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Un juez dicta prisión preventiva a Rosario Robles por el caso de 'La Estafa Maestra'

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La exsecretaria de Desarrollo Social de México será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla ante el riesgo de fuga. Su defensa señaló que el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, estuvo al tanto de las irregularidades.
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Un juez federal dictó prisión preventiva a Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social durante la administración del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, tras ser acusada de desviar 5.073 millones de pesos (258 millones de dólares) por el caso conocido como 'La Estafa Maestra'.

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó trasladar a la funcionaria a la prisión de Santa Martha Acatitla durante un periodo de dos meses, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, ante el riesgo de que la exfuncionaria federal se diera a la fuga.

Tras la audiencia, que duró cerca de 12 horas, Robles fue llevada al penal femenil para seguir en prisión el proceso judicial en su contra.

Durante ese tiempo, la defensa deberá ofrecer pruebas para mostrar la inocencia de Robles, mientras la Fiscalía General de la República buscará probar su culpabilidad.

Al borde del llanto, Robles pidió al magistrado que tomara en cuenta su disposición de comparecer ante la justicia mexicana, solicitud que le fue denegada.

Durante la comparecencia de la exfuncionaria, su defensa legal señaló que el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, tuvo conocimiento de las irregularidades por las que se acusa a Robles, cuando la sustituyó al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Por ello, el juez de control también ordenó a la defensa de Robles presentar, a más tardar el próximo viernes, una copia certificada de su acta de entrega-recepción en Sedesol para investigar una posible omisión de Meade.

Tras dejar su cargo al frente de Sedesol, Robles pasó a ser la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), en agosto de 2015.

Durante el proceso judicial en su contra, la Fiscalía aseguró que los funcionarios que trabajaron bajo las órdenes de Robles en Sedesol y Sedatu operaron del mismo modo para desviar dinero público mediante contratos millonarios, otorgados a empresas fantasma a través de universidades públicas, para la realización de diversos servicios que nunca se realizaron. Estas irregularidades fueron documentadas en diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación. 

En este sentido, el juez consideró que Robles nunca hizo nada por detener los malos manejos en las dos secretarías, donde uno de sus subalternos, Emilio Zebadúa, presuntamente operó los desvíos de dinero público.

En sus últimas declaraciones a la prensa, la exsecretaria de Estado dijo confiar en la autonomía del poder judicial y aseguró tener "las faldas bien puestas" para afrontar los cargos en su contra.

Mientras la defensa de Robles acusa una persecución política en su contra, el juez señaló que si la exfuncionaria no notificó por escrito a Peña Nieto sobre los millonarios desvíos en Sedesol y Sedatu, esto podría ser interpretado como un caso de encubrimiento a favor del exmandatario.

La importancia del caso

El proceso judicial y la orden de prisión preventiva contra Robles se suma a la detención del abogadoJuan Collado, por un presunto fraude financiero, y las acusaciones contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien se encuentra prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción vinculados a la compra de plantas chatarra de fertilizantes, así como supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Los tres casos judiciales -en contra de Robles, Collado y Lozoya- tienen como común denominador el de involucrar a personas cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto, cuya administración de 2012 a 2018 estuvo marcada por diversos escándalos de corrupción.

De acuerdo con fuentes consultadas por la revista Contralínea, la Fiscalía mexicana buscaría imputar cargos al exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, por el caso de 'La Estafa Maestra'. El exministro de Relaciones Exteriores fue considerado como el personaje más poderoso del gabinete de Peña Nieto durante el sexenio anterior.

En julio pasado, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra preso por el saqueo del erario, reveló que su detención fue pactada con funcionarios del Gobierno de Peña Nieto a cambio de que no persiguieran a su esposa, Karime Macías, quien también ha sido señalada de participar en un robo millonario al dinero público.

AMLO: un "logro que no haya impunidad"

Al ser cuestionado sobre la detención de Robles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un "logro".

"Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de derecho, no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho", dijo el mandatario en su conferencia matutina del 13 de agosto.

"Tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad porque no era así", agregó. 

El presidente destacó la autonomía de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, y señaló que será el juez encargado del caso quien deberá "decidir si se declara formalmente presa a Rosario Robles de acuerdo al procedimiento", luego de que concluya el juicio en su contra.

Acusan persecución política

La defensa de Rosario Robles denunció que se violó la presunción de inocencia y el debido proceso. "El día de hoy estamos vestidos de negro todos los que nos dedicamos al derecho, porque hemos visto cómo se ha violado el debido proceso, cómo se ha violado la presunción inocencia y cómo un sistema se ha encarnizado sobre quién es inocente", manifestó Julio Hernández Barros al salir del reclusorio.

El abogado también acusó persecución política contra Robles.  "Estamos ante una persecución, ante una presa política que podríamos calificarla ya a ese grado", afirmó.

Alistan nuevas denuncias

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda encontró105 convenios más, de los documentados en el caso 'La Estafa Maestra', que serían irregulares con universidades por más de 800 millones de pesos (41 millones de dólares), por lo que alista una nueva denuncia contra Robles Berlanga.

Manuel Hernández Borbolla

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