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López Obrador y su primer año de mandato en México: logros, obstáculos, presiones y retos pendientes
El mandatario pretende sentar las bases de la "Cuarta transformación", en medio de un ambiente de crispación política, violencia, estancamiento económico y amenazas extranjeras.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple un año de mandato tras haber llegado al cargo el 1 de diciembre de 2018.
Después de un acelerado inicio marcado por escándalos, aciertos, contradicciones, presiones externas, estancamiento económico, violencia y esperanza, el proyecto de la 'Cuarta Transformación' (4T), impulsado por López Obrador, ha generado una serie de cambios políticos luego de tres décadas de gobiernos neoliberales.
Una situación que, aunada a un complejo contexto internacional donde las tensiones con EE.UU. han sido recurrentes, López Obrador considera que lo logrado durante su primer año de gestión implica un avance importante para sentar las bases de un cambio profundo en México, con un giro a la izquierda.
Estos son algunos de los aspectos más relevantes de su primer año de mandato.
"Primero los pobres"
Uno de los avances que más presume el presidente López Obrador, son los programas de desarrollo social para los sectores de escasos recursos. El programa de pensión a los adultos mayores significa una inversión para el beneficio de ocho millones de personas mayores de 68 años de edad (65 en el caso de los indígenas).
Asimismo, 900.000 niñas y niños pobres de México con discapacidad están recibiendo una ayuda estatal.
Con el programa Sembrando Vida, se han cultivado 500.000 hectáreas de árboles maderables y frutales, creando 200.000 empleos permanentes.
Los programas sociales también incluyen el beneficio de Jóvenes Construyendo el Futuro, que permite que 900.000 personas laboren como aprendices y se inserten al mercado laboral. Algo similar a los apoyos para 11 millones de estudiantes de todos los niveles.
En este sentido, López Obrador mandó en noviembre una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 4 de la Constitución, con el objetivo de que dicho reparto del dinero estatal sea considerado como parte de los derechos fundamentales de los mexicanos.
Sin embargo, el propio Gobierno mexicano ha reconocido que ha tenido problemas para hacer llegar estos recursos a toda la población, debido a diversos problemas operativos y organizativos al interior de la actual administración.
Combate a la corrupción
Otro de los avances más destacados en el primer año de gestión de López Obrador ha sido el combate a la corrupción, tema en el que ha destacado la judicialización de casos contra tres políticos de alto perfil, a cargo de la Fiscalía General de la República.
Estos casos son: Emilio Lozoya (exdirector de Pemex hoy prófugo, acusado de desfalco); Rosario Robles (exsecretaria federal que se encuentra en prisión preventiva por desvío de recursos) y Juan Collado (abogado un poderoso grupo político y preso por fraude).
Además de ellos, figuran las presiones políticas para que Carlos Romero Deschamps, identificado como uno de los poíticos más corruptos de México, dejara su cargo al frente del sindicato petrolero. Algo similar a lo que ocurrió con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien renunció a su puesto tras ser investigado en varios países por enriquecimiento ilícito.
Asimismo, dos instituciones enfocadas al combate a la corrupción han cobrado un papel relevante al inicio de la gestión de López Obrador. Estas son la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Al frente de Irma Eréndira Sandoval, la SFP ha sancionado a más de 1.400 servidores públicos y a casi 200 empresas, imponiendo multas por más de 1.400 millones de pesos hasta septiembre pasado.
Sin embargo, López Obrador también se ha enfrentado a prácticas de corrupción entre sus propios colaboradores. Actualmente, la SFP investiga al menos a 9 delegados del Gobierno federal en los estados, encargados, paradójicamente, de supervisar el reparto de programas sociales.
Por su parte, la labor del fiscal Santiago Nieto al frente de la UIF de Hacienda ha sido clave en las pesquisas por lavado de dinero y crimen organizado. Hasta noviembre, la oficina había presentado 180 denuncias penales, congelado cuentas de políticos de alto perfil y al menos 953 de las principales organizaciones de narcotraficantes, incluyendo el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los buenos resultados de la UIF han provocado que el Congreso mexicano analice una reforma de ley para otorgarle más facultades para desmantelar redes de delincuencia organizada.
Rescate a Pemex
Uno de los mayores problemas que heredó la administración de López Obrador fue la quiebra de Petróleos Mexicanos (Pemex), la principal empresa mexicana, situación que compromete las finanzas públicas de todo el país y ha provocado una serie de observaciones y choques con las calificadoras de riesgo internacionales.
López Obrador, por ejemplo, ha logrado una disminución considerable del 95 % en las tomas clandestinas en el robo de combustible (81.000 barriles diarios que se robaban en noviembre de 2018 contra 4.000 barriles al 21 de abril de 2019).
La política de combate al "huachicoleo" (robo de gasolina) provocó una crisis de abasto de combustible a inicios del mandato, lo cual fue un factor que intervino en la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que 137 personas murieron tras recoger gasolina de una toma clandestina.
Asimismo, la petrolera logró reducir su deuda financiera 6,1 %, la primera disminución en el saldo neto en más de una década.
La producción petrolera se mantiene en 1,7 millones de barriles diarios, la misma cifra que cuando López Obrador asumió la presidencia. Pero la refinación de combustibles creció 22 %, al pasar de 614,9 miles de barriles diarios de diciembre de 2018 frente a los 756,3 miles de barriles en septiembre de 2019, según datos del Sistema de Información Energética.
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo a nivel global pegaron a las finanzas de la paraestatal.
Austeridad, ahorros y reducción de sueldos
Al primer semestre de 2019, el Gobierno mexicano reportó que la política de austeridad había significado ahorros por 145.614 millones de pesos (poco más de 7.450 millones de dólares).
Otro asunto relevante en este sentido, fue la reducción del 47,2 % en el salario del presidente de la República, una disminución del 29 % en los secretarios del Gabinete y otros recortes graduales en mandos de menor rango, dentro del Gobierno y la administración pública federal.
López Obrador incluso mandó una iniciativa de ley al inicio de su mandato para que ningún funcionario público ganara más que el presidente, quien en 2020 recibirá 111.990 pesos mensuales (5.742 dólares). Esto derivó en una inédita disputa con el Poder Judicial, misma que se resolvió tras la designación de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aumento del salario mínimo
Una de las primeras acciones de la administración de López Obrador fue promover el mayor aumento al salario mínimo en 36 años.
Dicho aumento fue de 88,36 a102,68 pesos diarios (de 4,40 a 5,11 dólares) en la mayor parte del país (con excepción de la zona fronteriza con EE.UU., donde fue mayor), lo cual implica un incremento del 16 % en el salario mínimo.
La medida ayudó a mejorar el poder adquisitivo del ingreso por trabajo de los hogares mexicanos en un 4,7 % (PIG), en el primer semestre de 2019.
El dato contrasta con la caída en la generación de empleos, ya que en enero-octubre de 2019 se abrieron 648.059 nuevas plazas de trabajo formales, el número más bajo en el mismo periodo desde 2013, lo cual se explica en buena medida por el escenario de estancamiento económico que enfrenta el país.
Tensiones con EE.UU.
Uno de los cambios más notables del Gobierno de López Obrador es haber retomado los principios de la tradición diplomática mexicana: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y el ofrecimiento de asilo político. Una visión que, sin embargo, lo enfrentó a fuertes presiones por parte de EE.UU.
En un primer momento, México abrió sus puertas a los migrantes centroamericanos que buscaban llegar a territorio estadounidense. Sin embargo, esto derivó en una crisis diplomática cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, amagó con imponer aranceles a todas las mercancías mexicanas, lo cual hubiera generado una recesión para la economía del país latinoamericano.
Tras semanas de tensión y negociaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, realizó una serie de negociaciones que permitieron contener la crisis, pero con la condición de imponer mayores restricciones ante la llegada de casi 25.000 migrantes, principalmente provenientes de Centroamérica.
En palabras de López Obrador, este acontecimiento fue uno de los tres mayores desafíos en lo que va de su gestión.
La postura de la política exterior mexicana le ha permitido al país sobrellevar los arrebatos de Trump de manera relativamente tersa, al mismo tiempo que ha fortalecido su relación con otros países de América Latina.
México también apoyó, junto con Uruguay, una iniciativa internacional para impulsar un proceso de diálogo para resolver la crisis política en Venezuela, además de otorgar asilo político y rescatar al presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, tras el golpe de Estado ocurrido en la nación sudamericana.
Llama la atención que, tras un año de mandato, el presidente López Obrador todavía no haya realizado una sola gira internacional fuera de México.
Seguridad y violencia: el reto pendiente
Reducir la violencia en el país sigue siendo el gran pendiente del Gobierno actual. De enero a octubre de 2019, México registró 28.741 homicidios dolosos, una cifra 2,1 % mayor a la registrada durante el mismo periodo del año previo, considerado el más violento del que se tenga registro en la historia reciente del país.
La mayor crisis en materia de seguridad se vivió con el fallido operativo para capturar al narcotraficante Ovidio Guzmán, luego de que integrantes del Cártel de Sinaloa sitiaran la ciudad de Culiacán y enfrentaran a las fuerzas de seguridad con armas de alto poder, situación que puso en riesgo la vida de civiles y evidenció la debilidad del Estado mexicano frente a los cárteles de la droga, ya que las autoridades optaron por liberar al capo.
Otros hechos de alto impacto incluyeron las masacres de Minatitlán y Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, así como los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, casos que dejaron varias decenas de muertos.
Otro caso de alto impacto fue el asesinato de 3 mujeres y 6 niños mormones de la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora, situación que provocó otra crisis diplomática con Washington, al tratarse de ciudadanos con doble nacionalidad: mexicana y estadounidense.
A pesar de que en cuestión de meses López Obrador logró impulsar la construcción de un marco jurídico para regular la actuación de las fuerzas armadas (aprobado por unanimidad en el Congreso) y crear la nueva Guardia Nacional (que comenzó a operar el 30 de junio de 2019 y dos meses después contaba con 58.602 elementos), la violencia ha repuntado en algunos estados, siendo Baja California, Guanajuato, Estado de México, Jalisco y Chihuahua las entidades con más asesinatos del país.
Algunos analistas consideran que las medidas adoptadas por el Gobierno de López Obrador resultan necesarias pero insuficientes para atender la magnitud del problema, que ha sido abordado desde una perspectiva que privilegia la atención a las causas sociales del fenómeno de la violencia más que el uso de la fuerza, situación que también ha sido objeto de críticas.
Estancamiento económico y política fiscal
Uno de los retos más importantes en el primer año de Gobierno ha sido superar el nulo crecimiento de la economía mexicana, que registró una expansión de 0,0 % durante los primeros 9 meses de año, situación que provocó que el país padeciera los efectos de una ligera recesión económica durante buena parte de 2019.
A pesar de las debilidades estructurales que heredó el Gobierno de López Obrador, el manejo de las finanzas públicas logró mantener estable el precio del peso mexicano frente al dólar, así como la tasa de inflación de 3,02 % anual, a octubre de 2019, la cifra más baja desde 2015.
Tras un año de austeridad y recortes presupuestales, el Gobierno mexicano presentó un plan para detonar la inversión en el país, con casi 43.000 millones de dólares del sector privado en proyectos de infraestructura a partir de 2020, lo cual se prevé que aunado a un aumento en los ingresos por envío de remesas, así como la eventual firma del acuerdo comercial T-MEC en el Congreso de EE.UU., ayude a salir momentáneamente del bache económico.
El presidente mexicano también impulsó la aprobación de una iniciativa de ley para impedir que se perdonara el pago de impuestos a grandes empresas, como se había hecho en los últimos años para ganarse el aprecio de los sectores empresariales, además de promover una política fiscal más estricta.
Integración del sector salud
Uno de los temas más sonados fue el acceso a medicinas en hospitales públicos, ya que durante algunos meses, varios centros de salud reportaron escasez. Tras una polémica sobre las causas de dicho desabasto -que fueron básicamente del boicot a los recortes presupuestales- el Gobierno federal anunció una nueva política de adquisiciones.
Luego de una gira por hospitales rurales de todo el país, López Obrador anunció la reestructuración e integración del sistema de salud, incluyendo el otorgamiento de plazas para 87.000 trabajadores del sector que no cuentan con contrato permanente, así como la contratación de 6.010 médicos, entre otras medidas.
Los 4 grandes proyectos de infraestructura
El primer año de mandato también significó impulsar los cuatro principales proyectos de infraestructura de López Obrador: el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico.
El que recibió más atención fue el aeropuerto, cuya construcción se realiza en la antigua base militar de Santa Lucía, luego de un atropellado proceso de planeación que incluyó demandas de amparo y críticas por parte de la oposición.
Algo similar ocurrió con el Tren Maya, proyecto turístico que pretende conectar a Cancún con la ciudad de Palenque para permitir una mayor captación de divisas, a pesar de que algunas comunidades indígenas y ambientalistas han manifestado su desacuerdo con dicha obra, principalmente por los efectos negativos que podría generar en la segunda selva tropical más grande del continente, después de la Amazonia.
A pesar de no haber recibido la misma atención mediática, la refinería de Dos Bocas ha presentado algunos avances en la cimentación de la obra, mientras que el Corredor Transístmico, que pretende unir los océanos Atlántico y Pacífico para el transporte de mercancías, presenta el menor avance. Ambos proyectos también han sido cuestionados por comunidades que temen ser desplazadas.
Conferencias matutinas: ejercicio inédito
Otro de los rasgos característicos del mandato de López Obrador ha sido su peculiar política de comunicación, que implica realizar conferencias de prensa de lunes a viernes a partir de las 7:00 horas de la mañana.
Durante dicho espacio, el presidente suele realizar los anuncios más importantes, además de responder preguntas de la prensa, lo cual le ha significado posicionar temas en la agenda mediática y tener una importante cobertura, a pesar de haber realizado recortes importantes a la publicidad oficial de la que dependían muchos medios de comunicación, situación que ha derivado en recortes en las plantillas de los grandes medios.
Sin embargo, este también ha sido un espacio de confrontación de López Obrador, lo que, sumado a otras polémicas decisiones, ha implicado un ligero desgaste del presidente en términos de aprobación.
De acuerdo con la plataforma Oraculus, que reúne y sistematiza las encuestas de opinión más importantes, López Obrador llegó a la presidencia de México con 77 % de aprobación ciudadana, alcanzando su máximo nivel de aceptación en febrero con 81 %, frente al 68 % con el que cierra su primer año de mandato.
Cambio de régimen
Más que un cambio de Gobierno, el proyecto de la 'Cuarta Transformación' impulsado por López Obrador implica un cambio de régimen político, con el objetivo de modificar las relaciones de poder entre diversos sectores de la sociedad mexicana.
Uno de los cambios más significativos es la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ya que la alianza entre López Obrador y el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, ha provocado una "limpia" al interior de los aparatos de impartición de justicia.
También destaca la tensión continua entre el presidente y los llamados "órganos autónomos", donde las decisiones del presidente y el apoyo de la mayoría legislativa en las dos cámaras del Congreso, le han permitido realizar una serie de nombramientos y ajustes presupuestales que, de acuerdo con la oposición, implica un retroceso en términos de concentración de poder.
Sin embargo, estas críticas contrastan con otras medidas legales impulsadas por López Obrador para promover la revocación del mandato del presidente, así como mecanismos para regular la consulta popular y retirar el fuero para juzgar por corrupción al presidente y a los legisladores.
La llegada del político tabasqueño al poder, también detonó una serie de comentarios racistas y xenófobos, como consecuencia de una polarización ideológica que ha exaltado la lucha de clases en México, tal como se evidenció cuando López Obrador posicionó a los indígenas como un sector prioritario en la entrega de apoyos sociales.
Sin embargo, los grandes proyectos de infraestructura impulsados por el actual Gobierno, también han generado resistencias entre comunidades indígenas, tal como ocurrió principalmente con las inconsistencias en el proceso de consulta para la aprobación de una termoeléctrica en el estado de Morelos, donde incluso hubo muertos, así como algunos grupos de oposición a la construcción del Tren Maya.
Entre las alianzas estratégicas, quizá la más importante es la que construyó López Obrador con el magisterio, tras la abolición de la llamada reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. También destaca el respaldo recibido por parte de las cúpulas empresariales, pese a las diferencias que históricamente ha sostenido con dicho sector.
Al mismo tiempo, el mandatario ha respondido a las críticas de sus opositores, a pesar de que los dos partidos de la derecha, PRI y PAN, no han resultado ser un contrapeso serio tras la contundente derrota electoral sufrida en 2018, situación que ha hecho que sean los medios de comunicación "conservadores", los principales antagonistas a las políticas impulsadas por el tabasqueño.
Confrontaciones, logros y obstáculos, que reflejan la transición política en México tras la era neoliberal. Los cimientos de la Cuarta Transformación anhelada por el presidente López Obrador.
Manuel Hernández Borbolla
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