Cacerolazo a dos meses del paro en Colombia: ¿por qué continúan las protestas y cuál ha sido la respuesta de Duque?

Este martes 21 de enero se cumplen dos meses del inicio de las protestas en Colombia contra el gobierno de Iván Duque y, por ello, miles de ciudadanos marcharon en las principales plazas del país.

El paro nacional encontró eco en las principales ciudades colombianas: Bogotá (Cundinamarca); Cali (Valle del Cauca); Medellín (Antioquia); Bucaramanga (Santander); Barranquilla (Atlántico); y Cartagena (Bolívar).  

En la capital, Bogotá, se registraron algunos enfrentamientos entre encapuchados y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en las calles del centro histórico. Medios locales reportaron que cuando los manifestantes se dirigían a la Plaza Bolívar, a la altura del Museo del Oro, los uniformados dispersaron la protesta con gases lacrimógenos.  

Cerca de las 17:30 horas (local), el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, informó que de 19 aglomeraciones registradas en la capital, únicamente en tres fue necesaria la presencia del ESMAD. El enfrentamiento entre encapuchados y las fuerzas de seguridad dejó un saldo de cinco policías y cuatro civiles heridos.

En Medellín, algunos incidentes en el hotel Dann Carlton provocaron que la alcaldía cancelara un concierto gratuito previsto para acompañar la jornada. "Reducido grupo de infiltrados rechazados por marchantes que les gritaban 'Capuchos no nos representan' terminada la marcha trataron de ingresar a un hotel (propiedad privada). Con mi instrucción, situación fue controlada. Estas personas no representan a marchantes", tuiteó el alcalde Daniel Quintero. 

Cacerolazo nacional

La convocatoria fue hecha por el Comité Nacional de Paro (CNP), que integra a centrales sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas, pensionados, entre otros, tras una reunión realizada el pasado 13 de enero. 

De acuerdo al CNP, la movilización de este martes se organizó para "rechazar el asesinato de líderes sociales, denunciar los falsos positivos, las chuzadas realizadas por el Ejército y los abusos de la fuerza pública", así como la represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Con este cacerolazo, además, mantienen las peticiones con las que comenzaron las movilizaciones nacionales el pasado 21 de noviembre contra lo que denominaron el 'paquetazo' de Duque.

Asesinato de líderes sociales

Este año, Colombia arrancó con un incremento en las agresiones contra líderes sociales, campesinos y excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó a la prensa que 23 líderes sociales han sido asesinados en los primeros 19 días de 2020; cifra similar a la ocurrida en todo el mes de diciembre de 2019.

Entre los últimos asesinatos se cuentan los de  Jaiber Alexander Quitumbo Ascue, de 30 años, que pertenecía a una comunidad indígena en el resguardo de Toribío, ubicado al norte del departamento del Cauca, en el suroccidente del país; y Samuel Federico Peñalosa, de 60 años, asesinado en Altos de Tamaná, en el municipio del Nóvita, en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.

Ambos ocurrieron el mismo día, el pasado martes 14 de enero. Quitumbo recibió diez impactos de bala mientras trabajaba en su parcela, a 50 metros de su casa; mientras, Peñalosa fue sacado de su pueblo por un grupo armado y su cadáver fue encontrado en el río Tamaná.

Pese a las denuncias, el fiscal general de la Nación encargado, Fabio Espitia, dijo que en lo que va de año solo se ha registrado el asesinato de una lideresa social, que es el de Gloria Ocampo, de 37 años, en el departamento del Putumayo, ubicado en la región amazónica; el resto de los casos, asegura, está en investigación.

Según la organización Front Line Defenders, de los 304 asesinatos de defensores de derechos humanos cometidos en 2019, el 34 % se registró en Colombia, ubicando al país en el primer lugar donde ocurren estos crímenes.

Fosas comunes

Aunado a ello, el mes pasado el país se conmovió con el hallazgo de fosas comunes con decenas de cuerpos.

En diciembre, La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó sobre la apertura de una investigación a raíz del hallazgo de una fosa común con unos 50 cuerpos inhumados en el Cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, en Antioquia, en el noreste del país. La institución adelantó que, según datos preliminares, los cuerpos serían, en su mayoría, "hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad".

Mientras, a principios de enero, el comando de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules confirmó el hallazgo de dos fosas comunes en la vereda Barro Caliente del municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, al suroeste del país. En el lugar fueron encontrados seis cuerpos.

Actuación del ESMAD

El cacerolazo también rechaza las actuaciones del ESMAD durante las manifestaciones que iniciaron el 21 de noviembre.

El caso más emblemático y que ha sido tomado como bandera en las protestas es la muerte de Dilan Cruz durante el inicio de las protestas antigubernamentales en Bogotá. La autopsia reveló que se trató de un homicidio. El joven, de 18 años, fue golpeado por un proyectil tipo 'bean bag', disparado por una escopeta calibre 12, un arma convencional usada por el ESMAD.

A ello se le suma el caso del universitario Cristian Rodolfo Rodríguez, quien perdió un ojo tras resultar herido durante el accionar del ESMAD en una protesta frente a la Universidad Nacional de Bogotá.

Las "chuzadas"

Otro escándalo que ha tenido lugar en este país suramericano en las últimas semanas fue un nuevo episodio de interceptaciones ilegales o "chuzadas" por parte de unidades del Ejército, de las que habrían sido víctimas dirigentes políticos, magistrados y periodistas.

El caso se conoció por una investigación de la Revista Semana, medio que tuvo acceso a fotografías, documentos secretos, videos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas, que demuestran las acciones de escuchas ilegales realizadas por organismos del Estado en el gobierno de Duque.

Por este hecho, los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar medidas cautelares de protección para obligar al Estado colombiano a garantizar los derechos políticos en el país suramericano.

Además, se reunieron con miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de EE.UU., a quienes les pidieron investigar el supuesto uso de fondos estadounidenses de cooperación para el espionaje militar en Colombia contra dirigentes políticos.

Caso omiso a peticiones 

Los manifestantes no han descuidado su pliego de peticiones pendientes con el Gobierno, que hasta ahora, denuncian, no ha tenido respuesta oportuna.

• Oposición a reforma laboral.
• Oposición a reformar el sistema público de administración de pensiones.
• Oposición a lo que denominaron el 'tarifazo', con el que buscan elevar las tarifas de energía eléctrica hasta el 35 %.
• Acabar con la corrupción.
• Implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno colombiano y las FARC.
• Cumplimiento de promesas hechas a organizaciones indígenas, sindicales y estudiantiles en previas jornadas de protesta.

El gobierno de Duque ha hecho caso omiso a varias de las peticiones de los descontentos.

Por ejemplo, entre los reclamos del CNP está el rechazo a una reforma tributaria, alegando que busca rebajar impuestos a las grandes multinacionales y empresas e imponer más cargas a la clase media y trabajadores. Pese a ello, la madrugada del 20 de diciembre fue aprobada en el Congreso.

También se opusieron a la creación de un 'holding' financiero estatal, que, según señalan, afectará a 17.000 trabajadores en Colombia y a 16 empresas estatales. Sin embargo, las autoridades desoyeron esta queja y el 25 de noviembre, mediante el Decreto 211 de 2019, se materializó la creación del holding financiero estatal, al que le dieron por nombre Grupo Bicentenario.

Además, pedían un aumento del salario mínimo en un 8,1 %, para que se eleve a un millón de pesos (300 dólares) con el subsidio de transporte incluido. En este caso, a principios de enero, Duque anunció el aumento salarial, pero llegó a los 980.656 pesos (294 dólares).

Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales

En la reunión del pasado lunes 13 de enero, el CNP también aprobó la realización del II Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales el 30 y 31 de enero.

En ese encuentro, en el que esperan reunir a unos 1.400 delegados de organizaciones sociales, acordarán "la estrategia política y el plan de acción del paro nacional para los siguientes meses", detalla el documento de la reunión del CNP.

Se bordarán, entre otros temas: "Análisis de la coyuntura, balance de las movilizaciones del 2019, plan de acción 2020, inclusión de nuevos sectores en el CNP y la agenda del fortalecimiento de los CNP territoriales".

Esa reunión, básicamente, "aspira a echar una mirada hasta los hoy fracasados intentos de diálogo con el Gobierno y producir una posición política general de lo que ha sido el resumen del comité del 21 de noviembre hasta la fecha", dijo a la prensa el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.

De momento, ya se acordó que para marzo habrá una huelga general, de no obtener repuestas por parte del Gobierno a su pliego de peticiones.

Edgar Romero G.

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