Trabajadores estatales y distintas organizaciones sindicales llevan adelante este martes una jornada de protesta nacional contra el Gobierno de Mauricio Macri, ante la actual recesión económica que atraviesa el país sudamericano.
Las principales movilizaciones se realizan en Buenos Aires, capital del país, en donde las columnas gremiales marcharán desde temprano hacia la Plaza de Mayo, para situarse frente a la sede presidencial de la Casa Rosada.
Entre los principales reclamos de las centrales obreras se encuentran la recuperación de los salarios, junto a la apertura de nuevas paritarias; la reincorporación de empleados estatales despedidos y, además, que se declare la emergencia alimentaria nacional, medida que también fue presentada el lunes en el Congreso por diputados de la oposición.
Las exigencias de los sindicatos se enmarcan en un contexto regresivo para los trabajadores. El dólar, divisa que regula la inflación dada la matriz productiva del país, pasó de costar 45 pesos a 56, luego de que el pasado 11 de agosto Macri resultara derrotado en las elecciones primarias, previas al comicio presidencial del 27 de octubre.
Esto desencadenó una ola inflacionaria, afectando de manera tajante a los sectores más vulnerables, que sufrieron el desmoronamiento de su salario en tan solo unas pocas semanas. La suba de entre un 10 y 12 % en la canasta básica de alimentos (leche, huevo, carne, harina), sumado al ajuste previo que existía en los impuestos y las limitaciones gremiales para negociar nuevos ingresos, dieron como resultado un escenario desfavorable para los segmentos de menores ingresos.
Entre las organizaciones convocantes que lideran la actual jornada, se encuentran la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma (CTA-A), aeronáuticos de la Administración Nacional de Aviación Civil y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu-Histórica).
Las protestas que se llevan a cabo en todo el país tienen como objetivo el rechazo a las políticas regresivas que el Gobierno aplicó a lo largo de los cuatro años de su gestión y, sobre todo, exigir la compensación de los ingresos ante la desmedida perdida del valor adquisitivo.
Luis Tiscornia, docente universitario y secretario general de la Conadu-Histórica, considera que la gestión de Mauricio Macri está "terminada": "La mayoría ya decidió el 11 de agosto y es una situación, a mi gusto, irreversible. Ahora, la fórmula que venga (en referencia a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner) debe cumplir con lo prometido y revertir este contexto, ya que la expectativa del pueblo es muy grande. Es una mochila de plomo que se calzarán para dirigir un país en llamas", afirma el dirigente, en diálogo con RT.
En cuanto a la perdida del poder adquisitivo, ocasionada a partir de la devaluación, Tiscornia detalla que los salarios docentes se redujeron entre un 10 y 15 %: "La escalada de precios es consecuente a las decisiones que tomó el Gobierno en toda su gestión. Los acuerdos paritarios para las universidades nacionales estaban calculados sobre la base de una inflación del 2 % para los meses de agosto, septiembre y octubre y hoy estamos conociendo índices que van a superar el 4 o 5 %. Reclamamos justamente lo mismo", explica.
Desde el punto de vista de la educación pública, el referente de la Conadu-Histórica, sostiene que en los últimos cuatro años existió "un ahogo presupuestario": "Protagonizamos varias luchas para frenar los ajustes a la educación estatal. Hemos logrado impedir despidos masivos en las universidades, a diferencia de otros organismos públicos. Fuimos capases de defender nuestro salario en las calles. La movilización docente del 2018, en donde 300.000 personas asistieron para enfrentar el Gobierno, puso un límite e impidió que el desastre fuera mayor. Su idea es de una educación mercantilizada", finaliza Tiscornia.
En la misma línea, Daniel Catalano, secretario general de ATE en la ciudad de Buenos Aires, coincide que al Gobierno le "queda poco", paro que aún así "puede seguir generando mucho daño".
"Hasta el 10 de diciembre (día en que el mandatario deberá entregar la Presidencia si es derrotado) pueden seguir causando daño, al tener la estructura institucional que se lo permita. Lo que sí tiene en agonía en estos momentos es el marco político de Cambiemos, cuyos funcionarios no saben dónde esconderse. Estamos sumergidos en una catástrofe económica sin precedentes. El país que reciba Alberto Fernández será en un contexto de vaciamiento y le costará encontrar un marco para sanear tanto daño social", asegura Catalano.
En cuanto a los reclamos de la jornada, el dirigente de ATE no duda en que la apertura de las paritarias para renegociar los nuevos salarios se debe realizar en carácter de "urgencia": "También exigimos que el bono estatal y compensativo del Gobierno equipare su valor en los tres niveles: municipales, provinciales y nacionales. Además, queremos la restitución de los 35.000 puestos de trabajo que se perdieron durante estos cuatro años", agrega.
Una de las medidas que las organizaciones exigen en la marcha es que se declare la 'emergencia alimentaria' ante el incremente de la pobreza y cuyo escenario habilitaría a un presupuesto nacional para comedores comunitarios. En el día de ayer, la oposición presentó el proyecto en la Cámara Baja del Congreso y aguardan por comenzar las sesiones parlamentarias para sancionarla.
"Por parte de Cambiemos existe una negación de la pobreza y una falta de compromiso con la clases trabajadoras muy profundas. No creo que el Gobierno tenga la voluntad de declarar la 'emergencia alimentaria'. Además, en el país ya existe una. Casi el 50 % de los menores de edad recibe alimentos de comedores comunitarios. No hacerlo a través de un marco legal, sería continuar con su negación. Esperemos que el Congreso tenga la voluntad de reparar el daño que ellos hicieron de manera permanente", finaliza Catalano.
Tras la turbulencia económica luego del 11 de agosto, y a poco tiempo de una nueva y definitiva contienda electoral, desde la administración del presidente impulsaron una serie de medidas a fin de revertir los índices negativos de la gestión.
En cuanto a los trabajadores de menores ingresos, el oficialismo inició a fines de agosto una recomposición salarial, en donde estipuló un aumento del 35 %, dividido en tres cuotas de 13, 12 y 10 %, y a cobrar en los próximos meses. Sin embargo, el monto final de 16.800 pesos (260 dólares) no convenció a las centrales obreras que calificaron la cifra como "insuficiente". También, durante el corriente mes y el próximo, los asalariados estatales recibirán un bono extra de 2.000 pesos (35 dólares).
Otra de las políticas del Gobierno, y apuntada mayormente a estratos sociales con diferente nivel adquisitivo, fue limitar la compra de dólares para los ciudadanos. Medida denominada como 'cepo cambiario' y que Macri siempre criticó a otros partidos políticos que coincidían con este tipo de restricción. La decisión tiene como meta reducir la demanda de la moneda americana, determinante en el aumento de su valor y, por ende, de la inflación local.
Facundo Lo Duca
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