Este 10 de septiembre se cumple el plazo del Gobierno de México, acordado en junio con la Administración de Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos.
Entre mayo y agosto, el flujo migratorio se redujo en 56 %, luego de la implementación de un plan con intervención de las diversas dependencias del gobierno federal que respaldan al Instituto Nacional de Migración (Inami), según las cifras oficiales que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, probablemente desplegará ante el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, cuando se reúnan en la Casa Blanca.
La reunión llega días después de que Ebrard asegurara que México había logrado esa baja en el flujo migratorio gracias a una "estrategia exitosa", sobre todo en la región de Tijuana y Mexicali, ciudades fronterizas en el estado mexicano de Baja California (norte), donde se registran de más de 70 % de los cruces a territorio estadounidense.
"México está acreditando que la estrategia que planteó es exitosa, que no conviene cambiarla, por lo que no se espera que haya una amenaza arancelaria", dijo Ebrard el pasado viernes. No obstante, el 4 de septiembre el Departamento de Comercio de EE.UU. decidió preliminarmente imponer un arancel del 31 % al acero estructural proveniente de la nación latinoamericana.
Pero el tema arancelario no es el único sobre el tintero. En el camino de las negociaciones también está la puesta en marcha del tratado de libre comercio entre México, Canadá y EE.UU.; hasta ahora, Washington es el único que no lo ha ratificado el pacto ante su Congreso.
EE.UU. quiere más
El Comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Mark Morgan, confirmó las cifras dadas por el Gobierno mexicano, pero dijo que la nación latinoamericana aún debe tomar más medidas de control migratorio.
Según los números oficiales dados a conocer este lunes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el total de arrestos y personas declaradas inadmisibles en la frontera durante agosto fue alrededor de 64.000, lo que refleja una fuerte caída desde el pico de 144.266 alcanzado en mayo pasado.
"Ellos [México] están aumentado [sus esfuerzos] de manera sin precedentes, pero necesitamos que continúen sosteniendo eso y necesitamos que continúen haciendo más", dijo el comisionado en una conferencia de prensa.
Además, Morgan aseguró que EE.UU. devolvió durante este año a más de 42.000 solicitantes de asilo de terceros países a territorio mexicano, bajo el programa conocido como Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) para que esperen ahí su proceso.
El pasado 15 de julio, México aseguró que no se convertirá en tercer país seguro para los migrantes centroamericanos que buscan refugio en territorio estadounidense, al tiempo que condenó la norma emitida por Donald Trump para restringir las peticiones de asilo. No obstante, diez días después, el 26 de julio, Guatemala sí admitió esas condiciones impuestas por la Casa Blanca.
Después de que Guatemala cedió a las presiones de Washington y aceptó ser tercer país seguro, Trump aseguró que a la brevedad signaría acuerdos similares con México y otros países. Tras los dichos de Morgan, el canciller Ebrard reiteró que su nación no aceptaría ese pacto en materia migratoria.
A esto hay que sumar que el pasado 4 de septiembre se dio a conocer que el Secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, acordó liberar 3.600 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para financiar el muro fronterizo con México.
Los recursos provienen de una bolsa destinada a 127 proyectos de construcción militar que el Congreso ya financió en los últimos años "para apoyar a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la frontera con México en el marco de la emergencia nacional que Donald Trump declaró a mediados de febrero".
Las cifras migratorias de México
La Administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha resaltado tres cosas de su plan migratorio: "la reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo", que ponía en tensión sus normas legales y su política migratoria; "el respeto a los derechos humanos"; y el "ejemplo de que con poco dinero se puede crear empleo en esos países", resumió Ebrard.
A partir del acuerdo alcanzado, el Gobierno mexicano desplegó a más de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, con el fin de contener a los migrantes centroamericanos, una medida que ha sido criticada por organizaciones civiles e incluso por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, que condenó el reciente intento de ingreso de uniformados a albergues para realizar revisiones de estatus migratorio.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también manifestó este lunes su preocupación por la política migratoria de México y EE.UU., e indicó que al menos 35.000 solicitantes de asilo han sido bloqueados en las zonas fronterizas en lo que va del año.
"Me preocupa que las políticas actualmente en marcha en Estados Unidos, México y varios países centroamericanos ponen a muchos migrantes en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos y abusos", dijo Bachelet en la apertura de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
En la presentación del informe de avances del Programa de Atención Especial al Fenómeno Migratorio, López Obrador aseguró que en su país "se está aplicando la ley", que "se respetan los derechos humanos" y se está acreditando "la vía mexicana" para abordar el tema, mediante inversiones para actividades productivas y la creación de empleos en los países con mayores flujos.
La Administración mexicana también impulsó la creación de programas sociales para generar empleo en El Salvador y Honduras, como parte del plan para el desarrollo de Centroamérica, elaborado en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Asimismo, trabaja en una estrategia para formar centros de trabajo en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali y Nuevo Laredo, para los migrantes que están a la espera de audiencia en EE.UU.
Las cifras del informe resaltaron el descenso del 56 % en el flujo migratorio entre mayo y agosto, y el rescate de 2.186 personas en 35 camiones por parte de la Policía Federal de México.
El Gobierno mexicano informó que, de acuerdo con datos del Inami, de enero a septiembre de 2019 ingresaron a territorio mexicano 138.491 migrantes, de los que 94.893 eran adultos y 43.598 eran niñas y niños.
El 47 % de estos migrantes provino de Honduras, 25 % de Guatemala y 11 % de El Salvador. En total, México devolvió a sus países de origen a 134.406 personas, es decir, 97 % del total que ingresó a territorio mexicano.
El reporte también destaca que la Fiscalía General de la República ha abierto 778 carpetas de investigación e imputado a 1.099 personas, vinculadas a proceso por presunto tráfico de personas.
Entre ellos están los activistas defensores de migrantes Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, quienes fueron detenidos en el marco de la negociación entre México y EE.UU., en junio pasado. Ambos fueron liberados días después por decisión de un juez de control que determinó no vincularlos a proceso por presunto tráfico de personas, aunque la carpeta de investigación sigue abierta.
La Administración de López Obrador también destacó las cartas de intención de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero del Gobierno de EE.UU., por un monto de 800 millones de dólares, que serán destinados a proyectos de infraestructura y otros 126 millones para pequeñas y microempresas en el sur de México.
Entre protestas y denuncias
Centenas de inmigrantes han visto frenado su paso hacia EE.UU. por el endurecimiento del control migratorio en territorio mexicano. Destaca el caso de Chiapas, donde las autoridades tienen contenidos a ciudadanos africanos en albergues y estaciones migratorias, a la espera de una visa que les permita continuar su camino o quedarse en México.
En diversas protestas, los migrantes africanos han demandado libre tránsito por México para llegar a EE.UU. Aseguran que llevan más de seis meses varados en la frontera sur debido al plan de contención del Gobierno federal.
Una orden, signada el 10 de julio, modificó los oficios de salida de la estación migratoria Siglo 21, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con lo cual se les obliga a abandonar México por la frontera sur, aunque los afectados señalan que las trabas comenzaron desde abril de este año.
Escenas similares se vieron el 9 de julio en la garita migratoria de la ciudad de Tijuana, en Baja California, estado fronterizo con EE.UU., donde un centenar de migrantes de origen africano protestaron para exigir que les permitieran ingresar por un acceso peatonal que conduce a San Ysidro, California, en territorio estadounidense, para solicitar asilo político.
Las personas también denuncian que no han tenido respuesta a los trámites de regularización que iniciaron ante el Inami y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, 800 de ellos interpusieron un amparo ante un juez federal que les permita seguir su camino, informó en su momento Luis Villagran, director del Centro de Dignificación de Migrantes.
Para Silvia Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio de México (Colmex), en entrevista con medios locales, el flujo de miles de migrantes demuestra que las instituciones del Estado mexicano responsables de este fenómeno están sobrepasadas, por lo que es urgente que se haga una revisión de ellas.
"Con el nuevo flujo migratorio, México se encontró ante una situación inédita, en donde nuestras instituciones responsables de migración y refugio están sobrepasadas en términos financieros, en recursos humanos disponibles. Independientemente de las políticas que vengan de Estados Unidos", señaló la académica.
Saucedo consideró que las presiones del Gobierno de Trump a México para detener el flujo migratorio no deben ser el eje central de la política migratoria del país latinoamericano, y que la responsabilidad sobre este asunto también es competencia de Washington y de los países de Centroamérica.
Por su parte, el analista político José Ignacio Martínez Cortés opina que México aplica una política migratoria contraria a los protocolos de la ONU por la fuerte presión de EE.UU.
Paola Morales
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