en 1971, la Primera Enmienda prohíbe, entre otros, la creación de leyes que reduzcan o amenacen la libertad de expresión y de prensa. Expertos legales señalan que procesar criminalmente a un periodista por sus reportes equivaldría a una violación de esta enmienda de la Constitución de EE.UU.

Esto no se había puesto a prueba, pues el Gobierno estadounidense nunca había acusado a un periodista bajo la Ley de Espionaje antes del caso del fundador de WikiLeaks. Demers, no obstante, afirma que "Julian Assange no es ningún periodista".

Hannah McKay / Reuters
Vista de la Embajada de Ecuador en Londres. / Niklas Halle'n / AFP
Vehículo de la Policía británica trasladando a Assange a la Corte de Magistrados de Westminster, Londres, Reino Unido. / Rob Pinney / www.globallookpress.com
Momento en que las fuerzas de seguridad británicas sacan a Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. / www.globallookpress.com
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Assange, en un vehículo de la Policía londinense. / Hannah McKay / Reuters
La Embajada de Ecuador en Londres. / Peter Nicholls / Reuters
Assange, en un vehículo de la Policía londinense. / Henry Nicholls / Reuters
La Embajada de Ecuador en Londres. / Isabel Infantes / AFP
Assange, en un vehículo de la Policía londinense. / Henry Nicholls / Reuters
Hannah McKay / Reuters
Assange, en un vehículo de la Policía londinense. / Henry Nicholls / Reuters
La Corte de Magistrados de Westminster, Londres, Reino Unido. / Hannah McKay / Reuters
La Corte de Magistrados de Westminster, Londres, Reino Unido. / Hannah McKay / Reuters
Henry Nicholls / Reuters