Si bien hace un año ocurrió en Venezuela el primer intento en el mundo de un magnicidio a través de drones cargados con explosivos, esta no ha sido la única ocasión en la que el país suramericano ha denunciado planes de asesinato de sus presidentes en los últimos veinte años.
Aún generan impacto las imágenes que registraron una detonación y la abrupta interrupción del discurso del mandatario venezolano Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, durante un acto oficial para celebrar el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), realizado en la avenida Bolívar, que une el centro de la capital con el este.
Tras la confusión y las filas rotas de uniformados que participaban en una parada militar, en las redes circularon videos que recogieron el desconcierto de los presentes en la tarima presidencial y la rápida acción del anillo de seguridad del mandatario. Siete efectivos resultaron heridos, tres de gravedad.
Ese mismo día, el propio presidente afirmó, desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno: "Han intentado asesinarme el día de hoy, y no tengo duda que todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos (entonces presidente de Colombia) está detrás de este atentado". El país vecino tachó de "absurdas" y "sin fundamento" las aseveraciones del mandatario venezolano, mientras que EE.UU. dijo que no había participación de su Gobierno "en absoluto".
Quince días después, el Departamento de Estado de EE.UU. se pronunció para condenar la "violencia política", así como exigir el respeto al Estado de Derecho y la "presunción de inocencia de los acusados" de perpetrar el ataque.
Relación de hechos
Un día después, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, en una rueda de prensa, se refirió a las detonaciones y explicó que se cumplieron con todos los protocolos y medidas para sacar a Maduro del lugar.
Desde las calles cercanas fueron puestas en marcha dos aeronaves tripuladas a distancia con carga explosiva: una llevaba un kilogramo de metralla y otra tenía la misma cantidad repartida entre el explosivo C-4 y metralla. La tarima presidencial era el blanco de ambas.
Uno de los drones sobrevoló la tribuna donde se encontraba el jefe de Estado y estalló en el aire, el otro se estrelló en un edificio cercano. Ambos perdieron el control debido a que sus señales fueran inhibidas por los equipos destinados para tal fin, cuando se llevan a cabo actos con el mandatario.
Colombia en escena
Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias 'Morfeo', fue detenido por su presunta responsabilidad en el atentado y admitió que había sido entrenado por más de seis meses en una finca en Chinácota (Norte de Santander), en Colombia. En las tabletas de los drones se hallaron las trazas hechas por el aparato en ese lugar, un mes antes, y la proyección del vuelo en la avenida Bolívar.
Presuntamente, el atentado estaba preparado para un mes antes, el 5 de julio, día en el que se conmemora la firma del acta de la Independencia y se llevan a cabo actos de Estado, pero tuvieron dificultades con el ingreso de los aviones a Venezuela.
El testimonio de Rivas Vivas da cuenta de una supuesta connivencia de funcionarios de Migración Colombia para el paso de los drones y otros materiales bélicos usados durante la operación.
Cinco meses después
Las señales que apuntaban hacia Colombia no cesaron. Cinco meses después, el mismo ministro de Interior y Justicia informó sobre la detención a un grupo de sicarios que habrían sido contratados por la oposición para cometer asesinatos selectivos en Caracas.
En esa acción policial se capturó a Miguel Ambrosio Palacio Salcedo, quien presuntamente proporcionaría la logística. En su confesión, manifestó que había sido contactado por un grupo de militares desertores venezolanos.
También fueron capturados Alberto Salazar Cabañas, quien fue entrenado en el país vecino y, Oswaldo García Palomo, coronel retirado de la GNB, contacto en Colombia del grupo entrenado en Chinácota. En su auto se localizaron dos fusiles AKA 103 y dos teléfonos satelitales que presuntamente habrían sido suministrados por Antonio Rivero González, prófugo de la Justicia venezolana.
En la misma profusa red de acciones contra el presidente, casi al cumplirse un año del magnicidio frustrado, otro intento de golpe fue sofocado, según Caracas.
En este plan iba a ser tomada la base militar La Carlota, ubicada en el este de Caracas. Raúl Baduel, detenido desde 2009, iba a ser proclamado como presidente ante los canales de televisión del Estado. Entre las acciones previstas, se encontraba el bombardeo del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, y el asesinato del presidente Maduro.
En conversaciones previas, donde hubo agentes venezolanos infiltrados, se relacionaron las acciones desestabilizadoras de personas que trabajaron junto al fallecido Óscar Pérez, dirigente de una agrupación calificada como terrorista, con funcionarios de Colombia y la Agencia Central de Inteligencia, (CIA, por su siglas en inglés).
Los nexos fueron negados por las partes involucradas. En un trabajo publicado por la cadena CNN, el supuesto organizador del atentado aseguró que este fue preparado en una hacienda alquilada en el campo colombiano, tal como lo había denunciado Caracas. En un testimonio anónimo, el hombre descartó la participación colombiana y confirmó el interés que habría generado la acción entre funcionarios del Gobierno de EE.UU.
Participantes
En una serie de ruedas de prensa, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ofreció detalles, videos con testimonios, grabaciones telefónicas y capturas hechas a pantallas de móviles donde presuntamente se configuró una compleja trama de personas vinculadas a este hecho.
El Ministerio Público venezolano informó que había 43 personas implicadas en el atentado fallido. A la cabeza de todo este plan, los cuerpos de inteligencia situaron al diputado opositor venezolano, Julio Borges, quien fue delatado por su compañero Juan Requesens, también señalado de participar en el ataque, según las confesiones de los detenidos.
A ambos se les allanó la inmunidad parlamentaria y el Tribunal Supremo de Justicia declaró procedentes sus enjuiciamientos por "homicidio intencional en grado de frustración". Requesens está detenido y Borges fue acogido como "refugiado" por la administración de Iván Duque.
Detenidos (data aportada por el ministro de Comunicación y el Ministerio Público):
Argenis Valera Ruiz, alias 'Ingeniero', experto en manejo de drones.
Brayan de Jesús Oropeza Ruíz, piloto de uno de los drones.
Juan Carlos Monasterios, alias 'Bons', exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana.
Oswaldo Valentín García Palomo, coronel retirado de la GNB, contacto en Colombia del grupo que entrenado en Chinácota.
Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias 'Morfeo', adiestrado en una finca en Chinácota.
Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, perteneciente a una ONG animalista, y encargada de logística y financiamiento del atentado.
- Mayra Isabel Rodríguez Briceño, alias 'Maye', española financista internacional de la red.
- Ramón Santiago Velazco García, coronel retirado, financista.
- Yanín Fabiana Pernía Coronel, alias 'María', conductora de uno de los vehículos usados para el atentado.
- José Eloy Rivas Díaz, financista.
- Alberto José Bracho Rozquez, encargado del funcionamiento del dron.
Oswaldo Gabriel García Lunar, participó en las protestas violentas entre 2014 y 2017.
Wilder Anderson Vásquez Velásquez, vinculado a hechos de violencia durante las protestas entre 2014 y 2017 y reclutado para entrenarse en Chinácota.
Rafael Ernesto Díaz Cuello, teniente coronel que enviaba información confidencial de Colombia a Venezuela.
- Emirlendris Benítez Rosales.
- Antonio José Labichela Barrios y José Rommel Acevedo Montañez, quienes habrían sido parte de un plan conspirativo develado el 31 de enero.
Presentados en tribunales:
Alfredo José Guerrero, Iván José Arcay, Elisa del Carmen Martínez, Maydelen Arcila Da Silva, Cono Sapiensa García, Luceidy Mina Banguera y Héctor Armando Hernández.
Imputados:
Yonathan José Medina, Eugenio Segundo Escalona, Thais del Carmen Valera y Andrea Elena Rivas.
Solicitados: un total de 18 personas, entre las que se encuentran:
Ylbert Alberto Escalona Torrealba, explosivista, ubicado en Colombia.
Gregorio José Yaguas Monje, explosivista.
Alcira Marina Carrizo de Colmenarez, financista.
- Josser López Barrero, en EE.UU, señalado de haber pagado los vehículos alquilados que se utilizaron durante el intento de magnicidio.
Virginia Da Silva Pio Porta, alias 'Génesis', financista, en EE.UU.
- Elvis Arnaldo Rivas Barrios, residenciado en Colombia.
Osman Alexis Delgado Tabosky, vive en Miami, sindicado de ser autor intelectual.
- David Alexander Beaumont Álvarez, responsable del alquiler de la oficina desde donde se lanzaron los drones.
Rayder Alexander Russo Márquez, protegido en Colombia, planificador y supuesto financista vinculado al robo de armas del fuerte militar Paramacay, ocurrido el 6 de agosto de 2017.
- Darwin Mina Banguera.
- José Miguel Estrada González.
- Thais del Carmen Valeria Viloria.
Nathali Gómez
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