EE.UU. impone nuevas sanciones contra cuatro oficiales venezolanos
El Departamento del Tesoro informó, a través de su página web, que los siguientes venezolanos fueron incluidos en su lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
- Rafael Ramón Blanco Marrero, subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) .
- Rafael Antonio Franco Quintero, jefe de investigaciones de la DGCIM.
- Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la unidad de Asuntos Especiales.
- Hannover Esteban GuerreroMijares, director de la DGCIM.
Treasury sanctions officials of Venezuela’s Military Counterintelligence Agency, DGCIM. https://t.co/optyAiOyOy
— Treasury Department (@USTreasury) July 19, 2019
En un comunicado del Departamento del Tesoro, el secretario de Hacienda, Steven Mnuchin, asegura que "EE.UU. usará todas sus autoridades para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano".
Horas antes, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, publicó en su cuenta de Twitter que las sanciones eran contra funcionarios "responsables de reprimir y torturar a ciudadanos inocentes".
Today the US announced new sanctions against VZ officials responsible for repressing & torturing innocent VZ citizens. The @UN reports nearly 7k killings by Maduro regime in the last 18 months. We stand with Venezuela's citizens against their oppressors in the fight for #Libertad
— Vice President Mike Pence (@VP) July 19, 2019
En la sede de DGCIM, cuya dirección general ya fue sancionada por Washington el 11 de julio, falleció bajo cuestodia, a finales de junio, Rafael Acosta Arévalo, un militar que se encontraba detenido por su supuesta implicación en el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Tras su muerte, el Ministerio Público venezolano vinculó a proceso a dos funcionarios de la DGCIM por su presunta participación en el deceso.
La inclusión de entidades y funcionarios venezolanos en la lista de la OFAC se ha vuelto una medida punitiva recurrente por parte Washington, como una manera de ejercer presión para lograr un eventual cese del mandato de Maduro, que culmina su periodo en 2025.