México está catalogado como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las estimaciones sobre el número de personas que sufren esta situación en el país varían entre 50.000 hasta 500.000; la diferencia es tan amplia debido a que las estadísticas disponibles sobre ese delito son muy escasas y para algunas entidades simplemente no hay información, refiere una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Así, el plan del Gobierno de México para controlar y ordenar los flujos migratorios que cruzan su territorio, anunciado tras el amago del presidente estadounidense, Donald Trump, para imponer un arancel del 5 % a todas las importaciones mexicanas, es también una oportunidad histórica para la nación latinoamericana en el combate a la trata de personas.
"Por primera vez en 20 años, sería la oportunidad histórica que tendríamos de presionar al Gobierno mexicano, que se está comprometiendo públicamente, y ante el mundo, a que se va a enfrentar a las redes de traficantes. Eso es un desafío enorme, porque eso implica verse a sí mismo, es casi casi tocar las entrañas del propio sistema", señala la analista experta en migración Leticia Calderón Chelius.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido claro sobre que su Gobierno combatirá este "negocio" ilegal. Lo hizo un día después de que 785 migrantes que viajaban en cuatro camiones de carga en condiciones peligrosas fueran rescatados de la que es considerada una de las operaciones de tráfico de personas más grandes del mundo, a decir de las propias autoridades.
El plan mexicano, sobre el que se darán a conocer avances este viernes 21 de junioy que fue presentado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, contempla el despliegue de la Guardia Nacional, el desmantelamiento de las organizaciones de tráfico de personas y autorizar la entrada de aquellas personas que soliciten asilo en la frontera sur de EE.UU.
Justamente, el despliegue de la Guardia Nacional de México es el punto que más ha generado críticas entre activistas, analistas y opositores, ante el temor de que se produzcan violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
La politóloga Denise Dresser escribió en redes sociales que México se ha convertido en la policía de Trump al criminalizar a los migrantes, sin embargo, Calderón Chelius apunta que las detenciones a la población en tránsito migratorio han sucedido durante décadas sin que se diera explicación sobre ello.
"Me parece muy simplón el argumento de que el Gobierno mexicano está desplegando a la Guardia Nacional y que va a hacer detenciones, porque eso se ha hecho durante décadas, lo que pasa es que ahora se está haciendo abiertamente, no se está haciendo en lo oscurito, como pasó con el Plan Frontera Sur [creado en 2014 para atender y controlar el flujo migratorio de Centroamérica hacia EE.UU.] sobre el que nunca se rindieron cuentas", apunta la doctora en ciencias sociales.
Apenas este 18 de junio, la Guardia Nacional impidió a personas de origen africano y haitiano abandonar un albergue en la ciudad de Tapachula, en Chiapas (sur). A ello, se suman las quejas de la población migrante por los malos tratos que reciben tanto en México como en EE.UU., país que además anunció la suspensión de los programas de ayuda humanitaria destinados a Honduras, Guatemala y El Salvador, hasta que estos realicen nuevas acciones para detener el flujo de migratorio.
La protección a los derechos fundamentales de las personas migrantes es, tal vez, "la prueba de fuego" del plan del Gobierno de México, enmarca Calderón.
Desde hace 29 años, la CNDH ha manifestado su preocupación por la vulnerabilidad que atraviesan los grupos de personas que se encuentran en una situación migratoria irregular, al exponerse a ser víctimas del crimen organizado, secuestros, trata de personas, situaciones climáticas extremas, accidentes y de "ser sujetos de abusos de autoridad, trayendo como consecuencia violaciones a sus derechos humanos", manifiesta el propio organismo.
La corrupción y la impunidad, dos problemas que López Obrador ha prometido combatir desde que se encontraba en campaña rumbo a la presidencia, son vistas como 'facilitadoras' para violar los derechos fundamentales en México.
"Tenemos una desviación de origen que, obviamente, nos obliga a ver a la autoridad como corrupta, violadora de derechos humanos y es muy difícil creerle, entonces, toda acción que el Gobierno mexicano despliega obviamente levanta suspicacia", apunta.
El mandatario mexicano anunció este 18 de junio una "limpia" al interior del servicio de aduanas y del Instituto Nacional de Migración (INM), el organismo que tiene como misión fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros.
La Administración de Trump informó que en mayo hubo 144.000 aprehensiones, un incremento del 32 % respecto al mes anterior, lo que es considerado por Washington como un número sin precedentes en los últimos años y que, presumiblemente, fue lo que originó la reacción de Trump contra México.
Con el plan migratorio, el Gobierno mexicano "compró tiempo", dice Calderón, mientras analiza otras estrategias para hacer frente a un fenómeno sin precedentes en la nación latinoamericana. Del 29 de enero, fecha en que se dio la primera devolución por parte de EE.UU., hasta el 12 de junio, se internaron 11.922 personas originarias de Centroamérica a territorio mexicano, todos ellos esperan respuesta de asilo del gobierno estadounidense.
The New York Times reportó que en ciudades tan distantes como San Antonio y Portland, en Maine, en la frontera con Canadá, llegaron inmigrantes procedentes del Congo y de Angola después de un recorrido que los llevó primero a Ecuador, y de ahí hacia el norte a pie o en autobús a través de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, por donde cruzaron la frontera con Texas.
Calderón Chelius pone el acento en lo que considera una "extorsión" por parte de Donald Trump, que "ha apretado en el tema migratorio de una manera muy fuerte y muy cruel, porque ha alargado los trámites de solicitud de asilo, que es como migra la mayoría de este nuevo perfil migratorio". La entrevista recuerda que muchos de estos migrantes no tienen cita con un juez hasta el año 2020. "Es obvio que el país más poderoso del planeta puede poner más jueces si quiere, pero así cierra la pinza en ambas fronteras y esto ha vuelto la situación muy crítica", explica.
El desdén del presidente estadounidense también es subrayado por el analista político José Fonseca, quien escribe que Washington no sólo no ha mostrado interés "en la vía mexicana", pues desde hace casi cuatro meses canceló un programa de ayuda institucional para "las tres naciones del llamado triángulo del norte centroamericano".
Del mismo modo, el periodista mexicano Carlos Puig cuestiona la omisión de la Administración Trump para coadyuvar en la solución a una crisis compartida. "El último intento medianamente serio, pero frustrado, fue durante la presidencia del segundo George Bush. Desde hace muchos años lo que los estadounidenses han hecho es poner parches sobre parche que no solucionan nada. No solo eso, ese marco normativo está lleno de hoyos que se vuelven imanes para aquellos que quieren migrar y crean tragedias como, por ejemplo, el enorme número de niños que hoy acompañan a los migrantes en la travesía".
En lo que va del año han fallecido 380 migrantes en la frontera norte, lo que significa un aumento de 63 % respecto al mismo periodo de 2018, reveló la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Por su parte, México ha deportado a 36.593 centroamericanos entre enero y abril de este año.
"Esta es la gran prueba de fuego, demasiado pronto, para que el Gobierno de López Obrador demuestre que puede atender la crisis migratoria sin violar los derechos humanos y que es capaz de combatir un delito tan grave como la trata de personas", concluye la experta en migración.
Paola Morales
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